Unos en el ejercicio de la defensa de su trabajo a través de las vías jurídicas y otros con la pretensión de hacer valer su mayoría en el Congreso del Estado para dar ocupación a militantes de MORENA en la estructura administrativa en la Cámara de Diputados, pero el caso es que en el Poder Legislativo de Sonora se vive crisis histórica.

Desde la tarde del jueves se recrudecieron las hostilidades al concretarse la cantada intención de la representación mayoritaria, de despedir a todo el personal de confianza y algunos de base y de honorarios, luego de la oportuna decisión del Segundo Juzgado de Distrito de negar un amparo solicitado por 16 funcionarios, luego de su extraño despido el pasado 11 de septiembre.

El conflicto se enreda más, luego de que Rafael Buelna Clark que se desempeñara como presidente de la Diputación Permanente hasta el cierre de la anterior legislatura, negara la autoría y firma del acta y notificación del despido y origen del amparo solicitado y luego negado por el juez de distrito, resolutivo suficiente de la representación legislativa de MORENA para aplicar medidas de desalojo.

En ese contexto, la diputada presidenta de la directiva, Rosa María Mancha Ornelas, ya puede jactarse de haber sido la primera en la historia legislativa de la entidad, de solicitar y obtener el apoyo de la fuerza pública para enfrentar un conflicto al interior de la sede del Poder Legislativo, lo cual no ocurrió ni cuando la aprobación de la Ley 4 de la UNISON, las movilizaciones de rechazo a los nuevos impuestos de Guillermo Padrés y otros momentos de suma tensión.

Rafael Buelna Clark

Es que con el apoyo de policías municipales expulsó de sus oficinas al Oficial Mayor José Angel Barrios y mandó colocar en los accesos del inmueble una circular donde se prohíbe el ingreso de Ana Teresa Teros Hernández, Jesús Antonio Contreras Hermosillo, David Suilo Orozco, Moisés Navarro Gómez, Elia Margarita Bustamante, Silvia Isela Matrecitos, Carlos Lugo Grijalva, Alberto Nevares, Yazmin Paloma Valenzuela, Noelia Siqueiros, Rafael Jaime Mungarro, Mariano Ceceña y Miguel Angel Villaba y del mismo Oficial Mayor.

Eso fue el jueves por la tarde noche, porque este viernes por la mañana, los citados se presentaron a sus labores acompañados de una notaria con el fin de que diera fe de actos que evitaran el cumplimiento de sus responsabilidades, toda vez que ante el amparo negado, tramitaron otro en donde impugnan el procedimiento de despido y las acciones emprendidas por la representación de MORENA, para hacer valer como bueno un acto que niega haber realizado Buelna Clark.

Eso es un enredadero de padre y señor nuestro, quedando en claro desde nuestro punto de vista, que así hubiera ejecutado “El Faly” el acto de despido, éste carece de validez jurídica –y por eso el amparo tramitado—toda vez que la única instancia con facultades para tal procedimiento es el Tribunal de Justicia Administrativa en caso de faltas graves y no es prerrogativa de nadie más.

Si en nuestro caso nos resulta confusa la situación, nos reconforta que en el caso de la diputada coordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA, Ernestina Castro y el diputado Martín Matrecitos andan peores y así lo dejaron ver en conferencia de prensa en donde lucieron aferrados y con escasa argumentación para justificar los despidos, destacando el activismo de segmentos reporteriles, ansiosos porque la corriente dominante por esos rumbos les tire con alguna migaja.

Rosa María Mancha Ornelas

Los de la otra esquina, al regresar a sus áreas de trabajo estuvieron acompañados por su representante legal, Gustavo Bustamante Pérez, quien subrayó el total derecho que les asiste a sus representados de mantenerse en sus empleos, toda vez la invalidez y origen apócrifo del despido, así como lo insustancial del procedimiento que prevé la Ley Orgánica del Poder Legislativo en el caso de despido o cese de su personal de confianza y sindicalizado.

La verdad es que vimos muy seguros respecto a que el derecho les asiste al grupo de despedidos, en tanto que a sus obsesivos patrones de MORENA, lucieron sumamente crispados y negados a reconocer cuestiones tan básicas como lo son los apartados de ley donde se establecen los procedimientos para ejecutar ese tipo de decisiones, así como que al mediar amparos de por medio, las cosas se deben mantener tal como están.

Posiciones irreductibles son las que prevalecen entre las partes en pugna y todo indica que va para largo cuando ya entran otro tipo de aspectos, como es el caso de la advertencia del mismo exdiputado Buelna Clark, respecto a que interpondrá la denuncia penal correspondiente contra quienes resulten responsables de utilizar su firma y nombre en un acto que no realizó.

