Por muchos años se luchó con fervor en México por impulsar el cumplimiento de metas de políticas públicas en los dos programas de gobierno más representativos (de 1917 a la fecha) de la igualdad social para los mexicanos: Educación y Salud.

La Educación mereció un artículo constitucional completo (el tercero) por la importancia que los constituyentes le dieron a la materia, y por las controversias que históricamente el tema había provocado desde que México se declaró como una nación con religión de Estado, así como  las posteriores luchas de la generación de la Reforma, por instaurar el laicismo como un ingrediente fundamental para la educación pública y la definición y señalamiento de las facultades del Estado mexicano para asumir su responsabilidad en ese importante rubro social.

A partir de la definición del artículo tercero constitucional, gradualmente se fueron estableciendo además de la prioridad de combatir el analfabetismo, los esquemas de la obligatoriedad de los distintos niveles educativos, empezando por la educación primaria en 1946, hasta la media superior en 2012.

¿Por qué no antes? Porque en México no se contaba ni con suficientes recursos económicos ni maestros ni escuelas para hacer efectivo el disfrute de ese derecho. ¿De qué hubiera servido la obligatoriedad si no se contaba con maestros que viajaran a las regiones más apartadas?

Los mexicanos lucharon arduamente para reducir el flagelo del analfabetismo, que era de 85% en 1930, hasta reducirlo al 5% en 2018. También para garantizar el acceso de la educación primaria al 98% de la población, y la secundaria a un 97%, que es el que se cubrió hasta el 2018.

La Salud también mereció un señalamiento —como derecho social— en la Constitución, pero fue hasta 1983 cuando el presidente Miguel de la Madrid promovió la reforma al artículo 4 para establecer que: "Toda persona tiene derecho a la protección de la salud". ¿Por qué no antes? Porque México no contaba ni con el dinero ni el personal médico, ni con la infraestructura de clínicas y hospitales para hacer efectivo el disfrute de ese derecho y, al mismo tiempo, combatir las enfermedades que por años golpearon y mataron a los mexicanos. Fue así como se amplió la cobertura médica y se erradicaron enfermedades como el sarampión, la viruela, la tosferina, el cólera, el paludismo y el tétanos neonatal, logrando que actualmente se controlen 22 enfermedades más, con millones de mexicanos que han participado en las vitales tareas de vacunación.

En el tema educativo, en el marco nacional nunca han dejado de existir las controversias. Lo mismo en un tiempo por las definiciones de los programas educativos de los presidentes Obregón, Calles y Lázaro Cárdenas —las misiones culturales, las escuelas agrícolas, los maestros desorejados y la educación socialista, entre otras— así como por los debates originados por la intervención de los privados en educación, los libros de texto y la reordenación del sistema educativo mexicano en el territorio.

Tensiones y conflictos por la organización de los trabajadores de la educación, por el tamaño del sindicato, por la participación de los gobernadores, y por la pluralidad política que ha impactado en el sindicato.

Hasta ahora, ninguna de las crisis políticas en el sector educativo ha rebasado la capacidad del sistema para atender y resolver las controversias que se han suscitado, tanto entre el SNTE y sus disidencias como entre el sindicato y el gobierno, o de ambas partes (disidencia y sindicato) contra el gobierno federal y los gobernadores. Los conflictos se han manejado siempre al nivel de los titulares de la Secretaría de Educación Pública, con la participación discrecional de los presidentes de la República. Así fue desde 1943 que se funda el SNTE, en 1958 al nacimiento del MRM y de 1979 en adelante cuando se crea la CNTE, es decir, 75 años de política educativa y política sindical. La intromisión actual en el conflicto del Presidente, marca un precedente y de ahí la dificultad de que la CNTE haga caso tanto a las propuestas del titular de la SEP como a las de la SEGOB.

Fue en la transición de gobierno en el año 2000 cuando la administración de la política educativa registró mayor invasión de la organización sindical en el manejo de la SEP. El presidente Fox —a cambio de una paz duradera, pero ficticia— le dio todo a la máxima dirigente del gremio magisterial, y la hizo crecer a grado tal que se dio el lujo de formar su propio partido político (PANAL) llevando al magisterio a una nueva dinámica política de negociaciones en estados y municipios, unas veces con el PRI otras con el PAN, otras con la CNTE y así, según conviniera al interés de la dirigente y de su propio gremio.

En el 2006 el PANAL postuló candidato presidencial propio, pero su dirigente maniobró para apostarle todo a Felipe Calderón. La dirigente magisterial cobró y Calderón le pagó bien. Le cedió el manejo de la política educativa y de prestaciones a la dirigente magisterial así como la mayoría de las delegaciones de la SEP y el ISSSTE. La CNTE despertó de su letargo y empezó a movilizarse en los Estados del sur.

