*También se aprobó el Decreto que modifica la Ley de Atención a Víctimas, entre otras disposiciones jurídicas

Hermosillo, Son., septiembre 5 de 2019.- En cumplimiento al mandato establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero sobre todo, para cumplir el compromiso con las personas desaparecidas, con sus seres queridos y con la sociedad sonorense, la LXII Legislatura aprobó la Ley que crea la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora.

Esta normatividad permitirá que en el Estado se pueda combatir ese nefasto fenómeno en los términos de la legislación federal en la materia, pero más importante, para traer paz a las familias de las personas desaparecidas, reuniéndolas nuevamente con sus seres queridos, establece uno de los considerandos del dictamen presentado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

A la par de esta nueva Ley, el Pleno aprobó el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Sonora, como un imperativo para homologar el marco jurídico del Estado con el de la Federación en la materia, ya que de lo contrario se retrasarían los beneficios de la reforma federal para los sonorenses que son víctimas del delito. Ambos fueron presentados por la titular del Poder Ejecutivo estatal el pasado 22 de mayo.

La dictaminadora estableció que, ante la imperante necesidad de encontrar a un número cada vez mayor de personas que han desaparecido en el Estado, y ante la falta de un organismo público especializado que les ayude a buscar a sus seres queridos, la sociedad se ha organizado para hacer el trabajo que le corresponde a los servidores públicos, lo que ha dado pie a que en la entidad operen grupos como el denominado guerreras buscadoras de Sonora, al que se han unido diversas agrupaciones similares.

“Ha pasado más de un año sin que nuestro Estado cuente con este importante ente gubernamental que desafortunadamente se ha hecho necesario ante la operación de diversos grupos de la delincuencia organizada que han incrementado la desaparición forzada de personas, trastocando la paz de las familias sonorenses”, establece en otro de los considerandos.

La Ley que crea la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora se compone de 15 artículos divididos en cuatro capítulos: Disposiciones generales; Atribuciones de la Comisión Estatal; Organización de la Comisión Estatal; y Consejo Estatal Ciudadano.

Por su parte el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Sonora tiene su origen en la obligatoriedad que se impone al Estado, a través de las modificaciones a la Ley General de Víctimas publicadas el 3 de enero de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, que en su Artículo Noveno Transitorio ordena a las legislaturas de las entidades federativas realizar las modificaciones legislativas y presupuestales en un plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del mismo  (4 de enero de 2017).

“Consideramos que la iniciativa que se nos presenta es una gran oportunidad para abordar este tema desde la perspectiva de las autoridades operadoras de la Ley, lo que representa un gran avance en ese aspecto. Se amplían los alcances de la Ley para obligar a autoridades e instituciones en la materia a actuar conforme a los principios y criterios establecidos en la norma estatal y federal, así como brindar atención inmediata a las víctimas”, destaca uno de los considerandos del dictamen.

 Dicha atención especial deberá ser en las materias de salud, educación y asistencia social, bajo pena de sanciones administrativas, civiles o penales, en caso de incumplimiento. Se introduce el concepto de recursos de ayuda inmediata a las víctimas del delito, que corresponderá erogar al Estado y se fortalece la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, así como los asesores jurídicos adscritos a dicha comisión, a efecto de otorgarle mayor dinamismo en beneficio de las víctimas, entre otras acciones.

En la ordinaria de hoy, la asamblea aprobó el Decreto que reforma el Artículo 292-BIS-5 de la Ley de Hacienda del Estado, con el objeto de generar certeza y dar transparencia al destino de los recursos que ingresen a las arcas de la hacienda estatal, por concepto de la contribución establecida en el Capítulo III BIS-1 denominado: Contribución para el fortalecimiento y sostenimiento de la Cruz Roja, como lo propuso la diputada Ernestina Castro Valenzuela.

Se trata de que, si bien ya se encuentra establecida en la Ley la obligación de la ciudadanía para contribuir a favor de tan noble institución, también lo es el hecho de que actualmente no existe en la norma el imperativo de informar puntualmente sobre el uso y/o destino que se le ha dado a dichas contribuciones, tanto por la Secretaría de Hacienda estatal que recauda y entrega dichas contribuciones, como por la misma Delegación Sonora de la Cruz Roja, que es la que recibe y ejerce.

Otro Decreto aprobado es el que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Profesiones y de la Ley de Educación, ambas para el Estado de Sonora, con base a iniciativas que presentaron los diputados Fermín Trujillo Fuentes y Francisco Javier Duarte Flores, y la diputada María Magdalena Uribe Peña.

