invalidadas se encuentran los cobros por la obtención de permisos para bailes, fiestas y espectáculos en los municipios de Arizpe y Agua Prieta. La Corte determinó que estas normas carecían de un fin constitucionalmente válido y afectaban el derecho de reunión al desincentivar la realización de eventos sin el permiso correspondiente.
Asimismo, se invalidaron multas impuestas por faltas que atenten contra las buenas costumbres, la moral y la libertad sexual en los municipios de Fronteras, Bacoachi, Arizpe, Benito Juárez y Nogales. La Corte señaló que la redacción ambigua de estas normas daba un amplio margen de discrecionalidad a las autoridades, lo que resultaba violatorio del principio de seguridad jurídica.
Las sanciones por participar en juegos y deportes en la vía pública en Arizpe, Benito Juárez y Agua Prieta también fueron anuladas por razones similares, al permitir que las autoridades impusieran multas de manera arbitraria.
Por otro lado, los cobros por búsqueda y expedición de copias simples y certificadas de documentos oficiales en varios municipios, incluidos Arizpe, Magdalena y Guaymas, fueron considerados desproporcionados y vulneraban los principios de proporcionalidad y equidad tributarias. En particular, la Corte destacó que el acceso a información pública debe ser gratuito.
Los servicios de alumbrado público en Nogales y Navojoa también fueron objeto de la invalidación, dado que los cobros no estaban vinculados al costo real del servicio, lo que violaba los principios tributarios ya mencionados.
Finalmente, la Corte declaró inconstitucionales las multas por pernoctar en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias en lugares públicos en los municipios de Fronteras y Arizpe, considerando que estas disposiciones discriminaban a personas en situaciones vulnerables.
Ante esta serie de invalidaciones, el Pleno de la Corte exhortó al Congreso del Estado de Sonora a abstenerse de emitir normas con los mismos vicios de inconstitucionalidad en el futuro.
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