Crisis en Seguridad, el prefacio.


 

La tragedia que se vivió en Guaymas, con la muerte de cinco policías y la de un sexto al día siguiente en Hermosillo, no tiene precedentes por las renuncias en los altos mandos que se registraron menos de 72 horas después del primer ataque.

 

¿Cómo un acto criminal como este puede entenderse en lo político, sin permear en lo sensible? Difícil decirlo, pero el que las familias de los seis elementos caídos sepan hoy que, los dos jefes superiores que debieron garantizarles regresar a casa con vida están fuera del sistema de mando, es sin duda, un elemental aliciente.

Todo lo que el estado hará por las viudas, los huérfanos, y demás familiares en duelo se debe contar aparte. Hoy importa que el Secretario de Seguridad Pública, y el Fiscal General están fuera, renuncia voluntaria y todo, pero fuera.

 

El trabajo que ambos hicieron al frente de sus responsabilidades es de reconocer. Diferentes actos de gobernabilidad fueron encabezados por ellos, el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) fue el gran proyecto de Adolfo García Morales, y lo entregó operando. La Fiscalía Anticorrupción y la de Delitos Electorales funcionaron bajo la supervisión de Rodolfo Montes de Oca, y también las entrega en operaciones.

Detrás de los dos esta registrado un cumulo impresionante de aciertos (con sus errores), y la pregunta resulta obvia ¿Por qué se fueron? Porque en un estado de derecho como el que gobernadora Claudia Pavlovich está estableciendo en Sonora, un caso como el de los seis policías asesinados resulta imperdonable e intolerable.
Ninguno de los dos garantizaba seguridad para los sonorenses, y más importante, la deuda para con los deudos de los elementos no daba margen a nada. Se tenían que ir.

 

La gobernadora Claudia Pavlovich mostró en este sentido un alto grado de responsabilidad. Dejar ir a los dos alfiles de la seguridad en Sonora, reclamaba un alto grado de identificación ciudadana, que en el marco del III Informe de Gobierno, representa mostrar con los hechos que es el ciudadano el que importa ahora, y no las cuotas partidistas, o de toda la gama de intereses personales. 
El nuevo sistema político a nivel nacional, también se está implementando en Sonora, y los hechos son más que evidentes.

 

La fuerte decisión ha impactado a todos, en distintas formas, bajo diferentes argumentos y con una variopinta de análisis y resoluciones. 
Algunos grupos políticos se quedaron sin el elemento sorpresa, con el que ya planeaban su ataque político y frontal contra el gobierno estatal. 
Otros, pertrechados en sus particulares intereses, se han negado a reconocer el acto de renuncia como uno de alta gobernanza.
Otros tantos, rayando en la inmoralidad, se han atrevido a boletinar sobre el tema, intentando llevarse las dianas y las palmas, cuando en sus tiempos de gobierno fueron incapaces de pensar en cesar a quienes hacían lo incorrecto, por obra o por omisión.

 

¿Qué es lo que sigue? Nombrar a los que habrán de sustituir a los que se fueron. Y ya la gobernadora esta urgiendo a quienes deben hacerlo, lo hagan en el menor tiempo posible. Se acabó para los de oposición al gobierno estatal el tiempo de crítica, de denuncia y señalamiento, y de descalificación a priori de todo lo que se hacia o no en seguridad, y les llego el tiempo de actuar.

 

Y es que la actual legislatura, integrada como se sabe por 10 diputados de Morena, 6 del Encuentro Social, 5 del PT y 5 del PRI, 3 del Pan y 2 del Panal, mas uno del Movimiento Ciudadano, y uno más del Verde Ecologista, junto al Comité Ciudadano de Seguridad, tienen ahora la obligación de perfilar a un quinteto, que luego la gobernadora reducirá a una terna, para que finalmente, los diputados se decidan por quien habrá de ser el nuevo Fiscal de Sonora, y lo deben hacer antes 30 días contados a partir de la ausencia del fiscal, o de lo contrario, la gobernadora estará facultada para emitir una lista por sí sola, y nombrar a un fiscal provisional.

El nombramiento para ocupar la secretaria de Seguridad Pública es responsabilidad exclusiva de la gobernadora y del comité arriba mencionado.

 

Y es aquí donde las famosas calabazas, empiezan a acomodarse en la carreta.

 

El nombramiento de quien será el nuevo titular de la SSP será rápido, porque una secretaría de esa naturaleza no puede ni deberá permanecer acéfala mucho tiempo. Los nombres ya empiezan a mencionarse, pero son mera especulación.

 

Pero el del nuevo fiscal es el que se antoja difícil y un tanto cuanto complicado, porque el quinteto arriba mencionado debe ser aprobado por al menos 22 de los 33 diputados que componen el Congreso, y ya se vio que esa mayoría no esta garantizada para ninguno de las bancadas. Viene pues, un duro debate sobre ese tema.

Además, los 21 diputados que representan a la coalición electoral y los tres del PAN reclamaron antes del 01 de julio que esa posición como fiscal debía ser ciudadana, apartidista, y jamás un fiscal carnal.
Luego entonces, ninguno de los aspirantes podría tener relación militante o simpatizante con partido alguno. Bajo esta observación, más de dos terceras partes de los aspirantes destapados están eliminados automáticamente.

 

Será harto interesante ver como el Congreso del Estado enfrenta esta nueva responsabilidad. La historia apenas empieza.

 

Y extendiéndonos en el tema, pero bajo otra arista, imposible dejar de mencionar lo que la Dirección del Transporte de Sonora acaba de ejecutar: expropiar 200 unidades del transporte publico en Hermosillo, y que otrora operaba la Sictuhsa (Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte Urbano de Hermosillo).

Desde su creación en el sexenio de Eduardo Bours, la Sictuhsa vino de mal en peor, y hasta hoy, había hecho lo que había querido en relación con el transporte, tomando como rehenes al propio gobierno estatal y municipal, pero mayormente al usuario mismo.
Eso se terminó con la expropiación de las unidades mencionadas, para que, en adelante, sea el estado el que opere ese servicio de transporte al menos en Hermosillo.

Es importante destacar que el gobierno estatal, representado esta vez por Carlos Morales Buelna, actúa con mano firme, siguiendo las instrucciones de la gobernadora Claudia Pavlovich.
Mano firme en contra de los concesionarios, a los que lacónicamente se les puo un alto definitivo.

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