Las comisiones de Educación y de Asuntos del Trabajo decidieron -dado que ambas iniciativas tienen una finalidad común, que es establecer que el servicio social que realicen los estudiantes se considere como experiencia laboral del profesionista- que se resolvieran en un solo resolutivo, ya que ofrecen una opción viable para ayudar a los jóvenes recién egresados que necesitan contar con experiencia profesional, para incrementar sus posibilidades de conseguir un empleo afín a su rama de estudios.

El servicio social que prestan los estudiantes de las instituciones de educación superior con reconocimiento de validez oficial de estudios acreditará legalmente la experiencia profesional de los estudiantes egresados y les servirá como respaldo en el mercado laboral para conseguir un empleo, establece uno de los considerandos del dictamen.

Presentan iniciativas

En el orden del día de esta sesión ordinaria se presentaron diez iniciativas, dos con punto de Acuerdo que fueron aprobados por el Pleno, y ocho con proyectos de decreto para modificar diversas disposiciones jurídicas, las cuales turnó la Presidencia a comisiones dictaminadoras.

La diputada Ernestina Castro Valenzuela propuso reformas y adiciones a la Constitución Política del Estado de Sonora, y a las leyes de Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal, y Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora, a efecto de que los poderes del Estado ejerzan de manera independiente su presupuesto de egresos.

También para que el Poder Judicial cuente con autonomía presupuestal, lo que se traducirá en que los recursos económicos necesarios para la operatividad y crecimiento del propio órgano jurisdiccional no estén sometidos a la voluntad de un poder diverso, expuso, con lo cual se garantizará una verdadera división de poderes e independencia económica, de manera que el presupuesto de dicho Poder no pueda ser inferior al 3 por ciento del total del presupuesto de egresos del Estado.

La iniciativa se remitió para estudio a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Justicia y Derechos Humanos, mientras que la primera de estas estudiará la presentada por el diputado Jesús Alonso Montes Piña, con proyecto de ley que reforma el Artículo 67 BIS de la Constitución Política del Estado de Sonora.

Expuso que se busca maximizar el derecho fundamental consagrado en el Artículo 17 de la Constitución Federal, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

Que se atienda el derecho humano que tienen los ciudadanos sonorenses a una buena administración, como un principio de actuación para los poderes públicos, para lo cual es necesario realizar las adecuaciones legales a la Constitución local para avanzar hacia mecanismos que permitan redefinir dicha relación y revertir la desconfianza de los gobernados, sostuvo el legislador.

A nombre del grupo parlamentario del PT, la diputada María Magdalena Uribe Peña presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Artículo 5, párrafo segundo de la Ley de Hacienda del Estado, con el propósito de que quienes brinden servicios de alojamiento o albergue temporal en casas y departamentos, mediante aplicaciones y plataformas digitales, sean sujetos al Impuesto al Hospedaje.

Propuso que se les incluya explícitamente en la Ley, como sujetos de dicho impuesto del 2 por ciento, para de esta forma impulsar la recaudación estatal y se evite que la competencia desleal afecte a más de 700 empresas de servicio de alojamiento establecidas en el Estado. Fue turnada a las comisiones Segunda de Hacienda, y Fomento Económico y Turismo.

Para su análisis y dictaminación, la Presidencia turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos una iniciativa con proyecto de ley que crea la comisión para la evaluación y consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el Estado de Sonora, presentado por el grupo parlamentario del PAN.

El diputado Eduardo Urbina Lucero expuso que es oportuno y pertinente que el Estado cuente con un órgano de representación interinstitucional que propicie las condiciones para la colaboración entre instituciones públicas y privadas, con injerencia en la consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, así como para evaluar su funcionamiento y formular propuestas y recomendaciones para la mejora continua de las instituciones y de sus protocolos de actuación y coordinación.

La comisión estaría integrada, en principio, por representantes de las dependencias y unidades administrativas del Poder Ejecutivo estatal, directa o indirectamente relacionadas con esta materia, así como representantes del Legislativo involucrados con los temas de seguridad pública, justicia y derechos humanos, y del Poder Judicial, quienes en conjunto colaboren a favor de este propósito.

Enseguida presentó su iniciativa el diputado Fermín Trujillo Fuentes, con proyecto de ley que adiciona un párrafo tercero, recorriéndose en su orden los párrafos subsecuentes, al Artículo 150 de la Constitución Política del Estado de Sonora, por considerar que existe un vacío legal en dicha disposición respecto de las licitaciones públicas, al no estar armonizada con lo que establece el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“No debemos olvidar que el Artículo 150 de la Constitución local establece las bases de cumplimiento obligatorio en el manejo de los recursos públicos por parte de los servidores públicos del Estado y de los municipios, incluyendo a los organismos que gozan de autonomía constitucional”, expresó el legislador con relación a esta iniciativa que presentó de manera conjunta con el diputado Francisco Javier Duarte Flores y que estudiará la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

En el desarrollo de la ordinaria, el Pleno aprobó dos acuerdos: el primero que resuelve exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal y al Secretario de Comunicaciones y Transportes, para que implementen las acciones necesarias para concluir con concreto hidráulico la Carretera Estación Don-Nogales del Estado de Sonora, se eliminen las casetas de peaje y se castigue a los responsables por las graves irregularidades encontradas en la construcción y modernización de la obra.

