Filantropía político-electoral.


Por: Marco Antonio Andrade Aguirre

andrade.aguirre@hotmail.com

 

Si Maquiavelo hubiera sido mexicano estaría regocijadamente orgulloso de nuestra clase política, pero si aún viviera, sería un simple aprendiz de las peripecias y las malas artes de los políticos mexicanos.  

Los terremotos de este septiembre negro, al igual que en 1985, fueron devastadores, pero profundamente aleccionadores sobre la importancia que representa para el presente y el futuro  del país la decisión participativa de los ciudadanos.  

Una de las principales enseñanzas de esta tragedia es, por una parte, que la sensibilidad y la calidad humana de los jóvenes rescatistas, aunada a la generosidad de la sociedad, es ilimitada. 

Y por otra, que la fuerza activa de los ciudadanos tiene un potencial transformador que de encontrar nuevos cauces de organización y participación política, al margen de las formas partidarias tradicionales, como sucedió con un grupo de jóvenes españoles y chilenos, puede reconstruir un país cimentado, desafortunadamente, en la impunidad y la corrupción pública. 

La presencia solidaria de una generación considerada apática e indiferente a los problemas  sociales y políticos, fue determinante para salvar vidas y dignificar el rescate de los fallecidos. 

Sin embargo, la tragedia nos revela de nueva cuenta el ínfimo compromiso social y las carencias  éticas de los partidos políticos y sus dirigentes, mismos que al igual que el conjunto de funcionarios públicos, con honrosas excepciones como la gobernadora del estado que ordeno el apoyo inmediato a las víctimas, decidieron replegarse durante los cruciales primeros días. Se ocultaron en su madriguera e hibernaron durante el clímax de la emergencia. 

Cuestionable con mayúsculas que los partidos aguardaron el momento oportuno para acudir al auxilio de las personas y familias damnificadas.   

Pero más deleznable aun es que en la lógica de una evidente intencionalidad de beneficio político-electoral, ofrecieron “donar” sus gastos de campaña del 2018, llegando al extremo de presentar una propuesta de reforma constitucional que por sus contenidos y consecuencias podrá convertirse en una manzana envenenada para la democracia y la vida política del país. 

La mayoría de los partidos propusieron renunciar al financiamiento electoral en porcentajes diferentes. Morena fue el primero en plantear “un donativo” inicial del 50%. Después lo duplico ante la audaz oferta del PRI. El Frente Ciudadano (PAN, PRD, MC) se pronunció primero por cambiar la fórmula de asignación de recursos, pero termino por avalar, involuntariamente, la cancelación del financiamiento propuesta por el PRI. 

Después del 19 de septiembre los partidos han subastado indebidamente los gastos de campaña. Ofreciendo donar o renunciar a dicha prerrogativa, sin percatarse que el financiamiento previsto para ellos pertenece, por su origen y destino de uso, al erario y a la sociedad, no a la propiedad de los partidos ni de sus dirigentes. 

Es ilegal donar bienes o recursos ajenos. Nuestra carta magna en su artículo 134 señala los principios aplicables al manejo de recursos públicos y la local en el 150 igual lo contempla. 

No obstante, y como agravante adicional, también mintieron.

  

SISTEMA DE FINANCIAMIENTO MIXTO.

Por disposición constitucional los partidos están sujetos a un régimen de financiamiento mixto por el que reciben recursos del gobierno federal y de los gobiernos estatales. 

En 2018 recibirán 6,788 millones a través del INE y 6,200 millones por conducto de los OPLES. Es decir, tendrán un ingreso bruto de casi 13 mil millones de pesos. Por eso las pasiones, filias, fobias y los apetitos electorales efervescentes. 

Además, contrario al más elemental sentido de responsabilidad ética y no obstante el compromiso de aparente filantropía a favor de las víctimas de los terremotos, los donativos prometidos no están completos, o en su caso, son parciales. 

Todos los partidos reiteran haber renunciado al financiamiento público. Falso señores. 

Las cantidades, conceptos y porcentajes ofrecidos no corresponden a los montos reales de la bolsa anual del financiamiento. Comprometieron solamente uno de los cinco conceptos que integran los 13 mil millones que recibirán para el proceso del 2018. 

El financiamiento de los partidos se compone por 1) Gastos ordinarios. 2) Gastos de campaña. 3) Para actividades especificas. 4) Franquicia Postal y 5) Franquicia telegráfica, respectivamente. 

Es importante precisar que los cacaraqueados donativos comprenden o se reducen exclusivamente a los GASTOS DE CAMPAÑA, mismos que hacen un monto de 2,148 millones frente a los 5,256 millones del financiamiento total, sin incluir los 6,200 millones que recibirán en los 32 estados.

 

Es decir, nos engañaron diciendo la verdad. 

