Representantes del PAN, PRI, PRD y Somos anunciaron la instalación de la Mesa de Unidad por la Democracia, desde la cual denunciaron la existencia de una estructura de influencia política, económica y gubernamental que denominaron “Cártel Electoral de Sonora”, con posibles vínculos dentro del Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Estatal Electoral (IEE) y el Tribunal Estatal Electoral.
Víctor Ramírez, representante del PAN ante el IEE, señaló que los partidos de oposición han perdido la confianza en las autoridades electorales de Sonora, al identificar una red de relaciones familiares, laborales y políticas que, de acuerdo con la información presentada, estaría operando para favorecer a Morena en las elecciones de 2027.
Entre los funcionarios señalados mencionó a Marisa Arlene Cabral Porchas, vocal ejecutiva del INE en Sonora, nombrada en septiembre de 2026, a quien relacionaron familiarmente con el entorno de Jorge Taddei. Asimismo, señaló que Nery Ruiz Arvizu, presidente del IEE, encabeza lo que los partidos identifican como un bloque mayoritario dentro del Consejo General, integrado por Flor Terecita Barceló Noriega, a quien identificaron como exdirectora administrativa del organismo; Jaime Olea Miranda, de quien señalaron una estrecha cercanía con Jorge Taddei; y Wilfredo Román Morales Silva, a quien identificaron como antiguo colaborador de Guadalupe Taddei en el IEE y el ISTAI.
Víctor Ramírez también señaló vínculos dentro del Tribunal Estatal Electoral, entre ellos los antecedentes laborales de Aurora Guadalupe Gutiérrez Ramírez y su relación profesional con Luis Rogelio Piñeda Taddei, actual secretario particular del gobernador. Explicó que estas relaciones forman parte de los señalamientos que la Mesa busca dejar formalmente asentados ante las autoridades electorales.
El representante panista recordó que el pasado 28 de octubre presentó una solicitud para que el Consejo General del IEE determine si pedirá auditorías a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), relacionadas con contratos de materiales electorales adjudicados desde 2017. Señaló que todavía no reciben respuesta por escrito y exigió que el asunto sea discutido formalmente por el Consejo General, además de solicitar la intervención del Órgano Interno de Control.
Por su parte, René Noriega, representante del PRD, denunció que entre 2017 y 2025 se asignaron alrededor de 185 millones de pesos a un mismo grupo empresarial proveedor de materiales electorales. Detalló que durante la administración de Guadalupe Taddei se adjudicaron contratos por 67.8 millones de pesos y cuestionó la participación de Flor Terecita Barceló Noriega en procedimientos de licitación antes de convertirse en consejera electoral. Exigió una investigación a fondo, el deslinde de responsabilidades y la separación del cargo de los funcionarios involucrados mientras se realizan las investigaciones.
Luis Donaldo Coronado, representante del PRI, denunció posibles riesgos de parcialidad en la integración de los consejos municipales y distritales para las elecciones de 2027. Afirmó que, de mil 518 aspirantes que avanzaron a la etapa de entrevistas, identificaron a 312 personas con militancia en Morena y partidos aliados o con vínculos laborales con gobiernos emanados de esas fuerzas políticas, entre ellas 217 militantes de Morena.
Luis Donaldo Coronado exigió excluir de la integración de los consejos municipales y distritales a personas con militancia partidista, independientemente del partido al que pertenezcan. Asimismo, solicitó la salida inmediata de Nery Ruiz Arvizu, Marisa Arlene Cabral Porchas y Flor Terecita Barceló Noriega, al considerar que su permanencia compromete la confianza en las autoridades electorales.
En su intervención, Jesús Ávila, representante de SOMOS, respaldó la exigencia de revisar a fondo el funcionamiento de las autoridades electorales y planteó la separación temporal de los funcionarios sujetos a investigación para evitar posibles conflictos de interés. También cuestionó la actuación de los organismos electorales frente a los actos anticipados de campaña y llamó a recuperar su carácter ciudadano e independiente.
Finalmente, los representantes del PAN, PRI, PRD y SOMOS anunciaron que mantendrán una agenda conjunta de seguimiento a sus denuncias y exigencias, con el objetivo de que las autoridades competentes investiguen los señalamientos y garanticen condiciones de legalidad, transparencia e imparcialidad en el proceso electoral de 2027.
