La eliminación o debilitamiento de los contrapesos institucionales y los mecanismos de vigilancia representa un riesgo para la transparencia y el combate a la corrupción en México, así lo consideró el investigador y analista político del Colegio de Sonora (Colson), Nicolás Pineda Pablos, tras hacer una opinión sobre el funcionamiento de los gobiernos actuales de izquierda y las instituciones públicas, entre ellas el Instituto Nacional Electoral (INE).
El académico consideró que uno de los problemas que se presenta y de ciertos sectores de la izquierda, consiste en asumir que la identificación con determinados principios ideológicos o una supuesta superioridad moral constituye, por sí misma, una garantía para evitar prácticas corruptas.
Sin embargo, señaló que la honestidad de los servidores públicos no puede depender únicamente de sus convicciones políticas, sino que requiere instituciones capaces de vigilar, fiscalizar y sancionar posibles irregularidades.
Pineda Pablos explicó que esta concepción estuvo presente en el discurso del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien planteó la importancia de los principios y la honestidad como elementos centrales para combatir la corrupción.
La experiencia política demuestra que las declaraciones de integridad no sustituyen los mecanismos institucionales de control, debido a que cualquier persona puede ser susceptible de incurrir en conductas indebidas cuando existen condiciones que lo permiten
señaló
En contraste, indicó que la tradición liberal parte del reconocimiento de que los individuos pueden actuar en función de intereses particulares, por lo que establece contrapesos, sistemas de vigilancia y controles sobre el ejercicio del poder.
Desde su perspectiva, estableció que el problema no radica exclusivamente en la orientación ideológica de un gobierno, sino en la capacidad de las instituciones para limitar sus decisiones, fiscalizar sus recursos y garantizar la rendición de cuentas.
El investigador advirtió que el debilitamiento de estos mecanismos puede favorecer la aparición de irregularidades en distintos niveles de la administración pública, particularmente cuando las autoridades concentran atribuciones y disminuyen los espacios de supervisión independiente.
En ese sentido, describió que las instituciones quedan expuestas a decisiones discrecionales y se dificulta detectar oportunamente posibles actos de corrupción, independientemente de los principios que proclamen quienes las encabezan.
En este contexto, las observaciones sobre el funcionamiento de organismos como el Instituto Nacional Electoral (INE) adquieren relevancia dentro del debate sobre la autonomía institucional y la necesidad de preservar controles efectivos.
Apuntó que la vigilancia y la rendición de cuentas deben constituir obligaciones permanentes de las instituciones públicas, sin que su actuación dependa de afinidades partidistas o de la confianza depositada en sus integrantes.
Asimismo, ante los señalamientos relacionados con presuntas irregularidades y la intervención de instancias fiscalizadoras, el análisis pone sobre la mesa la importancia de que cualquier revisión institucional se sustente en procedimientos legales, evidencia verificable y resultados transparentes.
Resumió el riesgo de prescindir de estos mecanismos al recordar el dicho de que “Ante el arca abierta, el más justo peca”
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