Después de un complicado tránsito en medio de litigios e impugnaciones, los cinco integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (PJF) decidieron ‘tirar los fierros’ y anoche presentaron su renuncia.
El apresurado y polémico proceso electoral comenzó mal y sigue a trompicones.
La reforma Judicial pasó sin problemas por la Cámara de Diputados donde Morena y sus aliados tienen una indiscutible mayoría calificada, no así en el Senado donde hubieron de cooptar a dos senadores del PRD y, como les hiciera falta un voto para completar las dos terceras partes requeridas, operaron de alguna manera para que la dupla de veracruzanos panistas Miguel Ángel Yunez Márquez y Miguel Ángel Yunes Linares.
El primero, senador propietario, el segundo su suplente. El primero se reportó enfermo el día de la sesión y asumió la titularidad su padre, quien fue el voto decisivo para aprobar la reforma judicial que entre otras cosas, ordena que por primera vez en la historia sean electos por voto popular los jueces, ministros y magistrados del PJF.
Para tal efecto, cada uno de los poderes -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- deben de proponer candidatos y candidatas, que previamente serían seleccionados por el respectivo Comité de Evaluación. Todo el proceso ha estado lleno de recursos legales para suspenderlo, mismos que no han prosperado pero han metido demasiado ruido.
De hecho, el Comité del PJF se encontraba en pausa por una suspensión judicial y el Senado de la República fue autorizado por la Sala Superior del Tribunal Electoral para que seleccionara a los candidatos que le corresponden a ese Poder, lo que haría mediante el polémico método de la tómbola en una sesión que se llevaría a cabo el 31 de enero.
Esto fue acordado por la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política del Senado apenas ayer, en una reunión a la que no asistieron representantes del PRI y del PAN.
Quizás esto fue la gota que derramó el vaso y provocara la renuncia de los integrantes del Comité.
Apenas el 31 de octubre del año pasado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eligió a las cinco personas que integrarían el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación, encargados de seleccionar a partir de criterios de idoneidad, a los y las aspirantes a ocupar los cargos de impartición de justicia que serán postulados por el PJF en la parte que les corresponde.
Ayer, los cinco presentaron su renuncia.
“Por medio de este escrito, presentamos nuestra renuncia con carácter inmediato e irrevocable al Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior debido a la imposibilidad jurídica de continuar con el proceso que fue encomendado a este cuerpo colegiado”, establecen en una carta difundida anoche.
“Hoy percibimos inviable la tarea constitucional que nos fue encomendada”, agregan Mónica González Contró, Emma Meza Fonseca, María Emilia Molina del Puente, Wilfrido Castañón León y Luis Enrique Pereda Trejo, los cinco integrantes.
Esta renuncia representa un nuevo escollo en el proceso, que evidentemente no será suspendido pues Morena y sus aliados están decididos a sacarlo adelante a toda costa, pese a los recursos de impugnación que se han presentado y los que vengan en el futuro, pues el PAN ya anunció que impugnará la tómbola del Senado.
A esos recursos legales se suman otros de índole presupuestal, ya que la presidenta del INE, la sonorense Guadalupe Taddei Zavala solicitó inicialmente 13 mil millones de pesos para organizar la elección en todas sus etapas, incluida la jornada electoral del próximo 1 de junio. El Congreso le autorizó la mitad y recientemente le autorizaron una ampliación de 800 millones más.
En una entrevista reciente, Taddei Zavala confió en que hubiera una ‘copiosa votación’ durante la jornada electoral, aunque citó otros ejercicios como el de la revocación de mandato en el que se ha tenido una participación de entre el 8 y el 15 por ciento del padrón electoral. Estos datos estarían proyectando una muy precaria afluencia a las urnas, lo que arroja también muchas dudas sobre las condiciones en que habrá de desarrollarse el proceso y sobre todo, la jornada electoral donde, según cálculos del propio INE, a cada votante le podría llevar hasta 10 minutos elegir a sus candidatos, aunque hay quienes han calculado más tiempo.
A cada entidad federativa le tocará por su parte, organizar la elección por parte del organismo electoral local, que en el caso de Sonora es el IEE, al que le acaban de autorizar recursos por 200 millones de pesos para dicha organización.
Vamos a ver cómo termina todo esto y qué efectos tendrá una vez que comiencen a trabajar las personas juzgadoras electas por voto popular.
II
Ya pasó navidad pero el que sigue como Santa Claus con un costal de recursos recorriendo el estado es Octavio Almada Palafox, el delegado del Bienestar en Sonora que ayer informó sobre los avances de los distintos programas de esa dependencia.
Solo en lo que va de enero casi diez mil adultos mayores han recibido su tarjeta del Bienestar y 17 mil tarjetas del nuevo programa para mujeres de 63 y 64 que recibirán un apoyo de tres mil pesos bimestrales, y en el caso de mujeres indígenas o afrodescendientes, el rango de edad se amplía entre 60 y 64 años. Una vez cumplidos los 65 pueden acceder a la pensión universal para adultos mayores. En Sonora hay casi 21 mil mujeres inscritas en este programa.
Otro programa, el Censo de Salud Casa por Casa arrancará este tres de febrero con visitas de personal médico y de enfermería a los hogares donde viven adultos mayores y personas con discapacidad; actualmente se han censado 120 mil viviendas en todo el estado.
Y hoy, hoy, hoy, comienza la dispersión de más de 14 millones de pesos del programa Jóvenes construyendo el futuro al que se encuentran inscritos más de mil 700 beneficiarios que recibirán durante un año 8 mil 400 pesos mensuales además de su afiliación al IMSS; en ese lapso deben acreditar su permanencia en un centro laboral donde reciban capacitación como aprendices, con la posibilidad de ser contratados una vez que concluya ese proceso.
Ahí nomás…
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