Las próximas cuatro semanas…

Las próximas cuatro semanas estarán marcadas por una intensa actividad política en todos los frentes de acción que en México operan para hacer política. Los partidos, los gobiernos, los liderazgos de diversas organizaciones, las cúpulas empresariales, seguramente las iglesias y obviamente los candidatos a todos los cargos de elección.

Los ciudadanos inscritos en la lista nacional de electores (casi 90 millones al cierre) saben que el 1 de julio les tocará a ellos ejercer el derecho al voto para decidir el rumbo próximo de México.

 

Y no es poco lo que está en juego en toda la República: 18,311 cargos públicos a renovar, 17, 682 en lo local y 629 en lo federal.

 

La elección de nueve gobiernos estatales. Seis gobernados por la oposición al PRI, uno por el Verde Ecologista y solo dos (Yucatán y Jalisco) gobernados actualmente por el PRI. En la elección de gobernadores participan 49 candidatos: 45 postulados por los diversos partidos políticos y solo 4 como candidatos independientes.

 

También están en la jugada casi 4,500 candidatos a diputados federales y 864 para senadores de nueve partidos políticos, incluyendo las listas de representación proporcional. Entre senadores y diputados federales, solo serán electos 628 para integrar el próximo Congreso de la Unión.

 

Participan también 1,200 candidatos a diputados locales en 30 entidades de la República, en las dos fórmulas. De estos, solo serán electos 972: 585 de mayoría relativa y 387 de representación proporcional.

 

Más de 8 mil candidatos para los ayuntamientos de México (83.5 % de la población nacional y el 66 % del total de ayuntamientos), de los cuales solo serán electos 1,597, también en 30 entidades de la República.

 

Nayarit y Baja California son los dos únicos estados que solo tendrán elección de cargos federales, a diferencia del resto de las entidades.

 

En 20 estados de la República, algunos candidatos a presidentes municipales y diputados locales van en busca de la reelección.

 

Con dos excepciones de hace dos años, se trata de la primera vez en 85 años desde que en 1933 fuera eliminada la reelección para todos los cargos públicos. En ese año estaban muy presentes todavía los efectos políticos de la muerte del presidente reelecto Álvaro Obregón, cinco años antes en 1928. Sigue intacta la prohibición de reelección del presidente de la República y los gobernadores de los estados.

 

Los diputados federales y los senadores que sean electos en 2018 solo serán reelectos en la elección del 2021 y el 2024, tal y como lo establece el respectivo artículo transitorio del 59 constitucional.

 

La alternancia ya llegó a la mayoría de los ayuntamientos de México. Solo en 105 de los que existen en la República sigue gobernando el mismo partido. Ahora hay gobiernos municipales de todos los partidos.

 

La alternancia también se ha dado ya en 27 entidades de la República: El cambio de partido en el gobierno estatal todavía no se ha dado en Colima, Estado de México, Hidalgo, Coahuila y Campeche.

 

Por lo que se ve, lo que está en juego no es poca cosa y así de intenso está el proceso político previo a cuatro semanas de la elección. En estas que faltan, habrá varios desafíos que enfrentar:

 

El primero, es el respeto a la legalidad para que la elección no se salga del cauce institucional. Es normal —por la intensidad de la lucha y por el número de participantes— que las pasiones políticas afloren y se tensen los últimos días de campañas previos a la elección.

 

Estamos viendo ya acusaciones, demandas, guerra sucia, denuncias de fraude electoral y la imparable violencia y asesinatos contra alcaldes y ex alcaldes, candidatos y aspirantes a diputados y ayuntamientos, como se ha dejado ver en algunos municipios de la República.

 

El segundo es el relativo a la organización electoral a nivel federal y local. La estructura electoral del INE, el TEPJF y los organismos estatales deberán estar listas para responder a la demanda de información e impugnaciones antes y después de la elección.

