Conforme va fluyendo más información, y se dejan de lado los matices romántico-pasionales que ya quisiera para un domingo de inspiración el guionista de La Rosa de Guadalupe, queda claro que a la señora Guadalupe Taddei Zavala la tenían en la mira desde hace tiempo su salida de la presidencia del INE fue solo un capítulo más de una estrategia cuidadosamente planeada.

 

En la primera información que hace pública el Órgano de Control Interno del INE, desde que comenzó esta trepidante saga, reveló que desde mayo del año pasado se iniciaron 13 expedientes de investigación en los que aparecen al menos 13 funcionarios y exfuncionarios electorales, ocho personas físicas y 18 personas morales, todas ellas involucradas en presuntas irregularidades en la asignación de contratos durante el periodo en el que la sonorense estuvo en la presidencia del instituto.

 

Es decir, tenían casi un año y medio siguiendo la huella del dinero, lo que evidentemente tampoco era muy difícil considerando que en su embeleso -o quizá confiada en algún manto protector-, la hoy ex funcionaria no se cuidó de guardar las formas, mantener un bajo perfil y/o moderar la exposición de su nuevo estilo de vida, que incluía a su familia, señaladamente a su hijo, el que por un momento tuvo París a sus pies.

 

Le traían marcaje personal y ella nunca lo supo. En ese tiempo le aplicaron seis ejercicios de auditoría y ocho revisiones de control que derivaron en 24 investigaciones adicionales en materia de contrataciones, de acuerdo con la nota de Enrique Méndez y Emir Olivares en La Jornada.

 

Esto debe de traer muy nerviosos a muchos personajes del entorno cercano de la expresidenta porque a los involucrados les pueden ‘tirar con todo el código penal’, como se dice coloquialmente cuando a alguien se le imputa una larga lista de posibles delitos.

 

Entre los que cita el Órgano Interno de Control se encuentran: posible simulación de cumplimiento de requisitos, hasta abuso de funciones; deficiencias en la planeación, administración, supervisión, recepción o pago de bienes y servicios, que provoquen un daño patrimonial.

 

Además, posible uso o aplicación irregular de recursos públicos, que podría derivar en desviación de recursos públicos; incumplimiento de funciones o deberes de supervisión, que podrían causar daños y perjuicios a la hacienda pública; probables actuaciones bajo conflicto de interés, abuso de funciones o participación indebida en procedimientos de contratación; presuntas faltas de particulares vinculados con procedimientos de contratación pública; y falta a la veracidad en la información declarada, que podría conllevar a un ocultamiento de conflicto de interés o posible enriquecimiento ilícito, de acuerdo con la nota citada.

 

Muchos hemos aludido ya a la actitud con que se abordó el tema Taddei en las cúpulas del gobierno federal y en las del partido gobernante: las reacciones fueron del silencio a la condena y la exigencia de un deslinde de responsabilidades, lo que coloca a la cananense en una posición bastante incómoda, por no decir que peligrosa hasta para su preciada libertad.

 

El tema pone a prueba al régimen en varios planos. Primero, en el de la impartición de justicia, del que no ha salido bien librado en otros casos que alimentan las sospechas de impunidad, facturadas al sentido de la pertenencia al proyecto político en ejercicio de gobierno; también en el de la gobernabilidad; el proceso electoral 2027 -y los que siguen- no puede estar a cargo de un organismo envuelto en las sombras de la sospecha a propósito de su rectitud, ética y moralidad política.

 

Como apuntábamos ayer, todavía estamos lejos de saber cuántos más y quiénes son, los involucrados en esta trama políticamente tóxica, pero al parecer la marea de las trácalas puede alcanzar incluso a varios organismos electorales locales, incluido el de Sonora, donde por cierto trascendió que los aguerridos chicos de la prensa le montaron guardia al presidente Neri Ruiz, que nunca apareció.

 

Esto, señoras y señores, apenas comienza.

 

II 

Las intensidades políticas de los últimos días han hecho concentrar la atención en el escándalo del INE, un caso que lamentablemente y a la luz de las más recientes revelaciones, apenas está mostrando las puntas de unas hebras que seguramente al tirar de ellas arrojarán más podredumbre e involucrarán a más personajes de esa institución, de otros organismos electorales locales y de no pocos empresarios proveedores.

 

Pero no todo está perdido en el mar de las malas noticias. Una mirada a lo local, concretamente al municipio de Navojoa nos muestra un caso de éxito, de esos que las políticas públicas cuando se diseñan y operan con sensibilidad social y entusiasmo gubernamental, suelen alentar la esperanza.

 

Es el caso del programa Narconon Jóvenes, un centro integral de atención a un problema que desgraciadamente sigue cobrando auge y vidas: el de las adicciones, cuyos efectos devastadores en el tejido social no necesitan documentarse más allá de lo que todo ciudadano observa en las calles.

 

Este centro, gestionado por el DIF municipal que preside honorariamente la señora Luz Argel Gaxiola, es único en su tipo en toda Latinoamérica y acaba de cumplir su primer año por lo que, junto a su esposo, el alcalde Jorge Elías Retes organizaron una celebración acompañados de los primeros 26 jóvenes que superaron el proceso de desintoxicación, un importante paso en el camino de la sobriedad y la reinserción social, lo que no habría sido posible sin la paciencia y el profesionalismo de los encargados del centro, pero sobre todo, de las familias de los internos.

 

El alcalde felicitó a los internos y exhortó a sus familias a darle seguimiento al cambio que representa dejar la senda de las decisiones equivocadas que, ciertamente no tienen por qué definirlos.

 

Y ya que andamos por rumbos de la Perla del Mayo, otra buena noticia es que el Ayuntamiento ya firmó el contrato con PEMEX para la adquisición del asfalto que será utilizado en el programa de pavimentación más grande en las últimas décadas.

Elías Retes se ha movido bien en este tema, gestionando con el gobernador Alfonso Durazo una planta, maquinaria especializada, y un banco de materiales que ya se encuentra al 90%; con todo esto, se espera que en breve comience la pavimentación de al menos 400 kilómetros de vialidades, con ahorros hasta del 90% en los costos, algo que por cierto están esperando los navojoenses desde hace décadas en las que los gobiernos dejaron de invertir en este rubro.

 

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