El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, aseguró que la nueva Ley General de Aguas no contempla retirar el derecho al agua a ningún productor, sino ordenar su uso y evitar prácticas de acaparamiento que se presentaron en el pasado.
Con el fin de lograr una distribución más justa del recurso en el estado, el mandatario explicó este domingo durante la presentación de la nueva legislación y la entrega de títulos de concesión en Hermosillo, que la iniciativa buscará regularizar el manejo del agua y ponerle fin a privilegios indebidos.
“El objetivo de la nueva ley de aguas es regularizar, evitar que haya abusos como los que se han presentado en el pasado, afortunadamente aquí en Sonora tenemos una comunicación muy fluida con la Comisión Nacional del Agua y estoy seguro de que vamos a resolver cualquier eventualidad que se presente”, expresó.
Respuesta a inquietudes por la ley
Durazo Montaño reconoció que le sorprendió la movilización social registrada recientemente en torno al tema del agua, al señalar que meses atrás ya se habían atendido las inquietudes de los distritos de riego.
“Estuve recogiendo inquietudes de los distintos directivos de todos los distritos de riego e incluso del propio presidente nacional de Distritos de Riego, Alejandro Salcedo. Desde entonces nos recibió el titular de Conagua y atendió favorablemente todos los planteamientos”, explicó.
Agregó que, aunque existen asuntos pendientes, no se identificaban conflictos mayores derivados de las reformas a la ley, aprobadas recientemente por el Congreso de la Unión, y que entró formalmente en vigor el pasado viernes 12, tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Este nuevo ordenamiento reglamenta el artículo 4º constitucional y tiene como eje central garantizar el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua para uso personal y doméstico. Además, la legislación reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, con el objetivo de actualizar la gestión de los recursos hídricos en México.
El nuevo marco jurídico establece bases y modalidades para asegurar un uso equitativo y sustentable del agua, con lineamientos claros conforme a la Constitución y tratados internacionales, al igual que definir competencias entre la Federación, estados y municipios, e impulsar la participación ciudadana en la gestión y vigilancia del recurso, con la meta de que el acceso al agua deje de ser un privilegio.
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