Entretelones
Samuel Valenzuela
Samuel Valenzuela
Gracias a la “generosidad” del gobierno federal al destinar participaciones a Estados superiores a las calculadas, los sonorenses nos salvamos de pagar al fisco alrededor de 200 millones de pesos durante el año próximo, ya que quedaron sin efecto nuevos impuestos y el incremento de ya existentes por encima de la inflación, incluidos en el paquete económico 2025 del gobierno estatal.
De esa nos salvamos quienes vivimos y trabajamos en este estado y de esa se salvó la mayoría oficialista en el Congreso del Estado, porque ya no tendrán que sostener que la propuesta presupuestal que recibieron el pasado 15 de noviembre no contenía la creación de nuevas tasas impositivas a los contribuyentes ni incrementos a las ya existentes, como se insistió en declaraciones posteriores.
Alfonso Durazo Montaño.
También el gobernador Alfonso Durazo Montaño y su secretario de hacienda, Carlos Hernández Cordero reciben fuerte dosis de salvación porque ya no tendrán qué lidiar con la natural sisca social frente al incremento de cargas fiscales y más cuando hay compromisos explícitos y reiterados respecto a que estaban totalmente descartados
Los únicos que no se salvaron fueron los dueños de empresas que emplean más de 100 personas, quienes “aceptaron” el aumento del 3 al 4 por ciento del impuesto sobre nómina para fondear el Fideicomiso para la Competitividad con Seguridad en Sonora.
La reversa, reculada o como se guste llamarla fue dada a conocer mediante un comunicado oficial emitido por la Cámara de Diputados que más o menos dice así: “El 15 de noviembre, fue presentado ante el Congreso del Estado el Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2025, que incluye el proyecto de Ley de Ingresos, el proyecto de Presupuesto de Egresos, y los Criterios Generales de Ingreso-Gasto, entre otros documentos importantes.
“En la presentación del paquete económico, se realizó una estimación cuidadosa y responsable de los ingresos federales previstos, específicamente de las Participaciones. Esta proyección inicial se basó en la información disponible hasta ese momento, debido a que el calendario de presentación del Paquete Económico Federal fue ajustado y se contaba únicamente con los datos incluidos en los Pre-Criterios Generales de Política Económica de marzo de 2024.
Carlos Hernández Cordero.
“El mismo día que el Paquete Económico Estatal fue entregado al Congreso del Estado, se presentó el Paquete Económico Federal 2025 ante el Congreso de la Unión. Este paquete contenía estimaciones de las Participaciones Federales para las entidades federativas, que resultaron superiores a las cifras originales utilizadas en la iniciativa de Ley de Ingresos del Estado.
“Este ajuste favorable no solo optimiza las estimaciones de la Recaudación Federal Participable para los municipios, sino que también brinda una mayor flexibilidad financiera al Estado. En este contexto, la Comisión de Hacienda ha venido trabajando en estrecha colaboración con la Secretaría de Hacienda del Estado, para efectuar los ajustes necesarios en el proyecto de ley de ingresos presentado conforme a las nuevas proyecciones.
“En este sentido, estas nuevas proyecciones nos llevaran en la Comisión de Hacienda a modificar en nuestro dictamen la miscelánea fiscal presentada, por lo cual, respecto la propuesta inicialmente remitida podemos garantizar que hay consenso en el seno de la Comisión para eliminar en nuestro dictamen las propuestas de impuestos cedulares y el impuesto a las bebidas alcohólicas en envase cerrado, respecto de la propuesta original, lo anterior en beneficio de las y los Sonorenses.
“Cabe destacar que estas actualizaciones en las proyecciones de ingresos federales permitirán mantener la carga tributaria sin incrementos reales para el ejercicio fiscal 2025 ni crear nuevos impuestos. Asimismo, no habrá un incremento en los derechos planteados en la miscelánea fiscal en términos reales”. Hasta aquí el comunicado en cuyo contenido percibimos la claridad que sobre esa materia tiene el diputado Omar del Valle Colosio y sus habilidades comunicativas.
Omar del Valle Colosio.
En otras palabras, que en el paquete económico federal para el año próximo haya estimaciones superiores de participaciones federales a los Estados, evitará se aplique un nuevo impuesto del 4.5 por ciento al precio final de bebidas alcohólicas, incluida la cerveza y tampoco una tasa del 3.5 por ciento aplicada a los ingresos de personas físicas por la prestación de servicios profesionales; uso o goce temporal de bienes inmuebles, y por enajenación de bienes inmuebles, ahorrando a la economía social de Sonora alrededor de 150 millones de pesos.
Se supone que, en el dictamen de la comisión de hacienda a votarse por el pleno, también habrá ajustes a la baja a impuestos con aumentos por encima de la inflación promedio estimada que se calcula será de 4.68 por ciento, como son los casos sobre remuneraciones personales o de derechos por servicios vehiculares, como revalidación de placas, expedición de placas nuevas y licencias de conducir, que en conjunto se proponía un incremento promedio del 33 por ciento.
De agradecer al gobernador, a Del Valle Colosio, a Hernández Cordero por dicha recapacitación, porque sin dicha voluntad positiva el paquete original propuesto para 2025 hubiera sido aprobado sin chistar por la mayoría oficialista sin siquiera analizar su contenido, que para eso están ahí, mientras que la minoría se tendría con volver a conformarse con ganar el debate, pero perder la votación.
