La inactividad ministerial y graves omisiones en la búsqueda de una persona desaparecida, ameritaron la recomendación para que se
continúe con su localización y se sancione a los responsables.
Por omisiones graves en la búsqueda de una persona desaparecida, así como abuso policíaco y violación al domicilio, la Comisión de Derechos Humanos de Sonora emitió una recomendación a la presidencia municipal de San Luis Río Colorado y a la Fiscalía General de Justicia en el estado, la cual fue aceptada en su totalidad por la primera instancia y de manera parcial por la segunda.
La CEDH investigó los hechos como probables violaciones a la vida, a la integridad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica y al acceso a la justicia.
También, el presidente de la CEDH, Luis Fernando Rentería Barragán, emitió medida cautelar para que la Fiscalía General de Justicia reactivara la búsqueda de la persona desaparecida y se brindaran protección a su familia en calidad de víctimas colaterales.
La CEDH advirtió períodos de dilación injustificada en la investigación ministerial, varios por lapsos de días, pero uno de ellos por un tiempo de hasta poco más de cinco meses.
Igualmente, sustentó que hubo inactividad ministerial en los esfuerzos por encontrar a dicha persona que, además, días antes había sido víctima de abuso policiaco y violación al domicilio por parte de agentes municipales.
Por todo lo anterior se emitió la recomendación número 51 en lo que va de la gestión de Rentería Barragán al frente del organismo, que viene a ser la número 15 que se dicta en el presente año, y que puede leerse completa en https://bit.ly/3ABisdM.
El ombudsperson explicó que con esta resolución la Fiscalía de Justicia debe continuar la búsqueda de la persona desaparecida, y a la vez investigar e imputar a los responsables de ello.
De la misma manera, al igual que la presidencia municipal de San Luis Río Colorado, en lo que a cada instancia compete deberán investigar y sancionar penal y administrativamente a quienes hayan cometido las violaciones aquí descritas; externar un acto de disculpa pública; y, mediante capacitación en derechos humanos al personal a su cargo, procurar la no repetición de este tipo de casos. Así mismo, se habrá de incluir a las víctimas indirectas en el Registro Estatal de Víctimas.
