Leyes fiscales fast track.


Por: Marco Antonio Andrade Aguirre

andrade.aguirre@hotmail.com

 

Los principales teóricos del derecho procesal parlamentario como Miguel Ángel Camposeco Cadena, Francisco Berlín Valenzuela, Silvano Tosí y, sobre todo, Bernardo Batíz Vázquez, considerado uno de los precursores de esta nueva rama del derecho público, enfatizan que el trabajo legislativo debe desarrollarse, por su trascendencia social, con el más amplio sentido de responsabilidad política y conforme a los lineamientos de las normas constitucionales.

Por su parte, Otto Bismarck, uno de los políticos y diplomáticos alemanes más singulares decía que “Las leyes son como las salchichas, duermes mucho mejor cuanto menos sepas como se hacen”.     

A juzgar por la forma en cómo se negociaron el pasado diciembre en el congreso del estado las leyes fiscales y demás acuerdos presupuestales para el 2017, particularmente la autorización  para que el gobierno de la capital comprometiera todos aquellos recursos obtenidos por cualquier concepto recaudatorio durante los próximos 15 años, incluyendo el gasto municipal, es evidente que los diputados optaron por hacer salchichas, mismas que aunque nos gusten o no, todos habremos de comerlas sin excusa, sin gestos y sin excepción.

Las atribuciones constitucionales del congreso al respecto son imperativas e incuestionables. Lo que verdaderamente importa es que hacen con ellas, como utilizan y aplican ese amplísimo y discrecional régimen de facultades para aprobar, sin el menor análisis técnico ni discusión política alguna, la ley de ingresos y el presupuesto de egresos del estado, que en su conjunto representan la política fiscal y el gasto anual para la inversión y el desarrollo de sonora, los cuales fueron aprobados en 14 minutos.

Un record singular, difícil de superar, lo cual evidencia que nuestro congreso produce salchichas como leyes y cocina leyes como salchichas. Allí está el acta y la minuta del 14 de diciembre.

Lo anterior, al margen del más elemental sentido de búsqueda de consensos con la sociedad y con los propios empresarios. Impuestos suben y estímulos bajan. Nadie quedo satisfecho.

La orientación social del presupuesto fue correcta, sin duda, privilegiando acertadamente la salud, la educación y al desarrollo social, pero las formas de aprobación a media luz, fatal y reprobable.   

Dicho proceso de aprobación del paquete de leyes tributarias, junto a las 72 de ingresos municipales, se caracterizo por una total opacidad, y en el extremo de la ligereza legislativa, nuestros diputados renunciaron en forma implícita a ejercer con seriedad una de las responsabilidades esenciales del congreso que es discutir los conceptos y el destino de los recursos financieros del estado, mismos que al igual que la fiscalización del gasto gubernamental, es actualmente una de las exigencias más relevantes y de mayor interés de todos los ciudadanos.

Tenemos diputados teóricamente abiertos, pero un congreso realmente cerrado. Una paradoja.          

No obstante el reiterado compromiso pluripartidista para modernizar las funciones y democratizar el proceso legislativo con el propósito de tener en sonora un congreso abierto, existe evidente intransigencia para socializar y transparentar el trámite de los asuntos y las decisiones fundamentales de la actual legislatura, cuya anacrónica postura se confronta con los renovados ánimos de participación política de los sonorenses, sin mencionar la creciente indignación y movilidad social en contra de las nuevas cargas impositivas del gobierno federal que también comprometen, sea por complacencia o silencio estratégico, a todos los partidos y poderes locales.

Además, esta riesgosa dualidad de los diputados que, si bien es cierto reciben y se sientan a tomar café con algunos grupos inconformes, aunque después ignoren sus propuestas o peticiones, terminan por agraviar la sensibilidad, la inteligencia colectiva y el malhumor social que poco a poco tiende a convertirse en una iracunda irritación a la que ninguna autoridad ni gobernante de ningún nivel asume enfrentar.

Falta voluntad política y carecen del talento requerido para negociar los asuntos importantes y saber resolver los conflictos urgentes o inmediatos. Ya van 4 años críticos y faltan 2 más.     

En ese sentido, es evidente que la importancia de la construcción del consenso y de la legitimación social para actualizar, crear o aprobar reformas a leyes trascendentes, nuestros diputados la consideran irrelevante o políticamente innecesaria, como recién sucedió con algunos acuerdos de dos municipios específicos, sin percatarse que subestimar a la gente o minimizar la opinión ciudadana, excluyéndolos como sociedad civil, tarde que temprano tiene consecuencias.

Por eso, las lecciones de las elecciones del 2016 no significaron, al parecer, aprendizaje ni enseñanza alguna de lo que en el gobierno ya no se puede ni debe hacer. Cierto que gobernar es cada vez más complejo, pero gobernar bien, realmente bien, es una escasa virtud.

En nuestro país las formas de gobernar y de hacer política, pese a las diversas alternancias, no han cambiado. Todos los partidos gobiernan igual y hacen lo mismo sin importar resultados. Los ciudadanos comunes no importamos, como tampoco se cumplen los principios básicos de manejar las finanzas y los asuntos públicos con trasparencia suficiente ni rendición de cuentas verídicas.  

Es innegable que después de tantos años de transición democrática, pluripartidismo y alternancias en la presidencia de la república, gobiernos estatales, municipios y congresos locales, aun prevalece la indolencia, predomina la simulación, el discurso falaz y el cinismo político pluralizado.

De allí la justificada inconformidad y la enorme cauda de reproches y cuestionamientos contra la clase política y gobernantes sin distinción. Gerardo Laveaga en su libro intitulado Cultura de la Legalidad (UNAM-1999) señala que “solamente cuando el consenso se mantiene puede hablarse de legitimación. En los estados democráticos es el modo más seguro de lograr lo que en la tradición clásica se entendía como un buen gobierno.”

Indudable que el congreso debe abstenerse de seguir legislando sin compromisos sociales claros. Es la hora de edificar un congreso abierto que agende las causas y las necesidades del ciudadano.

Es el momento de privilegiar el interés público sobre cualquier otro. Es necesario suprimir lo que Luis Donaldo Colosio llamaba el abuso y la arrogancia del poder.

Salud.

 

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