SEA, a trabajar con la lámpara de Diógenes.
Por: Marco Antonio Andrade Aguirre
La corrupción en todas sus expresiones representa, particularmente la corrupción gubernamental, un fenómeno universal que lejos de disminuir o erradicarse continúa en una dinámica ascendente que ningún país y ningún sistema político ha logrado resolver en forma definitiva.
Las consecuencias económicas y los costos sociales de la corrupción en el mundo son devastadores.
Los indicadores económicos disponibles no mienten, y los datos duros sobre la posición de nuestro país en el tablero internacional tampoco engañan. Aunque el problema no es tanto lo que descendemos, sino la tragedia de que sistemáticamente nos estamos hundiendo
Cuando dos universidades tuvieron la generosidad de considerarme como aspirante para integrar la Comisión Seleccionadora del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, sugerí buscaran mejores perfiles, dado que mi trayectoria profesional versa sobre otras materias, pero una vez aceptado el registro, nos avocamos al estudio de las nuevas leyes generadas con la creación en 2015 del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), y muy especialmente al análisis de las iniciativas o propuestas legislativas que originaron el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
El SEA fue creado con base en los principios constitucionales del 113 de la carta magna y conforme a las normas reglamentarias de la ley general del SNA, tomando como base la iniciativa de la titular del poder ejecutivo del estado y la del grupo parlamentario del PAN. Ambas coincidentes.
La primera de estas concibe a la corrupción como un problema social, económico y cultural que obstaculiza, entre otros efectos negativos, la inversión y el desarrollo de la entidad, mientras que la segunda la caracteriza como un cáncer social.
En la exposición de motivos del PAN señalan estadísticas contundentes de cómo la corrupción continua devorando, como una especie de metástasis incontenible, los ingresos fiscales y los presupuestos públicos sin distinción ni contemplación.
La corrupción no es, ciertamente, privativa de un solo país o de un grupo de países. La corrupción esta globalizada. Es un lastre tan pesado y nocivo que, de acuerdo a Transparencia Internacional y el FMI, afecta el 2% del PIB mundial equivalente a 1.5 billones de dólares.
Sin embargo, México se encuentra en el top ten como una de los países donde la corrupción, lejos de controlarse o disminuir, se enraíza y avanza. La corrupción succiona el 10% del PIB nacional, proporcional a 1.9 billones de pesos.
El IMCO también diagnostico que a las familias mexicanas les merma el 14% de sus ingresos. Coparmex señala que a las empresas les afecta un 5% de sus ventas anuales.
Por eso encabezamos el medallero olímpico al haber quintuplicado, comparativamente con el resto del mundo, las prácticas sistémicas y endémicas de los moches y los sobornos nacionales. En los últimos cinco años descendimos 23 escalones pasando del lugar 95 al 123 de 176 países de la OCDE.
El otro dilema de la corrupción, aparte de los altísimos costos sociales expresados en un preocupante incremento de personas pobres y familias en situación de pobreza extrema, que también profundiza peligrosamente las desigualdades económicas y patrimoniales entre la mayoría de los mexicanos, es que debemos hacer, como ciudadanos, para contener de manera más efectiva el abuso de poder y el enriquecimiento indebido de generaciones de gobernantes y funcionarios que, sin el menor escrúpulo se transforman en millonarios súbitos, pervirtiendo así el servicio público, incluyendo la terrible afectación a la importancia que significa la función social de la política.
También es pertinente reflexionar sobre las consecuencias colaterales generadas por la corrupción pública y las complicidades privadas, mismas que por su frecuencia se han convertido, por una parte, en verdaderos agravios a la sociedad por la inacción persecutoria o por las evidentes dilaciones judiciales que terminan convirtiéndose, desafortunadamente, en hechos delictivos tolerados o en corrupción socialmente aceptada; además que también estimulan la impunidad o la apología del delito como una realidad aparentemente irremediable.
Responsabilidad sin pago y Compromiso sin adjetivos.
La responsabilidad encomendada por el Congreso del Estado para identificar a cinco sonorenses y designarlos integrantes del Comité Ciudadano del SEA es mayúscula. Las nueve personas de la Comisión tenemos la ventaja de haber sido propuestos por instituciones de educación superior y organizaciones civiles, cuyo encargo estamos desempeñando de manera honorifica. Ninguno recibirá pago por su colaboración con el poder legislativo ni por la responsabilidad pública asumida.
Nuestra agenda y criterios de trabajo son independientes a intereses o presiones externas. El perfil y la trayectoria de las cuatro mujeres y los cinco varones lo garantizan. Esa fue la condición única para participar en este inédito proceso en que unos ciudadanos evalúan y eligen a otros ciudadanos. Los partidos no están invitados a esta fiesta. Incluso tienen prohibida la entrada o el envió de tarjetas.
El desafío fundamental de nuestra parte es, dicho a título personal, lograr la credibilidad social, reivindicar la confianza y dignificar la imagen de las instituciones ciudadanizadas.
Las principales autoridades estrictamente ciudadanas, como el INE o los Institutos electorales locales, y en algunos casos las Comisiones de Derechos Humanos, despilfarraron en forma irresponsable el prestigio inicial de los órganos de gobierno ciudadanizados, autónomos e independientes.
Por eso la aceptación de coadyuvar con el Congreso, sin que esta signifique compromiso partidario alguno con nadie, salvo la responsabilidad de cumplir satisfactoriamente con el objetivo fundamental de designar a aquellos ciudadanos que por su trayectoria profesional, meritos personales, promoción o defensa de los valores opuestos a la corrupción, como es la transparencia y la rendición de cuentas, tengan el mejor perfil requerido para integrar el Comité Ciudadano del SEA.
Este nuevo sistema de vigilancia y evaluación del gasto gubernamental será operado por un Comité Coordinador integrado por el Auditor Mayor del ISAF, el Fiscal Anticorrupción, el Secretario de la Contraloría, el Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, la Presidenta del Instituto de Acceso a la Información y un Representante del Poder Judicial a quienes corresponderá, bajo la batuta del Presidente del Comité Ciudadano, traducir en políticas públicas la fiscalización real y profunda de los presupuestos anuales ejercidos por los tres poderes del estado, los 72 municipios y los organismos autónomos como la UNISON, CEDH, IEEyPC, TEE y el ISAF, entre otros.
En síntesis, este novedoso sistema podemos concebirlo, no únicamente como una suma de esfuerzos para complementar las funciones sustantivas de las autoridades fiscalizadoras y las acciones sancionadoras contra funcionarios deshonestos, sino como un experimento normativo que busca encontrar el antivirus contra la corrupción en sonora, máxime que su inexistencia provoco en los últimos años graves estragos en la salud económica y en las finanzas publicas de los sonorenses.
Hay luz en el túnel.
Salud.
Coordinador Ejecutivo de la Comisión Seleccionadora del Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción.
