El tren

Entretelones
Samuel Valenzuela

Anunciada para concluirse en diciembre de 2024 con una inversión de seis mil 522 millones de pesos, la reubicación de las vías del tren en Nogales mediante el libramiento ferroviario desde Ímuris, generó fantasiosas reacciones iniciales para quedar en dramática decepción social y sospechas de corrupción.

Una obra a cargo del Ejército Mexicano, convertido en el ajonjolí de todos los moles en la ejecución de fastuosas, inútiles y operativamente mal hechas obras de infraestructura durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quedó literalmente tirada, en proceso de grave deterioro de lo ya ejecutado, sin presupuesto desde hace un par de años y sin que nadie desde la oficialidad diga esta boca es mía.

Fantasmal abandono.

Muy en el pasado quedó aquel optimismo del gobernador Alfonso Durazo Montaño, quien con maqueta a la mano describía cómo luciría esa larga superficie de 68 hectáreas planas del centro de Nogales, luego de eliminar el trazo ferroviario que parte por la mitad a esa comunidad por el cruce de 35 trenes al día; de sus gestiones en diversas instancias del gobierno gringo para reubicar el cruce fronterizo unos kilómetros al este de la cabecera municipal.

Brillante la argumentación, exposición de motivos y la capacidad de gestión del mandatario estatal para que a medidos de 2023 López Obrador diera el sí, con el compromiso de concluir esa obra antes de entregar su encargo presidencial y que luego se extendió un año más, en el ejercicio fiscal de inicio de la presidente Claudia Sheinbaum en el que se le asignó un presupuesto de cero pesos ni tan siquiera para abonar a la millonaria deuda que aún se tiene con proveedores y a empresas subcontratadas, la cual dicen supera los tres mil millones de pesos.

La fantasía nogalense.

Obvio, el cabildeo con el gabacho fracasó y por ello el proyecto de la obra incluyó la perforación de un túnel de dos mil 380 metros para unir el libramiento a 200 metros del cruce fronterizo sin que instancias del gobierno norteamericano ni la empresa Union Pacific le metieran un peso a alguna obra de ampliación para estar en condiciones de dar fluidez al aumento de la carga de contenedores que llegarían desde el puerto de Guaymas, en aquel ahora casi mítico y quimera denominada Plan Sonora de Energías Sostenibles.

Ese túnel, el tercero más largo del país, elevó hasta 12 mil millones de pesos la inversión proyectada y como se trataba de una obra a cargo de la SEDENA, la opacidad, la falta de transparencia fue la marca, incluyendo múltiples denuncias de vecinos desplazados de sus espacios de vida comunitaria mediante presiones e indemnizaciones miserables, además de las relativas al daño ecológico y a lugares históricos y de proveedores víctimas de la tacañería militar.

A pesar de todo y de carecer de presupuesto, todavía en marzo de 2025 había optimismo, con un evento en todo lo alto para festinar la interconexión del túnel de referencia, lo que al parecer fue el último estertor de ese libramiento ferroviario, mientras las cuentas indican que de ser resucitado, se requerirán más de 10 mil millones de pesos adicionales, aunque aún falta evaluar daños por el abandono de obras ya realizadas, o sea, una obra proyectada con una inversión de seis mil 522 millones de pesos, superará fácilmente los 20 mil millones de pesos.

Masacre olvidada.

No por nada se le ha dado en llamar “Tren Fantasma” y su suspensión promete complicar, desestabilizar las cosas en esa región de Sonora, al anunciarse para los siguientes días, movilizaciones de proveedores, empresas subcontratadas, transportistas y demás, a quienes se les sigue debiendo alrededor de tres mil millones de pesos y pretenden obligar a pagar mediante bloqueos a la carretera de 4 carriles y la misma vía que sigue donde mismo y partiendo en dos a Nogales.

