El Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui que firma este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador, como acto resarcitorio por los agravios cometidos por el estado mexicano contra dicha etnia, por los cuales también pedirá perdón, está fincado en la demagogia, las fantasías y el engaño, sobre una realidad inexistente en materia de agua y tierras.
Hasta el momento, ese plan no supera el plano del discurso y las buenas intenciones, con proyecciones míticas sobre incorporar 60 mil nuevas hectáreas al cultivo; dotación de 600 millones de metros cúbicos de la cuenca del Río Yaqui; construcción de un acueducto para dotar de agua potable a comunidades y derechos exclusivos para pescar en el Golfo de California en le demarcación rivereña de su territorio.
Vamos, hasta los casi 12 mil millones de pesos que se prevén como inversión lucen imposibles, cuando a lo largo de los dos últimos años la inversión federal no supera los 300 millones de pesos aplicados en obras cosméticas, principalmente en vivienda.
El ceremonial de dicha firma está previsto al filo del mediodía en Vícam Pueblo y se prevé la asistencia de al menos siete de los ocho gobernadores tradicionales de esa etnia, cuya sabiduría ancestral y sus usos y costumbres que los ubican como la tribu más desconfiada del mundo, deberán ser factores para que nos les den wakabaki con el dedo y presionar para que esa solicitud de perdón venga acompañada por propuestas realizables y prácticas de beneficio inmediato y permanente.
Sí, en lugar de crear un nuevo distrito de riego sin que la cuenca del río yaqui tenga suficiente agua para regar esas adicionales 60 mil hectáreas a las 22 mil que actualmente usufructúan de forma mediocre por el rentismo, presionen para que se les paguen derechos de operación y de vía de instalaciones e infraestructura sobre su territorio, como son los casos la fibra óptica de telecomunicaciones, de Telmex y la SCT; tendido eléctrico de alta tensión de CFE; el oleoducto Guaymas-Cajeme de Pemex; las vías del tren de Ferromex y la Carretera Federal 15.
Una compensación retroactiva por dichos conceptos y módicas mensualidades con el aval del obsequioso gobierno federal, representaría un beneficio inmediato para la calidad de vida de la etnia en materia de comunitaria de salud, educación, vivienda y de servicios públicos, en lugar de esperar años para concretar operativamente un distrito de riego con la siempre incertidumbre de si lloverá o no lloverá este año y en todo caso, sacar el máximo provecho a las actuales hectáreas de cultivo o sea, acabar con el rentismo para que los beneficios de las cosechas se queden entre integrantes de la etnia.
Lo ideal sería que no se dejaran dar wakabaki con el dedo por el presidente ni por Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas; que la política federal de desagravios a pueblos originarios no sea a cosa de la sustentabilidad de una de las regiones más importantes de México en la producción de alimentos.
En todo caso, que exijan mayor colaboración del gobierno mexicano en materia de seguridad pública, cuando como se sabe, en los últimos meses el territorio yaqui ha sido escenario de levantones, ejecuciones y descarada presencia de bandas del crimen organizado, que además a escalado en altos niveles en adicciones de jóvenes de la etnia.
Miren, el presidente llega a la ramada sagrada de Vicam Pueblo un día después de darse a conocer el resultado de análisis forenses de los restos humanos encontrados en el rancho Chichiquelite en territorio de la etnia, corresponden a Fabián Sombra Miranda, Braulio Pérez Sol, Heladio Molina Zavala, Martín Hurtado Flores y Fabián Valencia Romero, vecinos de Loma de Bacum e integrantes del grupo de 11 secuestrados desde hace poco más de dos meses.
Como ven, se cumplen los peores presagios respecto al destino de esas personas, no descartándose que haya ocurrido lo mismo con el resto de los plagiados y que sin duda es una herida muy difícil de sanar al sumarse a la vileza cometida en contra del líder Tomás Rojo Valencia y firme opositor del cambalache de dar por definitivo el acueducto El Novillo que trasvasa de forma ilegal grandes volúmenes de agua hasta Hermosillo a cambio de las dádivas que ofrece el gobierno federal.
Nos comentan fuerte crispación en liderazgos de la etnia ante la rampante inseguridad que priva en su territorio por la presencia evidente del crimen organizado en comunidades como Las Guásimas, Bahía de Lobos, Potam, Vicam pueblo, Estación Corral, Tajimaroa y los puntos carreteros donde se cobra cuotas en Vicam Estación, Oros y Loma de Guamuchil, donde aseguran, el narco tiene el control, asegurándose que el secuestro de las 11 personas fue en venganza por el decomiso de una tonelada de metanfetaminas y precursores químicos por parte del ejército mexicano.
