
Samuel Valenzuela
De inicio y a ciegas, las dirigencias del Partido del Trabajo y del Verde reivindicaron su vasallaje frente al poder presidencialista y del partido oficial, al emitir su aceptación y desvergüenza pública de apoyo al Plan B de reforma electoral, propuesto como alternativa por la presidente Claudia Sheinbaum luego del estruendoso fiasco de su Plan A.
Urgidos del perdón por no acatar la instrucción de apoyar la reforma electoral, Alberto Anaya Gutiérrez, dirigente del PT y la del Verde, Karen Castrejón Trujillo, se apresuraron para con ostentosas genuflexiones anunciar su absoluto e irrestricto apoyo a la alternativa de acotar los espacios democráticos en nuestro país, ahora dirigidos contra legislaturas estatales y cabildos municipales, así como contra autoridades electorales locales.

Anaya y Castrejón.
Que se haga la austeridad en las mulas de mi compadre y con entusiasmo se sumaron a la nueva intentona presidencial luego de haber salvado su aristocrática posición al negar sumarse a la votación que rechazó la arcaica y regresiva propuesta que apuntaba debajo de la línea de flotación de la reforma política de 1977 que abrió las puertas a la participación política de las minorías.
Obviamente, las ansias por el perdón los llevó a apoyar al bote pronto, sin leer, sin analizar el nuevo mamotreto presidencial y por eso no se enteraron de las letras chiquitas que empatan, hacen concurrente la elección intermedia con la consulta de la revocación de mandato de la presidente Sheinbaum, así como la eliminación de la paridad sustantiva en la integración de los cabildos y congresos de los Estados.

Plan B va en Sonora.
Esa bola de oportunistas y corruptos siempre han actuado así sin importar el sello del gobierno en turno, a quienes juran lealtad y domesticidad absoluta mientras les tiren cuotas de poder y por supuesto, carretadas de recursos financieros, en un contexto donde el presunto izquierdismo revolucionario del PT y el presunto ecologismo del Verde solo son elementos decorativos.
Pero aún les queda cierta dignidad y luego de la proverbial lamida de verijas al sumarse al Plan B, parecen recapacitar al enterarse de los aviesos intereses del oficialismo y posicionar su rechazo a la concurrencia de la revocación de mandato y la elección constitucional de 2027, la cual, por cierto, también incluye la segunda parte de la elección judicial del acordeón.
Aceptaron no estar enterados de la omisión en el tema de la paridad sustantiva y fueron testigos de piedra en las presiones para que el oficialismo lo remedie y prevalezca el criterio paritario en la integración de cabildos, gobiernos municipales y congresos estatales.

Alfonso Durazo M.
Por lo pronto, notable la ausencia de reacciones de constitucionalistas, de defensores de la autonomía de los municipios y de la soberanía de los Estados, frente a una propuesta que arrasa a esos dos principios por motivos de una austeridad más falsa que el izquierdismo petista y el ecologismo del verde.
En Sonora dicho Plan B pasará como cuchillo caliente en mantequilla, ya que se combina el reconocido poder y liderazgo político del Gobernador Alfonso Durazo Montaño, las habilidades en la operación política del secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, con la abyecta servidumbre de personajes como Ramón “Soy de izquierda” Flores, el patas verdes Sergio Augusto López o del inocuo Manuel Fernando Aguirre, cuida puertas y carga maletas de Fermín Trujillo Fuentes.
Entre paréntesis, en publicitada foto en la cual el secretario de gobierno es flanqueado por las dirigencias de partidos verrugas del oficialismo, no aparece el de Arivechi, aunque suponemos que estuvo representado por el titular de la SEC, Froylán Gámez.
Y agregado a lo anterior, la sobrada mayoría calificada del oficialismo en el Congreso del Estado, gracias a la nula contextura moral e ideológica, ausencia de dignidad personal y oportunismo político, de quienes a la menor provocación y ofertas en metálico renunciaron a sus partidos y se sumaron a la fuerza dominante en turno.

Gabriela Tapia F.
En otras palabras, en el congreso del estado se aprobará en automático cualquier propuesta proveniente de la superioridad, sin debate, sin moverle una coma ni corregir faltas de ortografía, que para eso están ahí, y ya se los halla si no cumplen su papel de sirvientes, en tanto que la minúscula oposición deberá conformarse con una participación meramente testimonial.
Mientras tanto, sigue el drama de una pandilla de militantes y simpatizantes del PRI, quienes aprovechando que Joel Ramírez Bobadilla es el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, decidieron comprarle el registro de la histórica organización política para dárselo a un engendro llamado Maciso.
No va por buen camino la marranada del Joel, de Pepechón Alfaro Cázares, del Epifanio Encarnación “Panochón” Salido Pavlovich, Pascual Soto, de Emeterio Ochoa y otros de similar ralea porque contrario a lo que creían, no está resultando un paseo desaparecer la identidad del PRD, cambiarle de nombre, hacer otros estatutos y hasta suplantarlo con otro logo.
Para concretar dichos propósitos, el 25 de enero pasado se aventaron una Asamblea del Consejo Estatal de origen viciada e ilegal y así fue impugnada por el equipo jurídico de Carlos Navarro López ante las instancias electorales y como las aberraciones eran evidentes y el fallo en contra era inminente, los mismos pelafustanes decidieron invalidarla con todo y “acuerdos”.

Adilene Montoya Castillo.
La impugnación fue interpuesta por la diputada Gabriela Tapia Fonllem y un buen grupo de militantes perredistas, frente a una rustica intentona de un Joel Ramírez con muy pocas luces y cuya pobreza intelectual lo hizo caer en las redes de reconocidos operadores de leperadas en el PRI, quienes, para subsanar su primera estupidez, convocaron a otra el sábado pasado que les resultó peor que la primera.
Adilene Montoya Castillo, secretaria general del pleno del Tribunal Estatal Electoral, presentó el proyecto de sentencia derivada de la impugnación promovida en contra de la machincuepa, la cual fue respaldada por Alejandra Velarde, Vladimir Gómez y Ana Maribel Salcido, integrantes de esa instancia jurisdiccional electoral.
Dicho resolutivo deberá ser similar a la impugnación que seguramente se interpondrá para invalidar acuerdos de la reunión del consejo estatal del sábado pasado, la cual se llevó a cabo vía Facebook, con consejeros suplantados, falsos, “reunidos” mediante una convocatoria ilegal y a la cual no asistieron integrantes de la mesa directiva del consejo estatal que preside Navarro López.

Filiberto Alfaro C.
Por cierto, el aguerrido líder de Nueva Izquierda insiste en llamar a cuentas al traicionero mercader o sea al Joel, para que informe del destino de las prerrogativas entregadas cada mes por el Instituto Estatal Electoral y el costo del supuesto estudio, el analítico y el diseño de la ruta jurídica para robarle el registro al PRD, el cual fue realizado por la nada barata consultoría propiedad de Filiberto Alfaro Cázares, carnal del Pepechón.
Desde nuestra perspectiva, esa caterva mafiosa deberá buscarle por otro lado en sus propósitos de tener un partido propio, y el PRD prevalecerá y sostendrá sus expectativas de recuperación de glorias pasadas, quedando pendiente si la dirigente del PRI, Lupita Soto se sostiene y expulsa a esos compañeros de partido que están afiliando a priistas en Maciso para cubrir formas jurídicas exigidas por instancias electorales.