 

No hace bien al proceso electoral el reciente debate sobre la hora del día primero de julio en que se habrán de darse a conocer las principales tendencias de los resultados electorales. Lo que deberá evitarse es la anticipación de algunos, para dar a conocer sus propios resultados, como sucedió en la elección del Estado de México. Al tener las copias de las actas y representación en la mayoría de las casillas, a los partidos se les hace fácil soltar sus propias estimaciones basadas en un determinado número de actas capturadas y de ahí se deriva el desorden.

 

El colmo es que se han invertido cientos de millones de pesos y sobrada tecnología y capacitación a los responsables federales y estatales de la elección como para todavía inducir la duda sobre el manejo final de los resultados. Sería muy grave para el proceso que se generen dudas al respecto, y cualquier inquietud generada sobre el tema deberá ser aclarada de inmediato para evitar males mayores.

 

El tercero es sobre las tendencias y el rumbo que marcan la gran variedad  de encuestas que con motivo del proceso electoral se están realizando, para todos los cargos de representación en disputa: ¿Creer o no creer? Parecería ser el dilema de quienes le dan seguimiento puntual a los resultados de las mismas y que —en algunos casos— han fomentado la idea de que la elección ya está decidida, que ya ganó el que va a ganar y ya no hay nada que hacer. A ese grado hemos llegado a cuatro semanas de la elección por varias razones.

 

La multitud y la diversidad de encuestas realizadas sobre la mayoría de las candidaturas han creado una desenfrenada competencia y muchas dudas sobre la autenticidad y certidumbre de las mismas, porque ahora —la estrategia de las encuestas— se está utilizando para aparentar victorias anticipadas y tratar de desarmar al adversario. También algunas francamente se han elaborado como trajes a la medida, para crear sensaciones —nada más eso, sensaciones— de triunfo. Otras —las más serias y que no se dan a conocer– para replantear estrategias electorales, tomando en cuenta que a cuatro semanas de la elección el porcentaje de indecisos sigue alto en la mayoría de ellas.

 

En la elección de 1988, a cuatro semanas de la elección ya se sabía que Cuauhtémoc Cárdenas al unificar a priistas inconformes y a la casi totalidad de las izquierdas, le abriría un boquete de votos al PRI. El costo de la fractura fue de 6 millones de votos y una gran tensión.

 

En 1994, un mes antes, las dudas eran sobre el cambio radical del candidato del PAN Diego Fernández de Cevallos y el eco del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Por esa coyuntura, la participación ciudadana fue del 77 % y Ernesto Zedillo logró 17 millones de votos.

 

En el 2000 algunas encuestas daban por ganador al candidato del PRI Francisco Labastida. El electorado cobró la factura de la crisis del error de diciembre y los escándalos derivados de los crímenes políticos.

 

En el 2006 no se tenía claridad de los resultados. Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador estaban empatados. Al final ganó la estrategia del "Peligro Para México" y el voto útil impulsado por algunos gobernadores del PRI y la lideresa del SNTE.

 

En 2012 se calculaba un mayor margen de triunfo de Enrique Peña Nieto sobre López Obrador. Los panistas nunca pensaron que su candidata quedaría en tercer lugar. Al final la distancia entre el primero y el segundo lugar fue de solo 5.61 puntos.

 

El problema es que entre 1988 y el 2012 el porcentaje de votación para cada presidente electo ha ido disminuyendo.

 

Salinas logró el 50.36 %, Ernesto Zedillo el 48.69 %, Vicente Fox apenas el 42.52 %, Felipe Calderón cayó al 35.89 % y Enrique Peña Nieto el 38.21 %. ¿Resultado? Gobiernos divididos y alianzas políticas costosas, polarización política y reformas condicionadas. Gobiernos federales con frenos y con grandes concesiones a sus opositores. ¿Cuál es la perspectiva para el 2018? Faltan cuatro semanas para saberlo.

 

bulmarop@gmail.com

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