Hermosillo, Son., 25 de abril de 2018.- La LXI Legislatura del Estado de Sonora clausuró su segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional, previa aprobación de dos nuevas leyes y ocho decretos que modifican diversas disposiciones jurídicas en materia de seguridad pública, medio ambiente, fiscalización, salud mental, participación ciudadana, deudores alimentarios, acuacultura e impartición de justicia.

Antes de la clausura y lectura del Decreto respectivo, el Pleno eligió a los integrantes de la Diputación Permanente que ejercerá funciones durante el segundo periodo extraordinario que iniciará el 1° de mayo y durará hasta el 15 de septiembre (por ser año de instalación de una nueva Legislatura el 16 de septiembre del presente).

Con el propósito de que esta Soberanía cumpla con su obligación legislativa en materia de justicia cotidiana y realice las modificaciones necesarias para homologar la Constitución del Estado a lo dispuesto en la Carta Magna y, de esta manera, sentar las bases fundamentales que abran la posibilidad de que en la entidad se le dé prioridad a la resolución de fondo de los conflictos por sobre las formalidades procedimentales, la asamblea aprobó la Ley que reforma el Artículo 150-B de la norma jurídica local.

“Ha sido un clamor constante de varias de las personas que acuden a solicitar el auxilio de los integrantes de este Poder Legislativo, en el sentido de que sienten que diversas autoridades les niegan el acceso a la justicia y otros derechos humanos, solamente por la falta de algún documento o porque no cuentan con el conocimiento necesario para el correcto desahogo de los procedimientos jurisdiccionales, lo que no permite que sus problemas sean resueltos”, establece uno de los considerandos del dictamen.

Agrega que las formalidades procedimentales, en muchos casos, entorpecen el derecho humano de acceso a la justicia de los sonorenses e, incluso, se les llega a dejar en estado de total indefensión por falta de conocimiento para subsanar algún requisito de forma que no permite que se les pueda resolver su asunto, provocando que la ciudadanía se sienta victimizada por una supuesta incompetencia de las autoridades encargadas de impartir justicia.

La Ley será enviada a los 72 ayuntamientos para que sea publicada y entre en vigor una vez sea aprobada por la mitad más uno de los cabildos.

El Pleno también aprobó la Ley para el aprovechamiento integral de alimentos y su donación altruista del Estado de Sonora, que tiene por objeto poder proporcionar alimentos a las personas más necesitadas como una medida para dignificar a las y los sonorenses que tienen carencias alimentarias.

Para lograr esto se proponen acciones para prevenir la pérdida y el desperdicio de alimentos, establecer políticas públicas para el aprovechamiento integral de alimentos, así como la promoción y regulación en la donación de alimentos, además de que autoridades estatales y municipales realizarán trabajo en conjunto con los particulares para garantizar en Sonora el aprovechamiento de alimentos que se donen para satisfacer las necesidades alimentarias.

La Ley prevé sanciones, conforme lo establece la Ley de Procedimiento Administrativo, a los funcionarios públicos y empresarios que, en abuso de su cargo, desvíen, bloqueen, perjudiquen, alteren o violen la distribución y/o donación altruista de alimentos; entreguen intencionalmente cualquier tipo de alimentos no aptos para el consumo humano o que no cumplan con la normatividad sanitaria en la materia, que garantice la inocuidad de los alimentos; que ponga en riesgo la salud o la vida de los beneficiarios, o que los comercialicen.

Decretos

En el desarrollo de la sesión se aprobaron ocho dictámenes de decretos que reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones jurídicas, el primero de éstos relativo a la Ley de Seguridad Pública, con el objeto de que, en la integración de los comités ciudadanos de seguridad pública de los municipios, obligatoriamente se adopten los principios de organización y atribuciones que establece dicha legislación.

Los municipios deberán sujetarse a las recomendaciones, lineamientos y mecanismos institucionales de coordinación y comunicación que emita el Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Estado, ya que éste cuenta con una visión integral, dice el dictamen, lo que le proporciona mejores condiciones para armonizar la participación ciudadana organizada en toda la entidad.

El siguiente Decreto aprobado reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de equilibrio ecológico y protección al medio ambiente del Estado de Sonora, con el fin de que la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado, en coordinación con la Procuraduría Ambiental, promuevan ante las instituciones de educación superior y los organismos dedicados a la investigación científica y tecnológica, el desarrollo de programas para la formación de profesionales en la materia.

Además para la investigación de las causas y efectos de los fenómenos ambientales en el Estado, como una medida que permitirá a las autoridades locales en materia ambiental, conocer con certeza las causas que originan la contaminación al medio ambiente en la región, y la manera de prevenir y atacar el problema.

Y para establecer un modelo garantista que permita que los servidores públicos o los particulares, según sea el caso, puedan impugnar, mediante el recurso de revisión, ante la sala especializada en materia anticorrupción y responsabilidades administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa, las resoluciones y sanciones que emita y/o aplique el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, el Pleno aprobó el Decreto que reforma, adiciona y deroga de la Ley de Fiscalización Superior.