A esta iniciativa de la diputada María Dolores Del Río Sánchez se sumaron los diputados del grupo parlamentario de MORENA. La diputada Ernestina Castro Valenzuela dijo que si algún reclamo cabe al respecto, éste debe dirigirse con quienes iniciaron y no terminaron la obra durante las administraciones de los ex presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

“No obstante el actual Gobierno Federal tendrá el gusto y satisfacción de entregarla a la brevedad; somos solidarios con quienes de buena fe solicitan que la obra sea terminada, pero no podemos avalar se presuponga responsabilidad alguna por parte del gobierno del presidente López Obrador, que es el primero en desear su pronta conclusión”, aseveró.

Enseguida se aprobó el Acuerdo que resuelve exhortar a los 72 ayuntamientos del Estado de Sonora, a fin de que informen y remitan o, en su caso, actualicen el reglamento correspondiente de la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Sonora, presentado por la diputada Diana Platt Salazar.

En el Artículo Segundo Transitorio de la Ley se les mandata a emitir un reglamento, para lo cual se les otorgó un término máximo de 30 días naturales a partir de la entrada en vigor, ya que de esta manera tendrán facultades y atribuciones de realizar campañas y programas educativos sobre la cultura de protección a los animales; crear y operar programas de esterilización; responder a situaciones de peligro por agresión animal; y aplicar multas y sanciones por violaciones e infracciones en materia de maltrato animal, entre otros.

En el orden del día siguieron tres iniciativas con proyectos de decreto para reformar la Ley de Gobierno y Administración Municipal, la Ley de Cambio Climático, la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y el Código de Familia, todos para el Estado de Sonora.

El diputado Rodolfo Lizárraga Arellano propuso modificar la Ley de Gobierno y Administración Municipal con el objeto de abrir a la sociedad las reuniones de comisiones de los regidores en los ayuntamientos para que la ciudadanía participe en la toma de decisiones de la administración municipal y se entere de lo que ahí se discute sobre servicios públicos, nómina y pago de deuda, entre otros.

“Con esto buscamos que las decisiones de los ayuntamientos coincidan con las necesidades de la sociedad en general y prioricen al ciudadano, y no a los intereses personales de los servidores  públicos. Además, para que se permita la participación oral y por escrito de las personas en particular o como grupo que deseen acudir a dichas reuniones de las diferentes comisiones”, aseveró el legislador.

La iniciativa será estudiada por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, mientras que la de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático estudiará la iniciativa con proyecto de decreto que modifica las leyes de cambio climático y de equilibrio ecológico, que plantean una acción de mitigación ante los efectos del cambio climático.

El diputado Héctor Raúl Castelo Montaño explicó que esto lleva consigo una obligatoriedad en la construcción y edificación de nuevas viviendas en el Estado, tanto de desarrolladores de viviendas como de particulares, para la instalación de plantas de energía solar a través de celdas fotovoltaicas, por ser la tecnología más ordinaria y práctica que actualmente es usada para sistemas domésticos y autorizada por el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE.

Otra iniciativa con proyecto de decreto fue presentada por la diputada Miroslava Luján López, con el objeto de adicionar diversas disposiciones a la Ley de los  Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y al Código de Familia para el Estado de Sonora, para establecer que las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a ser adoptados y despejar cualquier duda o interpretación errónea.

Agregó que el derecho a adoptar no existe y al supeditarse la decisión de conceder la adopción a persona o personas determinadas al interés superior del niño en un proceso judicial por encima de cualquier derecho que se quisiera hacer valer, es prueba fehaciente que lo que se está protegiendo es un derecho del menor, el cual, en el caso en análisis, es el derecho a ser adoptado.

Esta iniciativa se turnó para estudio a las comisiones de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud, y de Justicia y Derechos Humanos, en forma unida.

Antes de clausurar la sesión, el diputado Filemón Ortega Quintos presentó un posicionamiento con relación a la situación legislativa interna del Congreso del Estado, con el que hizo un llamado para que el Pleno de este Poder Legislativo instruya al Oficial Mayor para conocer cuántos decretos y acuerdos continúan sin ser atendidos por las autoridades respectivas, y quienes no dieron respuesta sean sancionados conforme a la Ley.

La próxima sesión del Pleno se citó para el martes 10 de septiembre, a las 10:00 horas.