Mientras tanto, buenas noticias para Hermosillo y los hermosillenses, ya que entre los proyectos estratégicos de la Comisión Nacional del Agua para el año próximo, está la construcción de tres presas, dos sobre el Río Sonora y una sobre el Río San Miguel, con el fin de garantizar el abasto de agua potable a la capital de Sonora, que requieren de una inversión de seis mil millones de pesos.
Mucho terreno para comerciar.
Como ya se ha informado, tales infraestructuras hidráulicas estarían ubicadas en Sinoquipe, la otra apoco antes de llegar a Ures, sobre el río Sonora y la tercera en Las Chivas arriba de San Miguel de Horcasitas sobre el Río San Miguel, además de la rehabilitación de la cortina de la presa El Molinito.
Si tales obras están en los proyectos estratégicos de Conagua en el marco del Plan Hídrico de Sonora, se supone que se trata de una inversión federal, aunque en principio se planteó financiarlas con la comercialización de alrededor de mil 200 hectáreas del vaso de la presa Abelardo L. Rodríguez el cual se reduciría a un espacio regulador de avenidas de solo 400 hectáreas.
Ya habrá precisiones sobre el tema, con los asegunes relativos al ambientalismo respecto a dicha perspectiva, cuando en lo relativo a la construcción de las tres presas, el gobernador Durazo informó hace unos días que el proyecto se encuentra en una fase preliminar de aprobación, con estudios muy avanzados sobre su viabilidad y por lo visto, la gestión de presupuesto como segunda etapa ya se resolvió con el anuncio del titular de Conagua en la mañanera versión II.
Se dice que de los embalses aguas arriba del Río Sonora y El San Miguel se traerá agua a Hermosillo con acueductos, los cuales suplirían los volúmenes que trae a la capital el acueducto desde El Novillo, dejando dicho polémico tubo solo para casos de emergencia, lo cual debe ser música para los oídos para productores del sur de Sonora.
A fin de cuentas, no faltarán quienes cuestionen el que se gasten seis mil millones de pesos para construir presas sobre ríos que llevan muy poca agua, como ocurre desde hace dos o tres años con El San Miguel y el Sonora, que, si bien tarde o temprano reclamaran su cauce de banda a banda, en el mediano plazo los pronósticos son de sequía continuada.
Asesinados por la 4T.
En su lugar, proponen la construcción de una batería de al menos cinco desalinizadoras más o menos del tamaño, capacidad y costo que la que ya opera en el Empalme cuya construcción requirió de una inversión de 740 millones de pesos, además de tomarse en cuenta de que conforme pasa el tiempo la tecnología para desalar agua de mar se abarata.
Tal alternativa, crear nuevas fuentes de agua potable en lugar de gastar en donde no hay suficiente, debería cuando menos ser planteada en los niveles decisorios, aunque reconocemos que abastecer a Hermosillo con agua desalada sacaría de la ecuación al negociazo que representará la comercialización de terrenos del vaso de la presa Abelardo L. Rodríguez.
Por lo demás, tal como lo ordenó quien ya se fue mucho a La Chingada, el oficialismo representado en el Congreso de la Unión asesinó a siete organismos autónomos, de evaluación y regulación, y su operación fue transferida a entes del gobierno federal, desde donde se determinarán los criterios para transparentar sus propias acciones y gastos; se autoevaluarán y se medirán avances de acuerdo con sus intereses y la regulación también será acorde a sus intereses.
Extintos quedaron el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y adicionalmente el organismo público descentralizado Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
Rebelión cetemista.
Uno de los principales argumentos para esa desaparición es que resultaban muy costosos, pero se da el caso de que en el presupuesto 2025 en términos generales, ya transferidos sus fines a la voluntad del gobierno, el costo es mucho mayor, igual a lo que ocurre con la reforma judicial, al cual se le asignó un presupuesto de 85 mil millones de pesos para el 2025, siete mil millones de pesos más que este año.
Y Javier Villarreal Gámez sube la apuesta en su aparente rebelión en contra de políticas públicas del gobierno federal, ya que luego de ponerle una madriza hace días al IMSS y a su director Zoé Robledo por las obvias ineficacias e ineficiencias de ese organismo frente a las necesidades de salud del sector laboral, ahora tocó el turno a INFONAVIT, también por las evidentes ineficacias e ineficiencias frente a las necesidades de vivienda de los trabajadores agremiados a la CTM.
A pesar de haberse sumado a la causa de la 4T y la CTM rémora del PT y de MORENA, su dirigente rememoró en conferencia de prensa que desde 2019 el gobierno cuatrotero eliminó el subsidio a la vivienda social, dejando a los trabajadores afiliados a INFONAVIT sin capacidad para acceder a créditos, ya que los costos de una vivienda básica en el mercado supera los 800 mil pesos y los créditos otorgados por el organismo rondan en los 500 mil pesos.
Calculó que dicha situación ha generado un rezago de 150 mil familias con necesidades de vivienda en Sonora, aunque dijo que la posible solución sería que el gobierno federal renueve el subsidio, ayuntamientos exenten cobros de impuestos a la vivienda social y que el gobierno estatal otorgue superficies de terrenos suficientes, con la garantía de introducir servicios de agua y de electricidad.
Hay rebelión en el cetemio y todo indica que las cosas escalarán en dichos temas—IMSS e INFONAVIT—en la Asamblea Estatal Plenaria que se llevará a cabo el jueves y el viernes de la próxima semana.
