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Gilberto Armenta

La Comisión Estatal de Derechos Humanos en Sonora deberá, obligadamente, presentar a su nuevo presidente en febrero próximo.

En esa intención son varios los que ya levantaron la mano, pero el perfil de cada uno queda en segundo término, ante la posición que asumirán ante el desorden que prevalece en esa comisión.

Primero, será interesante conocer la opinión de los aspirantes sobre el Instituto Superior de Derechos Humanos del Estado de Sonora, operado por la propia CEDH con abultado presupuesto aprobado en el padrecismo y que, a la fecha, no ha rendido un solo resultado. Es más, maestros y alumnos (si acaso los hubo), fueron desalojados de las instalaciones por falta de pago del arrendamiento del inmueble.

Segundo, deberán hablar de esa parafernalia mediática que se utilizó para anunciar, antes del 2015, decenas de módulos itinerantes para dar atención a las comunidades más alejadas en conceptos de derechos humanos. En este momento, nadie sabe dónde están esos módulos ni los resultados de esa aparente operación por la sierra y el rio de Sonora, por los campos agrícolas, hospitales, cruces fronterizos y otros espacios que nunca nadie conoció.

Tercero, cada aspirante deberá explicar que hará para adelgazar la voluminosa nómina. En la actualidad, existen direcciones inventadas para darle cabida a prófugos padrecistas. Esas mismas direcciones ostentan sub direcciones y una cascada de posiciones que nadie entiende, y que no justifican que el 80 por ciento del presupuesto se gaste en cheques, viáticos y demás prestaciones laborales.

Cuarto, y ultimo, deberán exhibir a esos aviadores que cobran su quincena de manera puntual, pero que nadie conoce en la misma comisión.

Son temas que dentro de la corrupción que impero del 2009 al 2015 en el gobierno estatal, fueron establecidos por Raúl Ramírez Ramírez como practicas comunes en la CEDH a su cargo.

El control político que la administración estatal de Guillermo Padrés Elías ejerció sobra la misma, sigue vigente en estos tiempos por los grupos afines al convicto ex gobernador.

Y producto de ese control es la enorme estela de denuncias que se acumularon por años y que, hasta la fecha, no han sido resueltas en ninguna forma.

No se trata, como ya está sucediendo, de solo perfilarse rumbo a la presidencia de la CEDH. Deberán Andrés Montoya, Octavio Grijalva, Guillermo Noriega y Francisco Alcaraz, como aspirantes que se mencionan entre los pasillos, comprometerse a explicar al dedillo que harán para - en una intención de combate a la corrupción y en ejercicio de la transparencia - solventar temas de desvío de recursos, de nepotismo, de acoso laboral y sexual, de nominas aviadoras y excesivas de las que se habló arriba.

También deberán presentar, bien estructurada, la forma en la que atenderán las demandas que hasta hoy, permanecen archivadas en algún escritorio de esta CEDH.

Gran trabajo tendrán los diputados locales que, responsablemente y posterior a las entrevistas, deberán avalar a quien, a partir de febrero, se presumirá como ombudsman en Sonora.

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