Propone legislador que se cree con ese fin una subdirección en la Dirección General de la Defensoría Pública.


 

Para que los servidores públicos y particulares que sean sujetos a un procedimiento de responsabilidad administrativa ante cualquiera de las autoridades investigadoras, substanciadoras y resolutoras tengan el derecho a defenderse, el diputado David Palafox propuso la creación de una nueva subdirección en la Dirección General de la Defensoría Pública que se encargue de representarlos.

En ese sentido el legislador presentó este miércoles un proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Defensoría Pública, mismo que se turnó a la Comisión Anticorrupción.

“Con la creación de esta nueva área estimamos que se cumple con el fin de brindar mecanismos efectivos para garantizar a los sujetos de la Ley Estatal de Responsabilidades, el acceso a los principios de debido proceso que deben regir todo procedimiento legal como lo es el contar con una defensa adecuada y profesional”, explicó.

Palafox Celaya recordó que el pasado 6 de julio se aprobó por el Congreso del Estado la Ley Estatal de Responsabilidades, con el fin de determinar las obligaciones, alcances y límites en el actuar de los servidores públicos en el Estado de Sonora, así como las bases que regirán el procedimiento que deberán seguir las autoridades encargadas de investigar, sustanciar y resolver sobre la imposición de sanciones.

El legislador mencionó que uno de los principales retos que enfrenta nuestro país y nuestro Estado es la eliminación de todo tipo de actos que vulneren o pongan en duda el quehacer público.

“Los sonorenses exigen que sus servidores públicos se apeguen a la legalidad, imparcialidad, certeza y que la utilización de los recursos del Estado se realice bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”, expresó Palafox Celaya.

Pero además –precisó-,  la nueva Ley contempla que los servidores públicos o particulares que sean sujetos al procedimiento de responsabilidad administrativa ante autoridades respectivas deberán gozar de las garantías del debido proceso legal y, por consiguiente, de una defensa digna y adecuada aun y cuando no tengan los recursos económicos para contratar una defensa particular.

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