La dirigente fue encarcelada en 2013 y exonerada en 2018. Los recursos que le achacaron utilizó para beneficio personal siendo dirigente magisterial no eran de procedencia ilícita —se demostró—, sino que provenían de las cuotas del magisterio y el juez terminó por sobreseer el caso al no existir culpabilidad y parte acusadora.

En la elección del 2018 la dirigente magisterial le apostó con todo al candidato de Morena Andrés Manuel López Obrador. El CEN del SNTE y el PANAL hicieron alianza con el candidato del PRI y la CNTE apostó mayoritariamente al candidato de Morena. López Obrador meditando poco sobre el tema pero buscando votos, y sin saber bien en qué consistía, les ofreció desaparecer la reforma educativa 2013 del presidente Peña Nieto, y eso los envalentonó y lo ubicaron como su principal interlocutor.

En torno a la crítica de que La evaluación es Punitiva, dice Gilberto Guevara: "La filosofía que priva en esta normatividad es que solo quienes tengan vocación, voluntad y competencia para enseñar pueden seguir en el aula. Los que no cumplan estos requisitos no pueden —no deben— seguir enseñando. Parece ser una regla draconiana. Lo es. Lo que sustenta esta regla es la superioridad ética del derecho a la educación de los niños. Es decir, no es moralmente aceptable que otro derecho se coloque por encima del derecho de los infantes".

En lo que se señala de que la reforma; "No es educativa sino laboral", dice Guevara: "No era necesario un documento oficial sobre modelo educativo para asegurar el carácter educativo de la reforma. Lo que ningún crítico podrá nunca demostrar es que exista una regla suprema, sagrada que debamos seguir todos, para desarrollar una reforma educativa. Esa es una falacia. Es falso que haya una serie de pasos que deba seguirse. Esta reforma comenzó, es verdad, con la parte más dura: Desmontar la estructura política viciada que ha obstaculizado durante décadas la mejora de la educación nacional. Es decir, comenzó por lo más importante. Es frecuente observar que quienes pronuncian la crítica de que ésta reforma no es educativa  son en realidad, personas que tienen intereses asociados con las fuerzas conservadoras que la reforma está tratando de derrotar".

Más claro ha sido Guevara Niebla hacia los detractores de la reforma educativa cuando afirman "Que se trató de una imposición del exterior: "Un mito muy difundido es la afirmación de que la reforma fue impuesta a México por un poder extranjero( llámese OCDE, Banco Mundial, FMI, neoliberalismo, etcétera). Esta idea evoca las célebres teorías de la conspiración (tan caras a nuestro no siempre bien recordado Gustavo Díaz Ordaz) pues nos remire en última instancia a las elucubraciones  perversas del nazi Alfred Rosenberg, que pensaba que la política mundial (la política en cualquier parte del planeta) era controlada por un poder supranacional: la raza judía". (GGN, Poder para el maestro, poder para la escuela Cal y Arena).

El atorado debate sobre la reforma educativa en discusión en el Congreso de la Unión, deja varias enseñanzas:

La orientación del gobierno federal de ignorar a los gobernadores de los estados —que ya implementaron la reforma— y dar prioridad a la CNTE en las negociaciones. Es decir, apostar la negociación principal con quienes solo representan menos del 9% del magisterio nacional.

Una actitud política equivocada del ejecutivo de marginar al CEN del SNTE, que a excepción de las 4 secciones que controla la CNTE, cuenta con la titularidad de la relación laboral y el control de 57 secciones.

También han errado en estimular la participación político sindical de Elba Esther Gordillo formando un nuevo partido político y creando la sensación de que regresará al liderazgo del SNTE, a sabiendas de las tensiones en lo interno con el sindicato, y con el resto de los partidos políticos.

Incapacidad política para entender el nuevo contexto de la correlación de fuerzas dentro del magisterio nacional y, en cambio, buscar culpables en factores externos como el neoliberalismo, el pasado y la conspiración externa, en lugar de asumir la nueva realidad.

Invadir a otros Poderes soslayando lo que establece el artículo 49 de la Constitución y las facultades del Poder Legislativo para la eliminación de la reforma educativa anterior.

¿Quién o quiénes ganan con el actual atorón de la reforma educativa? A ciencia cierta no sabemos quién gana; pero sí quiénes pierden. Los más de 30 millones de estudiantes ajenos a un litigio interminable.

bulmarop@gmail.com