Domingo 11 de noviembre de 2018

A escasas tres semanas de que se cumpla la norma constitucional para dar paso a un nuevo gobierno federal y en medio de un período de transición de cinco meses inédito, por los acontecimientos y por las formas, todavía hay algunos puntos pendientes de la agenda política mexicana que están sobre la mesa, y sobre los cuales se esperan algunas definiciones de los principales actores políticos del futuro inmediato.

1. ¿Son demasiados partidos los que existen actualmente en México?

Actualmente son siete los que quedan con registro: Los antiguos PRI, PAN, PRD, y los más nuevos: Verde, del Trabajo, Movimiento Ciudadano y Morena. Hemos de recordar que en el pasado proceso electoral, por no alcanzar el 3% de la votación nacional perdieron el registro tanto el Partido Encuentro Social como Nueva Alianza.

El ex presidente Felipe Calderón ha anunciado recientemente su intención de formar un nuevo partido político, empezando a trabajar a partir de ya para que dicha organización política pudiera estar lista para los comicios del próximo 2021.

Calderón tiene sus razones y las ha expuesto con claridad.

Se entiende en el fondo una crisis más para el PAN, si ese proyecto se concreta. En los hechos, algo parecido a lo que le pasó al PRI con el PRD, y a éste con la formación de Morena; quizá no con esta magnitud, pero sí revelará una grave fractura, con independencia de lo que resulte de la elección de su dirigente nacional y la capacidad que ésta revele para unificar al panismo.

De la elección de 1979 (la primera de la reforma política) a la fecha han sido 34 partidos políticos los participantes en los procesos electorales; solo 7 sobreviven. En lo relativo a los sondeos de opinión que se realizan en las cinco entidades que tendrán procesos electorales en 2019 (BC, Aguascalientes, Tamaulipas, Durango y Quintana Roo), solo aparecen tres partidos políticos con fuerza en las encuestas: Morena, PRI y PAN.

2. ¿Se justifica que se elimine el financiamiento público a los partidos políticos?

Es un tema donde lo que abundan son especulaciones, verdades a medias y argumentos sin fondo. ¿Quién va a financiar a los partidos políticos en caso de que se les quite el financiamiento que por ley les otorga la autoridad electoral? La respuesta es demasiado obvia. Si bien es cierto que en algunos partidos el dinero recibido como prerrogativa se utilizó con frecuencia para otros fines no necesariamente relacionados con la actividad partidista, también es cierto que a los partidos no les han faltado auditorías y onerosos castigos (multas).

El tema del financiamiento a los partidos se ha convertido en un festín mediático, al nivel de la eliminación de las plurinominales, las  pensiones de los ex presidentes y la venta del avión presidencial. Es decir, temas que venden muy bien con las clientelas político-partidarias, pero que en la realidad no pesan mucho a la hora de hacer cálculos económicos, y por el contrario, en el último caso causaría un daño mayor a la incipiente democratización del país.

Tanto las organizaciones criminales como el hampa organizada así como grupos económicos de gran poder están ansiosos, y se frotan las manos para que se interrumpa el financiamiento público a los partidos para ellos hacerse cargo del control de las organizaciones partidarias.

Eso no abonaría en el tan cacareado anuncio de la "separación del poder político del económico". Al contrario, le agregaría un riesgo –innecesario– más al sistema político—darle los partidos a los intereses económicos y al hampa organizada—, y sería una verdadera regresión para el proceso mexicano de democratización.

3. ¿Cómo queda el tema de las candidaturas independientes?

El eufórico Congreso de la Unión que por ahora tiene México y que tantos asuntos ha discutido, no le ha dado demasiada importancia al tema de los Independientes y deberá hacerlo en el corto plazo.

Sigue viva la contradicción entre el número de firmas que se deben conseguir para formar un partido político (246 mil) contra las necesarias para lograr una candidatura independiente a la Presidencia de la República (casi el millón). Igual deberá realizarse la adecuación en las entidades federativas, donde se mantienen algunas contradicciones en los casos de candidaturas a gobernadores, alcaldes y diputados locales.

4. ¿Y la política hacia los sindicatos?

Con los sindicatos, el nuevo gobierno ha anunciado hacia el futuro una mayor democratización para evitar –dicen– los cacicazgos sindicales. El tema es viejo, da para mucho y requiere un enorme trabajo político tanto en las organizaciones de trabajadores al servicio del Estado como en las situadas en el apartado "A" del artículo 123 constitucional.

La mayoría de los dirigentes sindicales han sido electos por sus bases, en cumplimiento de ordenamientos legales y reglamentarios regulados y supervisados por las autoridades laborales, que al final son las que expiden la llamada "toma de nota".

