Gilberto Armenta

El reino de los sátrapas

El tema de la transparencia ha ocupado titulares de manera incesante.

Y es que diputados locales y federales, gobernadores y funcionarios de varios estados de la república, no solo han cumplido con su declaración 3 de 3 ante sus respectivas contralorías, sino que además, la han hecho pública.

Pero, ¿qué es la ley 3 de 3?

Es de momento, una iniciativa que busca que todo político diga cuanta riqueza tiene, cuantos impuestos paga, y en que empresas tiene vínculos o intereses.

Se requiere de un documento con 120 mil firmas ciudadanas para que se convierta en ley.

Pero esta iniciativa presenta, al menos de inicio, una serie de lagunas en su integración como documento que tendrán que ser aclaradas a plenitud.

Mire Usted:

En Sonora, el gobierno estatal promovió que toda la estructura oficial presentara su declaración 3 de 3 ante la Contraloría Estatal, aunque no se sabe de manera clara cuantos municipios hicieron lo propio ante sus respectivas contralorías locales.

Las que ya fueron presentadas, se espera que la hagan pública a través del portal 3de3.mx

Y según esta página, Claudia Pavlovich Arellano ya cumplió como gobernadora.

En cuanto a los senadores, solo el panista Francisco de Paula Búrquez Valenzuela lo ha hecho.

Solo la priista y diputada federal Susana Corella Platt esta enlistada como quien cumplió.

Además, el alcalde priista Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, de Hermosillo, aparece en la honrosa lista de quienes ya lo hicieron entre los municipios más grandes del Sonora, pero nadie más del Cabildo lo siguió. Nadie más.

Los diputados locales del PRI cumplieron todos, y del PAN solo Moisés Gómez Reyna.

Pero es el gabinete estatal el que ocupa el tiempo de esta edición, y es que todos los funcionarios claudilleros ya cumplieron a cabalidad con esta exigencia ciudadana.

Pero, ¿de qué ha servido esto?

A la vista de todos quedó su riqueza actual, y esta información ha servido más para el morbo, el amarillismo, y para la crítica de la oposición, que para informar o alertar a la ciudadanía.

Algunos espacios dijeron que los funcionarios actuales son más ricos que Barack Obama y que Enrique Peña Nieto.

Unos mas festinaron como si fuese un pecado la posesión de residencias de millones de pesos de valor, o de autos de lujo, o de lotes de joyas impresionantes, o de propiedades inmobiliarias por doquier.

Utilizaron pues la información publicada por los mismos funcionarios, no para marcar una línea de donde partir en la observancia de la riqueza futura, sino para desvirtuar y criminalizar el patrimonio personal y familiar de los mismos.

¿Es contra la ley hacerse rico en el ejercicio de la medicina, la abogacía, o la arquitectura o la construcción?

¿No debe un empresario buscar la mayor ganancia posible en sus inversiones?

¿Es ilegal comprar propiedades en el extranjero y en suelo mexicano?

Para muchos podrá resultar insultante la enorme brecha que existe entre la clase media alta y la media baja, pero de ahí a suponer que esta clase social no debe practicar la política es otra cosa.

Además, no existe, hasta donde se sabe, un parámetro para determinar quienes pueden, en base a su patrimonio o riqueza, ocupar un cargo público, o competir en una elección.

La información publicada en la plataforma 3de3.mx ha sido mal utilizada, y esto se debe a la falta de mecanismos en la misma para regular, de alguna forma, las consultas y el manejo que se le dé a la misma.

Se supone, y bien por esto, que cualquier ciudadano mexicano debe y puede tener acceso a ella, ¿pero hasta dónde puede llegar con la difusión de la misma?

¿Nos interesa saber cuánto dinero tiene el político, solo para exhibirlo con un periodicazo? ¿Para eso nos va a servir la transparencia?

Y peor aún, ¿quién toma la responsabilidad si esta información, que da cuenta de la riqueza acumulada, es utilizada por la delincuencia organizada?

¿Ofrece esta plataforma garantías de seguridad a quienes en ella exhiban, como en vitrina, todas sus posesiones?

Sin duda que la transparencia incipiente en Sonora tiene aristas importantes, una de ellas el combate a la corrupción en todos sus sentidos.

El desvío de recursos, la desaparición de los mismos, la extorsión y el chantaje, las comisiones debajo de la mesa y otras desleales prácticas, hacen que el patrimonio de los funcionarios públicos crezca de manera desmesurable.

Exhibir lo que poseen antes del ejercicio de su función conseguirá poder medir lo que en tres o seis años acumulen.

Pero la aplicación de la transparencia sobre ellos, ¿los debe poner en indefensión?

La práctica de la transparencia, ¿llevara como lema, “si la quieres, te aguantas”?

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