Los 273 millones donados por el PRI equivalen al 50% de los 547 millones de gastos de campaña, aunque recibirán 1,689 millones del INE. 

Por su parte, los 833 millones donados por el Frente Ciudadano (414 PAN, 248 PRD y 171 MC), si bien es cierto equivalen al 100% de su gasto electoral, también excluye los otros cuatro conceptos del financiamiento. Estos partidos recibirán en conjunto 2,592 millones. 

Evidentemente que el tema es, visto a la luz de una inequívoca expresión de corrupción política legalizada, de las más alta sensibilidad e inconformidad ciudadana que amerita una discusión abierta por tratarse de un asunto que en los hechos significa un agravio a la sociedad. 

En ese contexto, es necesario analizar una alternativa de solución en el tema que, bajo la óptica de nuestras realidades socioeconómicas y prioridades del gasto o la inversión pública, es necesario disminuir sustancialmente las prerrogativas económicas de los partidos. 

Ahora bien, y contrario a las propuestas coincidentes de los partidos, la clave no es reducir, sino cambiar el sistema del financiamiento público. Eliminarlo tampoco es conveniente. 

La propuesta inicial de Morena fue razonable, pero perdió la subasta frente al PRI. El PAN propuso cambiar la formula. El PRD reducir las cantidades y MC fue un hibrido de ambas. 

Posteriormente, El Frente Ciudadano termino por asimilar esa malévola excentricidad de reforma constitucional planteada por el PRI que propone cancelar el financiamiento en su totalidad y suprimir la representación plurinominal de senadores, diputados federales y diputados locales. Por fortuna se les olvidaron los regidores y los tránsitos.

Es necesario entender la propuesta del PRI como lo que realmente es: una sutil estrategia de contención política contra Morena y el Frente Ciudadano a quienes arrebato las banderas de la subasta utilitaria del gasto electoral y de la inusitada filantropía de nuestra clase política. 

El PRI pasó del extremo de la opulencia actual al punto opuesto de la miseria o la indigencia económica de los partidos. Una perfecta escaramuza. Una propuesta de inducción al suicidio de las minorías o a la auto-extinción de la chiquillada. Cuidado. 

Nadie rectifica ni propone modificar en tres días lo que se negó a cambiar en 90 años.                           .

PROPUESTAS DE POSIBLE SOLUCION

 1.- Modificar el sistema del financiamiento para que los partidos reciban recursos públicos exclusivamente durante los procesos electorales. 

2.- Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a obtener financiamiento únicamente del gobierno federal a través del INE, excluyendo a los gobiernos estatales, salvo que se trate de partidos políticos locales. (En 2018 los partidos recibirán 6,200 millones en los estados). 

3.- Cancelar el gasto ordinario, incluyendo el monto para actividades específicas y la franquicia postal y la franquicia telegráfica. (En 2018 los partidos recibirán 4,296 millones para gasto ordinario; 825 millones por ambas franquicias; y 128 millones para gastos específicos). 

4.- Cambiar la fórmula de distribución proporcional para que la cantidad del financiamiento se determine de acuerdo al número general de votos totales obtenidos por el partido o coalición, en sustitución del número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral actual. 

5.- Reducir el valor referencial del voto al 32.5 de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), como una modificación sustancial al 65% actual. (Este cambio representa una reducción automática equivalente al 50% del monto del gasto ordinario). 

6.- Modificar el régimen laboral y salarial de los Organismos Electorales, tanto administrativos como jurisdiccionales, para reducir la planta laboral permanente sustituyéndola por otra de carácter temporal contratada por trabajo, obra o tiempo determinado para la organización integral de los procesos electorales. 

7.- Crear una Ley Nacional de Salarios de los Organismos Autónomos para establecer las bases y los criterios de asignación salarial de consejeros, magistrados, empleados y funcionarios electorales. El objetivo es eliminar los acuerdos de discrecionalidad presupuestal actuales.      

8.- Excluir del ámbito competencial del INE la fiscalización del financiamiento de los partidos para otorgársela al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en cuya integración confluyen de manera colegiada la Auditoria Superior de la Federación, la Secretaria de la Función Pública, el Poder Judicial Federal y el Fiscal Anticorrupción, entre otras. 

El SNA podrá realizar una fiscalización concurrente más autónoma y eficaz a los partidos, a las empresas y a los particulares, sin distinción ni exclusión. 

Los partidos deben aceptar que, como un saldo positivo colateral a la tragedia de los terremotos, el ciudadano cambio y que la sociedad está encaminada en una dinámica de reclamos y exigencias de cambios políticos imparables o irreversibles como los del 85-88. 

Es necesario entiendan también que la transparencia llama y la rendición de cuentas obliga.

Ya estamos en el siglo XXI. Antes como antes, ahora como ahora. Salud.

 

 

 

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