Gaspar Navarro Ruíz
Luego de que la gobernadora Claudia Pavlovich envió la terna de candidatos a la Fiscalía General de Justicia al Congreso del Estado para que se elija al relevo de Rodolfo Montes de Oca, el proceso transita por un camino con alfombra de terciopelo que culminará la próxima semana eligiendo al nuevo fiscal estatal
En el Congreso del Estado se preparan para realizar las entrevistas a los finalistas Claudia Indira Contreras, Jesús Cabanillas y Rafael Ramírez Leyva, para elegir a más tardar el jueves de la próxima semana al nuevo Fiscal General de Justicia, tomando en cuenta la trayectoria, probidad y trabajo de cada uno de los aspirantes.
De acuerdo a la Constitución Política de Sonora, el Congreso del Estado con base en la terna enviada por la gobernadora y previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Fiscal General de Justicia del Estado con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes dentro del plazo de diez días.
Como vemos, la Constitución de Sonora solo habla del proceso para elegir al relevo del Fiscal de Justicia estatal que había sido electo por nueve años, pero nada dice de la remoción del Fiscal Anticorrupción Odracir Espinoza ni del Fiscal Electoral Pedro Pablo Chirinos, por lo que la bancada del PAN “no debe de revolver las paridas con las preñadas” ni meterle ruido a un proceso que debe de ser de urgente y obvia resolución.
Conforme a la ley, tanto el Fiscal Anticorrupción como el Fiscal Especializado para Delitos Electorales son órganos administrativos desconcentrados adscritos a la Fiscalía General de Justicia del Estado, es decir, están subordinados al fiscal en turno actuando como ministerios públicos especializados.
En el caso de Odracir Espinoza y de Pedro Pablo Chirinos, éstos fueron designados para esa responsabilidad hasta el 2021 por el Congreso del Estado de entre una lista de varios aspirantes, y solo pueden ser removidos de sus responsabilidades por el nuevo Fiscal General de Justicia de acuerdo a sus facultades legales.
Conforme al Artículo 97 constitucional, las fiscalías Anticorrupción y para Delitos Electorales tendrán autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, cuyos titulares serán nombrados y removidos por el Fiscal General de Justicia y no por el titular del Poder Ejecutivo.
Tal vez por lo anterior, el Fiscal Anticorrupción Odracir Espinoza declaró ayer a Jael Esparza de Uniradio que esa dependencia debería de tener mayor autonomía en materia administrativa y en la toma de decisiones, sobre la designación y permanencia de funcionarios, para evitar dependencia de la Fiscalía General de Justicia.
Odracir Espinoza propone que exista permanencia e incluso inamovilidad para los fiscales porque es un tema muy especializado, y no se vale que se cambien por decisiones sin fundamentos.
No lo dijo, pero el fiscal del nombre al revés propone que no se cambien los fiscales por decisiones, caprichos, calenturas o venganzas políticas, como parece ser el caso del coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado Gildardo Real Ramírez, quien propuso que se releven a los fiscales anticorrupción y para delitos electorales porque considera que han actuado de manera partidista contra personajes y partidos de oposición.
“Nosotros opinamos que se deben ir los fiscales especiales, debe haber una limpia completa, porque si va a cambiar el secretario de Seguridad y va a cambiar el Fiscal General, que al mismo tiempo se cambie a los fiscales especializados, que empiece de cero el Sistema de Seguridad”, declaró el legislador panista.
Real Ramírez indicó que pedirán al nuevo fiscal que releve de sus cargos a los vicefiscales Anticorrupción y para Delitos Electorales, a los que considera represores de los partidos de oposición.
Bueno, una cosa es que lo pida, y otra que se lo den. Pero lo cierto es que como propone Odracir Espinoza debe de haber más autonomía del Fiscal Anticorrupción y deslindarse de la Fiscalía General de Justicia porque en dado caso de existir una presunción de corrupción en la procuración de justicia no puede morder la mano del amo ni del que le da de comer. Pero la Fiscalía Anticorrupción tiene que seguir los lineamientos nacionales, para que no le pase lo que a la perra de la tía Tencha.
COMPARECERÁN 12 FUNCIONARIOS ANTE EL CONGRESO
Para aclarar paradas del tercer informe de gobierno, y sobre temas mediáticos escandalosos, doce funcionarios estatales fueron citados por el Congreso del Estado para entrevistas públicas durante la semana próxima.
En la cita con los legisladores, los funcionarios estatales tendrán la oportunidad de aclarar dudas sobre el informe y la cuenta pública estatal del 2017, lo cual ha sido normal en las pasadas legislaturas y cuyos eventos solo han servido como pasarela de los secretarios, quienes han clavado banderillas hasta a diputados más bravos y colmilludos.
Serán llamados al pleno del Congreso (y no ante comisiones como era la costumbre hasta la llegada de la Cuarta Transformación) la semana que entra, los titulares de la Secretaría de Economía, Jorge Vidal Ahumada; de la Secretaría de Salud, Enrique Claussen Iberry; de la Contraloría General, Miguel Ángel Murillo Aispuro; del Isssteson, Pedro Ángel Contreras López; de Telemax, Daniel Hidalgo Hurtado; al Director del Transporte, Carlos Morales Buelna; del Femot, Manuel Robles Linares Vélez.
El citatorio también incluye al encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública, Ramón Mancilla Macedo; al de la Secretaría de Educación y Cultura, José Víctor Guerrero González; y al auditor mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, Jesús Ramón Moya Grijalva.
La propuesta de comparecencia incluye a los vicefiscales Odracir Espinoza Valdez, de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora y a Pedro Pablo Chirinos Benítez, de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales.
Los temas “picantes” o polémicos serán en la aclaración de notas nacionales sobre presuntos desvíos en la Secretaría de Salud y en otras dependencias señalados por la Auditoría Superior de la Federación, aún cuando las observaciones fueron mínimas y no representaron un daño patrimonial.
El tema candente será en el Isssteson, donde los diputados tendrán que ponerse las pilas para enfrentar la crisis financiera de ese instituto con una reforma a la Ley 38, aplicando una vacuna dolorosa pero efectiva para tratar de remediar sus males que lo tienen a un paso de la tumba.
Y en el Transporte, ni se diga, el director Carlos Morales Buelna, expondrá los beneficios de la requisa de 200 camiones a concesionarios, los avances para mejorar el servicio y el camino a seguir en ese sector que representa un barril sin fondo en las finanzas estatales.
Al que le tienen preparada la emboscada los diputados de oposición es al Auditor Mayor del ISAF Ramón Moya, a quien le reprobaron las cuentas públicas municipales, y según los morenos y sus aliados se baja el cero y no toca, por lo que hay quienes hasta exigieron que rodara su cabeza por motivaciones políticas porque no soportaron que resolviera con dictamen aprobatorio y de excelencia la cuenta pública estatal del 2017, pero sobre todo que avalara las cuentas de algunos municipios que están hundidos por los desfalcos financieros. (g_navarro_ruiz@hotmail.com)
