Arturo Soto Munguia
Los andares reporteriles por la fuente laboral han permitido que usted, desempleado lector, talachera lectora se enteren en este espacio antes que nadie de algunos movimientos en la Secretaría del Trabajo, como el reciente despido-renuncia de la subsecretaria América Murrieta Saldívar y otras situaciones extrañas -por decir lo menos-, como el hecho de que en la Junta de Conciliación con base en Cajeme se ha cambiado de titular cada 45 días en promedio desde que inició esta administración estatal.
También aquí les presentamos la semana pasada el caso del juicio laboral que perdió el Colegio de Sonora frente a tres investigadores cuyo despido, después de ocho meses no pudieron justificar y tuvieron que reinstalarlos.
La reinstalación es tan noticiosa como lo fue el despido al que se le dio amplia cobertura mediática en su momento, aunque no sucedió lo mismo con el juicio que ganaron los académicos gracias a un largo y pulcro litigio del que, me enteré después por interpósitas personas, estuvo a cargo del abogado Miguel Ángel Avilés Castro.
El nombre quizás le suene conocido, ya que además de ser un colaborador permanente de este medio, Avilés Castro es un prestigiado litigante que combina con maestría el ejercicio de su profesión con su otra vocación que es el periodismo y la literatura, en el que hemos coincidido desde hace muchos años.
Aun así, Avilés no suele litigar los asuntos relacionados con su profesión, pero los episodios por el que está pasando son chingaderas, y habrán de disculpar mi francés.
No alcanzaría el espacio para hacer el relato de los hechos, pero cualquier abogado (a) que haya abrazado el litigio en lugar de otros de los muchos caminos que suelen ofrecer los cargos burocráticos, sabrá la satisfacción de concluir un juicio a favor de sus representados después de ocho años.
Y entonces imagine usted lo que habrá sentido Avilés cuando se entera que, una vez reinstalados los académicos del Colson despedidos injustamente, uno de ellos decide unilateralmente y sin la mínima cortesía de avisarle, revocarle el nombramiento como apoderado legal con el obvio fin de regatearle los honorarios respectivos.
Cuando esto sucede (porque no es algo extraordinario en este y otro tipo de litigios) el cliente nombra a nuevos abogados para que lo representen, algo que Milton “N” no hizo (o si lo hizo, el nuevo apoderado legal no desea, por alguna razón, aparecer en el juicio). Tampoco señaló, por tanto, un nuevo domicilio (generalmente el del abogado) para oír notificaciones, pero no es común señalar el de la fuente de trabajo donde lo despidieron y luego lo reinstalaron.
Pues eso fue lo que hizo uno de los maestros reinstalados, a quien llamaremos Milton “N”. El asunto se está enredando más de la cuenta porque al señor Milton “N” le correspondían por salarios caídos, vacaciones y prima vacacional 848 mil pesos, monto que una vez deducida la retención por ISR (123 mil pesos) y cuotas al Isssteson (320 mil pesos), le quedarían 401 mil pesos, que es el monto sobre el cual manifiesta su intención de pagar los honorarios a Avilés.
El detalle es que ahora existe la presunción de un delito de fraude, porque al parecer las deducciones derivaron de un acuerdo entre el maestro y el Colson para reducir el monto a pagar al Isssteson, algo que la institución de seguridad social no aceptó, lo cual no es improbable considerando la mano dura de su titular y la crítica situación financiera por la que atraviesa. Y otras grillas sobre las que no abundaremos aquí pero tiene que ver con la disputa por posiciones en la estructura de gobierno, entre académicos del Colson.
Aquí el tema de fondo no es el de los honorarios al abogado (aunque es importante), sino una situación por la que pasan los litigantes con más frecuencia de la debida y tiene que ver con la deslealtad o la ingratitud del cliente cuando, ya con el asunto ganado, revoca el nombramiento al abogado cuando éste ya resolvió el litigio a su favor.
Esto se da ya por mala intención, por ignorancia o por manipulación de terceros, especialmente abogados que no litigan y desconocen el juicio pero le ‘calientan la cabeza’ al cliente para ‘piratear’ el juicio ya terminado y prácticamente nomás llegan a cobrar.
El asunto de Milton “N” está raro, porque los otros dos representados de Avilés, que también fueron reinstalados no se han presentado estos problemas.
En fin, quede el tema para la reflexión, y como un ejercicio para saber cuántos casos más de este tipo habrá en el mundo del litigio…
II
Y ya que andamos por rumbos del Isssteson, hay mucha expectativa por saber si la ‘pinche robadera’ que según el dicho de su director Jesús Manuel Acuña tiene a la institución en crisis va a quedar impune, si se van a acordar términos para resarcir los daños, si habrá convenios con las instituciones que adeudan algo así como 3 mil millones de pesos, o si el señor Acuña incurriría en el delito de omisión, que tipifica cuando alguien sabe de la comisión de un ilícito y no lo denuncia.
La crisis en el Isssteson tiene décadas a lo largo de las cuales le han venido poniendo ‘parches’, uno que otro analgésico y a veces reanimación cardiopulmonar para mantenerlo vivo. Grave pero estable, para seguir con la jerga médica.
Durante la administración de Pedro Ángel Contreras se abrieron litigios contra ayuntamientos y otras entidades afiliadas para que se pusieran al corriente con pagos pendientes y se pudo recuperar una parte, pero es claro que resultó insuficiente.
Hace poco Acuña Méndez avisó que publicaría una lista de las entidades que adeudan al Isssteson, así como sus montos, algo que por cierto ya hizo en su momento Contreras Pérez, con los resultados descritos antes, es decir, muy magros.
Aquí lo interesante es saber si la ‘pinche robadera’ tiene que ver con esos adeudos o con otras prácticas indebidas en la renta de equipos y la compra de medicinas por ejemplo, que el propio director ha enunciado, pero no ha denunciado, vaya usted a saber por qué razones.
https://www.elzancudo.com.mx/vernoticias.php?artid=31392&categoria=6
Esta historia continuará.
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