Redacción

El gobierno del estado de Sonora cedió en comodato un terreno de 54 hectáreas en Guaymas a la empresa Amigo LNG S.A. de C.V. para la instalación de una planta de gas natural licuado, en un acuerdo que presenta contradicciones legales y se encuentra frenado por amparos judiciales presentados por organizaciones ambientalistas.

El contrato, suscrito el 30 de septiembre de 2022 por la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones y formalizado ante el presidente del Colegio de Notarios de Sonora, René Luna Sugich, establece en sus líneas generales un uso oneroso. Sin embargo, en la cláusula I señala que el gobierno estatal otorga el inmueble de manera gratuita.

El acuerdo contraviene el artículo 43, fracción V, de la Ley de Bienes y Concesiones de Sonora, el cual estipula que la entrega de bienes en arrendamiento o comodato debe destinar a instituciones sin fines de lucro. Amigo LNG opera como una entidad comercial lucrativa, propiedad de las firmas extranjeras LNG Alliance y Epsilon LNG.

La organización Defensa Ambiental del Noroeste (DAN) y comunidades locales promovieron recursos de amparo tras denunciar la falta de consultas públicas informadas y la reserva de información por parte de las autoridades estatales, que en solicitudes de transparencia catalogaron el documento como inexistente.

El proyecto contempla una inversión estimada entre 35,000 y 40,000 millones de pesos y la creación de 280 empleos directos en Guaymas, municipio con 150,000 habitantes cuya economía se concentra en la pesca y el turismo.

La instalación operará en zona terrestre y mediante una planta flotante en el Golfo de California, cerca del cinturón de islas. De acuerdo con las proyecciones del proyecto, la planta emitiría 1.9 millones de toneladas de dióxido de carbono al año.

La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) otorgó la autorización de impacto ambiental en abril de 2026, tras trámites iniciados por la empresa ante autoridades mexicanas y el Departamento de Energía de Estados Unidos en 2025. Los demandantes señalan que dicha autorización omitió evaluar los impactos acumulativos y la contaminación derivada del proceso de licuefacción.

Con información de N+ Focus