De acuerdo con abordajes mediáticos recientes, la situación ha llevado a la bancarrota a muchas de las empresas involucradas en la cadena de suministro. Varios socios comerciales incluso cerraron sus operaciones de forma definitiva debido a la falta de pago. Los gremios aseguran que la Sedena dejó de pagar a los proveedores tras la suspensión de las actividades, lo que provocó una crisis de liquidez irreversible para varios negocios. La quiebra de estas empresas representa una pérdida de capital humano y técnico para la región fronteriza y el estallido de inconformidad se prevé ocurra el Día de Acción de Gracias que se festeja en Estados Unidos el próximo jueves 26 de este mes.

Alejandro Carrillo M.

Pero. además, están las múltiples demandas de particulares cuyas viviendas han resultado dañadas en colonias al nororiente de la mancha urbana por la construcción a rajatabla del mentado túnel; por la fraudulenta valuación de propiedades por parte de Bienes y Concesiones y por los efectos de empresas y comercios aledaños por dicha obra.

En otro tema, este de añoranza histórica, obvio pasó desapercibido el Día de Luto Estatal declarado por la LX Legislatura del Estado de Sonora, para conmemorar el pasado 23 de octubre el 51 aniversario de la masacre de campesinos en San Ignacio Río Muerto ese mismo día pero de 1975 y obviamente también, pasó desapercibida la celebración de poco más de un año después cuando fueron expropiadas 37 mil hectáreas de riego y más de 60 mil de agostadero, para entregarlas a solicitantes de tierra en los valles del Yaqui y el Mayo.

Sí, derivado de los asesinatos de Juan de Dios Terán Enríquez, Rogelio Robles Ruiz, Benjamín Robles Ruiz, Rafael López Vizcarra, Miguel Gutiérrez, Enrique Félix Flores y Gildardo Gil Ochoa a manos de policías judiciales del Estado al mando de Francisco Arellano Noblecía y de elementos del ejército mexicano se decretó el reparto agrario en Sonora, no sin antes descarrilar al gobierno de Carlos Armando Biébrich un par de días después de la masacre.

Don Samuel con su nieta Paulina.

El 19 de noviembre fue por muchos años una fecha señera entre el campesinado del sur de Sonora y bajo su aura nació la legendaria Coalición de Ejidos Colectivos de los Valles del Yaqui y Mayo que generó un ejemplar modelo colectivo de organización para la producción agrícola, ganadera y forestal, que incluso además migró al cooperativismo pesquero, con el decidido apoyo de los gobernadores Alejandro Carrillo Marcor y particularmente por Samuel Ocaña García.

Miren, el tradicional ejido parcelario trabajado de forma individual, se transformó en un régimen colectivo de producción y para enfrentar retos financieros hicieron de la autogestión campesina para hacerse de maquinaria, conseguir crédito, seguros agrícolas, asistencia técnica y constituir canales de comercialización de sus productos a gran escala eliminando a intermediarios, así como crear uniones de crédito, fondos de aseguramiento y empresas comercializadoras.

Carlos Navarro L.

Nos tocó presenciar su auge y también lo que vino durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari que revirtió la colectivización de la producción agropecuaria y el cooperativismo pesquero, para regresar al ejido parcelario, a rentar esas superficies a empresas agroindustriales o a particulares y ante esa regresión a lo mejor por eso el 19 de noviembre se ha convertido en una fecha olvidada.

Dada la supuesta formación progresista de la nueva casta gobernante y dominante en Sonora, se podría esperar cierta sensibilidad política y social ante esos hechos históricos, particularmente en el caso de la conmemoración y acto de recordación de la masacre de San Ignacio Río Muerto, o sea, la declaratoria del día de luto estatal promovido por el entonces diputado Carlos Navarro López y aprobado el 27 de junio de 2013 por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales integrada por el ya citado legislador, José Abraham Mendívil, Vicente Terán, Guadalupe Gracia, Gildardo real, Juan Manuel Armenta, Everardo López, Próspero Ibarra e Ismael Valdez.

En fin, nada se puede esperar en ese sentido a los no pocos conversos al izquierdismo terlenka, porque lo cierto, en aquellos tiempos y hasta hace poco, la gran mayoría andaban en la esquina opuesta a corrientes liberales y progresistas del campo y la ciudad.

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