Por irregularidades que ha observado en la Comisión Especial Plural, encargada de revisar los posibles actos de corrupción cometidos en el gobierno de Guaymas que encabezó Sara Valle Dessens (2018-2021), el activista político José Juan Ramírez Lizárraga solicitó comparecer ante ellos y expuso una serie de propuestas, en una sesión realizada la mañana del 4 de octubre.
En entrevista para el noticiero Expreso 24/7 edición matutina con Lorenza Sigala, explicó que hay elementos que hacen sospechar que podría existir un arreglo entre la administración entrante y la saliente, para que esta se vaya impune, y el primer problema que ve es una comisión viciada de origen, ya que que el presidente de esta es David Pintor Hernández, hermano del ex regidor de Sara Valle, Juan Antonio Pintor Hernández, y que el edil por el PRI, Jesús Olmedo Samaniego (que repitió función), estuvo en la Comisión de Hacienda entre 2018 y 2021, y hoy es miembro de la Comisión Especial Plural.
“No puede ser posible que personas con conflicto de intereses participen en la comisión, nos hace pensar que pudiera haber algún tipo de acuerdo porque no es lógico que habiendo 23 personas que pueden conformar esa comisión elijan a esos dos que tienen lazos tan cercanos con la anterior administración, ellos no garantizan la imparcialidad mínima, deben designar a otros regidores”, dijo.
Ramírez Lizárraga pretende que en las investigaciones que terminarán en el Congreso del Estado, se incluyan algunas de las denuncias que el interpuso anteriormente y en las que asegura hubo corrupción, como la obra pública, precios inflados en renta de maquinaria que incluso fue observada por el ISAF, y no se subsanó.
“Ahí se hizo un negocio muy grande, al precio de mercado de la renta de ciertas maquinarias le subían el 60 o 70 por ciento a cada costo por hora y queda claro que había un sobreprecio y representaba ganancia para los involucrados en el negocio, también el tema del nepotismo que dio mucho de qué hablar y que también está observado por el ISAF, y nunca fue atendida, todo lo relativo a la ‘Playa incluyente’ y el otorgamiento de finiquitos al final del trienio”, dijo.
Explicó que es esta comisión donde se deben de llevar a cabo estas inquietudes de los ciudadanos para que sean incluidas en el dictamen que van a hacer y el Congreso del Estado determine el seguimiento, que el espera que sea alguna inhabilitación, multas e incluso responsabilidades penales a quien resulte responsable.
“La intención es que no suceda lo que ha sucedido en ocasiones anteriores, que estas comisiones simulan realizar un trabajo de investigación de la administración anterior y al final no pasa nada porque no fundamentan de manera correcta todas estas irregularidades, lo que estoy haciendo es documentarlas y presentar por escrito los temas, les pongo que deben necesariamente ser incluidas en sus investigaciones”, apuntó.
Esta es la primera ocasión en que un ciudadano participa de esa manera con una comisión, aprovechando la nueva Ley de Cabildo Abierto que aprobó la anterior legislatura para que los ciudadanos puedan exponer sus propuestas en las sesiones.