Francisco Hernández Juárez, por ejemplo, el dirigente nacional de los trabajadores de Teléfonos de México, aparece como el líder más longevo hasta estas fechas: 42 años de secretario general. ¿Qué le van a decir a Hernández Juárez y a otros dirigentes como Joel Ayala y Víctor Flores que rebasan los 20 años de liderazgos si en sus elecciones se ha cumplido con la normatividad vigente y han sido electos recurrentemente? ¿Serán sumados a la llamada cuarta transformación como Elba Esther y Gómez Urrutia, o serán ignorados esperando su propio desgaste? Son preguntas conscientes de que ya no existen las condiciones que en otras épocas permitían los excesos del presidencialismo.

5. ¿Y la relación con los gobernadores de los estados?

Será una verdadera prueba de fuego para el nuevo gobierno la relación política con los gobernadores que no pertenecen a Morena. Es decir: 12 del PRI, 13 del PAN, 1 de Movimiento Ciudadano (Jalisco) y 1 independiente (Nuevo León).

Posterior a la elección el 1 de julio, el presidente electo recorrió casi la totalidad de las entidades federativas a excepción –quizá por el trato dado en campaña– de Veracruz.

En casi todas realizó compromisos de inversión y mostró un talante conciliador con los gobernadores. Faltará ver cómo viene la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que crea la figura del delegado para programas sociales, revisar los criterios de inversión pública en cada entidad y estar pendientes del avance en la organización de Morena en su estructura territorial.

Pendientes interesantes sin duda, que tendrán su primera prueba en las cinco entidades donde habrá elecciones el próximo año.

6. ¿Y qué hacer ante la crisis financieras y políticas de los gobiernos municipales?

Actualmente, es uno de los mayores desafíos y un gran dilema para el próximo gobierno. El 80% de los municipios de México tiene graves problemas de seguridad, y en muchos casos sus administraciones públicas son inviables económicamente, y lo peor… sin alternativas de solución de corto plazo, solo paliativos y buenos deseos.

7. ¿Y el problema de las 10 universidades que se han declarado en crisis de financiamiento?

De tiempo atrás se sabe que dichas casas de estudio han significado una verdadera bomba de tiempo para el sistema educativo nacional por los graves problemas que enfrentan, como los esquemas de financiamiento, que no dan para enfrentar a los onerosos sistemas salariales (rectores que ganan entre 263 (Zacatecas) y 128 mil pesos mensuales, San Luis Potosí) y de pensiones (trabajadores que se jubilan a los 24 años de servicio) que ellos mismos diseñaron en sus negociaciones contractuales cuando el sindicalismo universitario apareció en las negociaciones laborales con los trabajadores de las instituciones: Zacatecas, Estado de México, Chiapas, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco y Veracruz, representan el 32% de la matrícula (538 mil estudiantes) de la educación superior, y por sus crisis, enfrentan el grave riesgo de entrar en conflicto en el corto plazo. El problema es que esa situación se busca resolver solo buscando más recursos económicos sin plantear soluciones de fondo ni compromisos serios para enfrentar dichas crisis.

8. ¿Y la oferta del presidente electo de crear 100 nuevas universidades?

Ahí estará el verdadero dilema. Se habla de "cien universidades", cuando debería hablarse de "Cien instituciones de educación superior" nuevas; en lugar de apoyar a las que ya están en funcionamiento, y en algunos casos resolver sus crisis terminales. Si bien la matrícula en educación superior alcanza los 3.8 millones de jóvenes (70% pública, 30% privada) que representan el 33% de la cobertura nacional, se requiere de una verdadera transformación y apoyo hacia el sistema público de educación superior en México. Fortalecerlo, despolitizarlo, adecuarlo a la modernidad y combatir la improvisación ante tanta injerencia de la charlatanería en ese nivel, sin dejar de reconocer algunas valiosas excepciones.

9. ¿Y la cuarta transformación?

Tema aparte que también dará para mucho. Aquí han faltado definiciones, y solo han existido alusiones a los personajes que condujeron las tres anteriores (Independencia, Reforma y Revolución). Personajes con abundante biografía y acciones que enfrentaron circunstancias particulares y definiciones que marcaron la ruta de México. La historia no se repite y México enfrenta ahora nuevos desafíos que marcan su evolución. Ya se verá en el corto plazo de que se trata.

10. ¿Y la separación del poder político del económico?

El presidente electo ha manejado recurrentemente la famosa declaración de un campesino de San Quintín. "Si Juárez tuvo el valor de lograr la separación de la Iglesia del Estado; ¿Por qué no se logra la separación del poder político del económico? Otro tema que dará para mucho y que ya ha empezado a generar reacciones y suspicacias dados los casos del aeropuerto y las comisiones bancarias. Para abundar en la próxima.

bulmarop@gmail.com