Habrá qué ver como resuelven los personeros del presidente el hecho de que el gobernador del Pueblo de Bacum, que a penas este domingo falleció a causa del Covid-19, se asegura, no participó en las reuniones ni en los acuerdos del plan de justicia, cuando de acuerdo a sus usos y costumbres, en todo acuerdo de la nación Yaqui, se requiere que estén los ocho gobiernos tradicionales legítimos en consenso y ya veremos si su relevo sí participa.
Liderazgos yaquis denuncian la ausencia de la tropa yaqui en la totalidad de las reuniones que organizan para dar seguimiento al plan de justicia, o sea, sólo está en una cuantas manos y el grueso de la población está ajena a esta dinámica, por lo que es imposible generar consensos en los términos que la Tribu Yaqui acostumbra hacerlo históricamente.
Además, el presidente llega a una región luego de un sangriento fin de semana, durante la cual resultaron muertas 17 personas en plena vía pública, más los que aparezcan después que fueron asesinados en privado, a pesar del fuerte blindaje impuesto para proteger a quienes participan en una justa beisbolera de presunta importancia mundial, y para completar el cuadro, este lunes fue colocada ofrenda floral frente a las oficinas del ISSSTE de Ciudad Obregón con amenazas de muerte contra funcionarios de dicho organismo.
En fin, Dios quiera que al nuevo gobierno estatal y de los municipios, tengan la sabiduría y la capacidad para revertir condiciones que durante sus campañas aseguraron que podían revertir, aunque a como van las cosas, dicho propósito luce improbable porque dichas cosas se perciben como peores que antes.
Por lo demás, vaya la guadaña que blandió Durazo Montaño en su conferencia de este lunes al anunciar que como medida de austeridad, a partir de ya se eliminan todas las compensaciones al salario de funcionarios de su administración, suponemos que de confianza y sindicalizados que sabemos que un buen número ha accedido a dicho beneficio en su nómina.
Pues ya no, porque de acuerdo al anuncio del mandatario estatal, sus ingresos serán de acuerdo al tabulador y el nivel contractual alcanzado, y la verdad es que el golpe será muy fuerte para quienes sobrevivan al cambio de gobierno, en tanto que los de nuevo ingreso deberán de poner a prueba su vocación de servidores públicos y atenerse a la realidad de ingresos modestos.
Sabemos que los trabajadores del gobierno del Estado reciben los correspondientes cheques quincenales que mandata el tabulador y que el 22 de cada mes reciben –no todos, en los que se refiere a empleados de base–compensaciones que igualan o superan sus ingresos mensuales sin descuentos de ninguna especie, y por eso es previsible que los ahorros de nómina sean muy cuantiosos, así como es el caso de la cancelación de renta de inmuebles donde operan dependencias de gobierno.
Tocó al contralor Guillermo Noriega Esparza sacar una espada tamaño llorarás al advertir que alrededor de cinco mil funcionarios estatales obligados serán dados de baja si para este próximo jueves no presentan su declaración patrimonial, como requisito mínimo que se exige para que funcione el Sistema Estatal Anticorrupción.
Suponemos que la mayoría de esos cinco mil servidores públicos amenazados son de nuevo ingreso, porque también suponemos que durante la gestión de Miguel Angel Murillo en la contraloría, fue un rubro muy exigido y cumplido, pero que como sea, los que se mantienen en la estructura gubernamental luego del cambio de administración, están advertidos de que ya hay una forma muy legítima para ponerlos patitas en la calle.
Sin salirnos de asuntos del Palacio de Gobierno, al enterarnos que el gobernador Alfonso Durazo Montaño tomo la protesta a Adolfo Salazar Razo como Secretario de la Consejería Jurídica, pedimos la opinión a alguien muy cercana a nuestros afectos que sabemos conoce y ha tratado al exdirigente estatal de MORENA, además de coincidir con él en sus creencias religiosas. Es chola también, pues.
Así nos contestó por escrito: “La practicante formación cristiana de Adolfo Salazar Razo es de dominio público, que si bien no riñe con su compromiso con la justicia social que lo sumó a las causas de la izquierda, lo ha mantenido distante de temas polémicos y de conflictos de orden moral como lo son el aborto, el matrimonio igualitario, que en corto ha comentado estar en contra, pero ser respetuoso de quienes lo promueven. Así como López Obrador lo hace.
“Su nombramiento como secretario de la Consejería Jurídica del Gobierno de Sonora, constituye una garantía de que todo asunto relativo a dichos temas con pretensiones de elevarlos a rango de ley, se hará un análisis serio y responsable antes de su promulgación, a partir de una visión cristiana y temerosa de Dios, sin dejarse llevar por aviadas de moda en reducidísimos segmentos de la sociedad sonorense y procurando el equilibrio entre atender a dichas minorías y respetar los arraigados valores de las grandes mayorías”.
Por nuestra parte, felicitamos a Salazar Razo por esta nueva oportunidad luego de haber obtenido calificaciones más que meritorias como dirigente de su partido
