Alejandro Matty Ortega

A casi dos meses de la tragedia ocurrida el pasado 1 de noviembre, cuando un incendio consumió la tienda Waldo’s en Hermosillo y dejó un saldo devastador de 24 víctimas mortales y personas lesionadas, la investigación judicial dio un giro decisivo con el libramiento de múltiples órdenes de aprehensión en contra de particulares y exfuncionarios públicos presuntamente vinculados con los hechos.

De acuerdo con resoluciones judiciales debidamente certificadas, las autoridades concedieron órdenes de aprehensión por conductas culposas con resultado de homicidio, aborto, lesiones de diversa gravedad, daños por incendio e incumplimiento de deberes legales, derivadas de la tragedia que conmocionó a la capital sonorense.

Entre los principales señalados se encuentra José Martín Minero Balvanera, contra quien se libró orden de aprehensión por la conducta culposa con resultado de 24 homicidios, así como por el delito de aborto; lesiones que tardan en sanar más de quince días -algunas de ellas poniendo en peligro la vida-, lesiones de menor gravedad y daños por incendio.

En el mismo expediente figuran Alberto José Galante y José Luis Alcalá Bernal, señalados por delitos culposos con resultado de 24 homicidios, aborto, lesiones graves y daños por incendio.

En el caso particular de Alcalá Bernal, la autoridad judicial añadió los delitos de uso de documento falso e incumplimiento de un deber legal, lo que amplía su posible responsabilidad penal.

Asimismo, se concedieron órdenes de aprehensión en contra de Martín Eduardo Dessens Bringas, Lissette López Godínez, Emanuel Valenzuela Tapia, Jesús Fabián Valenzuela Torres, Viviana Mirazo Granillo, Ernesto Ruiz Carreón, Jesús Ángel Romero Córdova, Armando Castañeda Sánchez y Jesús Fernand Morales Flores.

A este grupo se le atribuyen conductas culposas con resultado de homicidio en número de veinticuatro, aborto, lesiones de diversa consideración, daños por incendio e incumplimiento de un deber legal, presuntamente relacionados con omisiones y decisiones que habrían incidido en la magnitud de la tragedia.

En un tercer bloque, la autoridad judicial libró órdenes de aprehensión por el delito de incumplimiento de un deber legal en contra de Sergio Orlando Flores, Alejandro López Parada, G. Roberto Saracco Morales, Santa Agustina Aguilar Castillo, José Eufemio Carrillo Ator, Astarte Corro Ruiz, Martín Manuel Martínez Medina, Carlos Jesús Arias, Juan González Alvarado, Flor Rosa Ayala Robles Linares, Joaquín Rodríguez Vejar, Edu Alejo Acuña Padilla y Florencio Díaz Amenta.

En este grupo se encuentran exfuncionarios y funcionarios vinculados a áreas clave como Protección Civil estatal y municipal, Inspección y Vigilancia, la Cidue y la Secretaría del Ayuntamiento.

Las personas señaladas incluyen dueños, accionistas, gerentes, directores responsables de obra, así como ex y actuales servidores públicos que, de acuerdo con la investigación, tenían responsabilidades directas o indirectas en la supervisión, autorización y vigilancia del inmueble siniestrado.

Las órdenes de aprehensión marcan un punto crucial en el proceso judicial por uno de los incendios más trágicos registrados en Hermosillo en años recientes como el de la Guardería ABC ocurrido el pasado 5 de junio del 2009.

Para las familias de las víctimas, representan un avance en la exigencia de justicia; para las autoridades, un mensaje sobre la responsabilidad legal que implica la omisión, la negligencia y el incumplimiento de los deberes en materia de seguridad y protección civil.

El caso continúa su curso en los tribunales.

Mientras tanto, la ciudad sigue a la espera de que las responsabilidades penales se esclarezcan plenamente y de que los hechos del 1 de noviembre no queden en la memoria colectiva como una tragedia impune.

En Hermosillo, la cultura de la prevención quedó subordinada a la cultura del trámite.

Las tragedias demostraron que los sellos y los oficios no apagan incendios.

Expertos en gestión de riesgos consultados han advertido que México continúa sin consolidar un sistema nacional eficaz.

Las dependencias de Protección Civil operan con recursos limitados, sin autonomía técnica ni mecanismos de control ciudadano.

El resultado es un país donde la vida cotidiana transcurre sobre una base de riesgo permanente.

México parece atrapado en un bucle histórico.

La tragedia de la Guardería ABC debió transformar la forma en que se regulan los espacios públicos y privado y no lo hizo.

En Hermosillo, el memorial de la Guardería ABC y las flores frente a la tienda Waldo’s simbolizan el precio de la negligencia.

Mientras haya quien recuerde, investigue y escriba, habrá posibilidad de que esas historias no se repitan.

Porque cada tragedia exige justicia y exige que el Estado aprenda, actúe y deje de fallar.

Y en ese aprendizaje pendiente, México sigue mirándose al espejo, con las mismas heridas abiertas y las mismas preguntas sin respuesta.