Las autoridades señalan que estas actividades ilícitas se detectaron desde mayo del año pasado, vinculando directamente el flujo de armas con las operaciones de los cárteles en la región.
Un Jurado Federal en Phoenix emitió una acusación formal contra Laurence Gray, de 65 años y residente de Hereford, Arizona, por intentar proporcionar apoyo material al Cártel de Jalisco Nueva Generación y al Cártel de Sinaloa. Gray, quien operaba la armería "Grips By Larry" con licencia federal, enfrenta cargos graves luego de que ambas organizaciones fueran designadas oficialmente como grupos terroristas extranjeros por el gobierno estadounidense en febrero de 2025.
La investigación detallada por la representación diplomática revela que Gray conspiró para suministrar armamento a estos grupos criminales, actuando junto a Barrett Weinberger, de 73 años y residente de Tucson. Weinberger también enfrenta cargos por tráfico y compra ilegal de armas mediante prestanombres, así como por realizar declaraciones falsas durante las transacciones.
Las autoridades señalan que estas actividades ilícitas se detectaron desde mayo del año pasado, vinculando directamente el flujo de armas con las operaciones de los cárteles en la región.
Esta acción judicial se enmarca en la "Operación Take Back America", una estrategia nacional del Departamento de Justicia diseñada para movilizar todos los recursos disponibles contra la invasión de la migración ilegal y lograr la eliminación total de las organizaciones criminales transnacionales.
El operativo busca proteger a las comunidades fronterizas de los perpetradores de delitos violentos mediante la coordinación de fuerzas de tarea especializadas y el fortalecimiento de la seguridad en la zona sur de Estados Unidos.
De ser encontrado culpable, Gray podría alcanzar una pena máxima de hasta 20 años de prisión y multas de 250 mil dólares por cada cargo de apoyo material al terrorismo. Adicionalmente, los cargos por tráfico de armas y auxilio en la compra ilegal de armamento suman penas que oscilan entre los 10 y 15 años de cárcel.
La fiscalía federal en Arizona ha enfatizado que el proceso judicial sigue su curso bajo una estricta investigación conducida por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF)
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