Por Alberto Vizcarra Osuna
Durante los momentos más álgidos del enfrentamiento de las fuerzas sociales reconocidas en la defensa de las aguas del Río Yaqui, en contra del gobierno de Guillermo Padrés, el ataque más frecuente del padrecismo fue acusar al movimiento de ser la extensión de un partido político. Forma fácil de trivializar el grave problema que enfrenta Sonora por la falta de agua y peor aún pretender con ello deslegitimar la oposición a la construcción de una obra, como el Acueducto Independencia, cuya inviabilidad estriba en el hecho incontrovertible de que no le aporta más agua a la entidad, sino que profundiza el déficit al proponerse repartir un recurso que no alcanza.
Este epíteto del padrecismo en contra del movimiento, lo compartió el entramado de intereses privados que se empeñan en desviar las aguas del Río Yaqui a la ciudad de Hermosillo para apalancar grandes negocios especulativos en torno a proyectos inmobiliarios y al petulante propósito de convertir la ciudad en la “capital financiera del noroeste”.
De nuevo, en el episodio electoral que ya está en marcha hay quienes, en aras de apoyar a un precandidato pretendieron presentar al movimiento en defensa de las aguas del Río Yaqui como fuerza de respaldo e involucrarlo así, mediáticamente, en la vida interna de un partido político. Importante reiterar que defendemos una causa no a un candidato.
Hay constancia de que el movimiento no rehuye la discusión con los partidos y sus candidatos, pero al mismo tiempo en él y su causa se reconoce gente de diferentes partidos y también gente que no tiene filiación partidista. La propuesta programática del movimiento y sus alcances procuran consolidar una política pública en materia hídrica que siente el precedente nacional para que México abandone el absurdo de estar quitándole agua a los distritos de riego más importantes del país para atender otros usos, en lugar de gestionar mayor disponibilidad del recurso para no debilitar la producción de alimentos y mantener el crecimiento económico de la nación.
Es esta política de no quitarle a los que les hace falta, para darles a los que necesitan, la que establecimos en los Acuerdos del Vícam, el 7 de mayo del 2015 con la entonces candidata y ahora gobernadora Claudia Pavlovich Arellano. Ahí se hicieron los compromisos de impulsar la gestión de más agua para Sonora con la desalación y de ello derivó el proyecto de la desaladora Guaymas-Empalme-Hermosillo. Esta orientación se formaliza como política de estado en el decreto enviado por la gobernadora al Congreso Local y aprobado el 6 de abril del 2017. El inicio en este año del módulo Guaymas- Empalme -para el cual ya existen los recursos- es la puesta en marcha del proceso que debe incorporar a la ciudad de Hermosillo, como se reconoce en la iniciativa de decreto y se ratifica en la iniciativa de ley que reestructura la deuda del estado, estipulando que de los ahorros logrados con este mecanismo financiero se sacarán recursos que prioritariamente serán destinados a la continuación del proyecto de la desaladora.
Son estos asuntos que atañen al presente y futuro de Sonora, los que conforman la identidad del movimiento. Son los mismos que pondremos sobre la mesa da la discusión en el proceso electoral en curso y lo haremos de frente a los partidos políticos y a los candidatos que estos postulen para la elección constitucional.
Sostenemos una política en torno a uno de los asuntos de mayor peso estratégico para Sonora y para el país. Los candidatos asumen una responsabilidad pública y están obligados a atender esta discusión.
Ciudad Obregón, Sonora 22 de febrero de 2018