Incluso, recalca que como diputado de la anterior legislatura promovió y aprobó reformas constitucionales en las que se establecen los procedimientos que deben de seguirse para el cese o despido de funcionarios del Congreso del Estado, que no es otro que el Tribunal de Justicia Administrativa.

Gustavo Bustamante con el Oficial Mayor del Congreso, José Angel Barrios

De la misma forma emitieron posicionamientos las bancadas del PRI y del PAN, coincidiendo en su condena por la utilización de la fuerza pública en contra de empleados del congreso y el que su presidencia se extralimite en sus facultades en abierta violación al derecho y al respeto de quienes laboran en ese poder del Estado.

Sabe si ante las ínfulas autoritarias, patronales y arbitrarias de diputadas y diputados de MORENA, así como de la nube de apoyadores que los acuerpan, surtan efecto las recomendaciones de diálogo, búsqueda de acuerdos, respeto a la ley, a la normatividad interna del Congreso y a los derechos laborales de los trabajadores del Congreso, que hacen los diputados coordinados por Rogelio Díaz Brown (PRI), Gildardo Real Ramírez (PAN) y Fermín Trujillo Fuentes (Panal)

Particularmente incisivo Díaz Brown al exigir a la presidenta Mancha Ornelas a que se despoje de apasionamientos y de intereses partidistas, ya que su actual encargo no está al servicio de un grupo parlamentario en exclusiva, sino que representa a toda la legislatura sonorense.

Y advierte: el uso de la fuerza pública sin fundamento es causal de responsabilidades administrativas y pueden configurar delitos que la misma presidencia y los involucrados en dicha sinrazón estarían cometiendo, lo cual no es cualquier cosa toda vez que ya no los protege el fuero.

Trujillo Fuentes hizo un enérgico llamado al orden, cordura y entendimiento de la diputada presidenta, para que procure caminar por los cauces legales, calificando como unilaterales, autoritarias e ilegales los procedimientos en contra de trabajadores del Congreso, además de reprobar el uso de la fuerza pública en la solución de un conflicto que no se actualiza como riesgo que establece el artículo 11 de la Ley Orgánica.

Rogelio Díaz Brown

Los efectos inmediatos del zipizape del jueves y este viernes, son varios. Quedó en suspenso el alta administrativa de los mismos integrantes de la representación popular sonorense, además de prevalecer parálisis administrativa, faltando conocer si ya con la aviada, la presidencia canceló acreditaciones en bancos y proveedurías indispensables para la operación de la Cámara de Diputados.

Pero si damos por buenas las consideraciones de los funcionarios receptores del odio morenista, damos por descontado que no pasa nada y que todo sigue igual, porque en efecto, sus despidos no fueron sancionados por el Tribunal de Justicia Administrativa y en todo caso si MORENA insiste en los despidos deberá hacer lo correspondiente en la cancha donde las manda cantar Aldo Padilla Pestaño.

Pues en este conflicto hace falta fuerte dosis de civilidad, condescendencia, paciencia y cortesía política, como elementos básicos que los lleve a una mesa de diálogo en donde se trabaje por acuerdos que permitan una transición administrativa ordenada en esa instancia del gobierno de Sonora.

Por supuesto que desde cualquier punto de vista, resultaron soberanos excesos el solicitar la intervención de la fuerza pública y pretender prohibir el acceso de funcionarios al Congreso del Estado y ciertamente habrá que esperar las consecuencias del acto inicial del diferendo: el apócrifo origen del acta de despido que se atribuyó a Buelna Clark y que fue la causa del despiporre actual, ya que con solo el desmentido, echa por tierra sus derivados como es el amparo negado, restituye la legalidad de la estancia en sus puestos a los afectados y desenmascara la urgencia de MORENA por colocar a sus incondicionales en dicha estructura burocrática.

Aldo Padilla Pestaño

Y como resulta lógico, opinamos al bote pronto y a capela, reservándonos los pronósticos sobre una nueva embestida para concretar el pinochetazo hasta ahora frustrado, lo cual podría ocurrir en la sesión del martes próximo, cuando no hay que descartar que el grupo mayoritario imponga nombramientos de forma unilateral y en ese caso, nada que alegar.

Mientras MORENA sigue entretenida gastando pólvora en infiernitos en el Congreso del Estado, la vida institucional del Estado sigue su marcha, destacando el que la gobernadora Claudia Pavlovich ya consiguió la declaratoria de emergencia para 11 municipios afectados por las recientes lluvias, mientras que la alcaldesa de Hermosillo, Célida López sigue colocando a padrecistas y comadres en su administración y en otros cabildos, sus titulares siguen acomodando a su parentela, valiéndoles sorbete las catilinarias antinepotismo de la vodevil senadora, Lilly Téllez y el dueño de MORENA en Sonora, Alfonso Durazo.