Estas modificaciones, destaca el dictamen, vienen a fortalecer el funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción, ya que se establecen mejores condiciones para garantizar los derechos humanos de certeza jurídica y de acceso a la justicia en los procedimientos que en esta materia implementa el ISAF.

Enseguida se aprobó el Decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Salud Mental del Estado de Sonora, con el objeto de desaparecer una unidad administrativa de los servicios de salud, organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de Salud del Estado, para convertirlo en un órgano descentralizado independiente de los servicios de salud.

La dictaminadora consideró viable la iniciativa, ya que cumple a cabalidad con todos los requisitos legales para poder crear elInstituto Estatal de Salud Mental y Adicciones del Estado de Sonora, cuyo objeto tiene que ver con la prestación de un servicio social, con la obtención de recursos para fines de asistencia o seguridad social, además de que el patrimonio del mismo se constituirá tanto de recursos estatales como federales.

En el orden del día siguió la presentación del dictamen con proyecto de Decreto que adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora y de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, con base a dos iniciativas presentadas ante esta Soberanía por varias diputadas que propusieron crear o establecer la figura del parlamento juvenilen la entidad.

Éste funcionará como un órgano o instrumento que sirva a los jóvenes como un medio de participación y opinión ante las autoridades legislativas, a través de la presentación de iniciativas en pro de los derechos de los sonorenses, para lo cual la dictaminadora consideró incluir dicha figura en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con lo cual se da cumplimiento al objetivo que persiguen las propuestas presentadas.

Para crear el registro de deudores alimentarios morosos, el Congreso del Estado aprobó modificaciones al Código de Familia, a la Ley del Registro Civil y a la Ley Catastral y Registral del Estado de Sonora, como una medida legal para exigir a los padres que proporcionen alimentos a sus hijos.

Este Decreto constituye una verdadera garantía para asegurar la manutención de un gran número de niñas, niños y jóvenes en el Estado que requieren del apoyo de sus padres para subsistir, razón por la cual la participación del Registro Civil, el Instituto Catastral y Registral, y las autoridades judiciales, jugarán un rol clave para lograr lo anterior, dado que los jueces civiles o familiares serán los encargados de determinar cuando un obligado alimentario incurre en morosidad.

Posteriormente ordenará el registro del padre moroso o, en su caso, su cancelación. El Registro Civil será quien inscribirá a los obligados alimentarios morosos por instrucción del Juez y también expedirá el certificado de no morosidad, mientras que el Instituto Catastral inscribirá en sus archivos el referido certificado, dio a conocer la dictaminadora en uno de los considerandos.

El Pleno aprobó enseguida el Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Decreto que crea el Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora, el cual fue creado en 1984, de conformidad a las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo vigentes en aquel tiempo.

Desde su entrada en vigor, esta Ley ha sufrido 29 modificaciones, entre reformas, adiciones y derogaciones, por lo que las disposiciones normativas aplicables para la creación y funcionamiento de los organismos descentralizados cambiaron drásticamente, de manera que se aprobó la actualización del marco jurídico que crea dicho Instituto, puesto que se encuentra desfasado a lo que actualmente establecen las disposiciones normativas de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

El último Decreto aprobado adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, por una parte para dotar de facultades a las salas del Supremo Tribunal de Justicia, a fin de que puedan resolver los recursos de apelación interpuestos contra sentencias, autos y resoluciones dictadas por jueces competentes en materia de extinción de dominio.

Introduce en la Ley en cita, por otra parte, la figura del Juez competente en materia de extinción de dominio, con jurisdicción en todo el Estado y residencia en la ciudad de Hermosillo, Sonora, permitiendo, a la vez, al Supremo Tribunal de Justicia para que faculte a los jueces que sean necesarios para cubrir la demanda de impartición de justicia en esta materia.

Turnan iniciativas

En esta última sesión ordinaria del segundo periodo ordinario, la Presidencia turnó a la Primera Comisión de Hacienda una iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción VII del Artículo 218 de la Ley de Hacienda del Estado.

Con esta propuesta se busca que los establecimientos que se dediquen a la prestación de servicios de hospedaje y restaurantes, que se ubiquen en destinos turísticos y comprueben haber realizado mejoras importantes, como remodelaciones o nuevas construcciones que permitan mejorar y aumentar el servicio que brindan, no se vean obligados a pagar el Impuesto de Remuneración al Trabajo durante la temporalidad de las remodelaciones.

Y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se envió para estudio la iniciativa con proyecto de ley que reforma el Artículo 41 de la Constitución Política del Estado de Sonora, a fin de que se amplíe el segundo periodo de sesiones ordinarias del Poder Legislativo. Se propuso que el segundo periodo sea desde el 1° de febrero hasta el 31 de julio.

Una vez desahogado el orden del día, diputados y público asistente entonaron el Himno Nacional, previa aprobación del Decreto que clausura el segundo periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura.

Los dictámenes presentados en esta sesión fueron elaborados por las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Fiscalización, de Desarrollo Social y Asistencia Pública, de Seguridad Pública, de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático; de Salud, de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud; y de Pesca y Acuacultura.