+ No hay inversión sin certeza jurídica; actúan contra el “cártel inmobiliario”; denuncias mil en Hermosillo y en Guaymas han sido comunes; Durazo recuperará terrenos entregados a particulares; forman comisiones en el Congreso; protestan más funcionarios
Agustín Rodríguez L.
GUAYMAS, Son. – El denominador común de la inversión es la certeza jurídica, término desgastado por políticos que lo insertan en sus discursos sin significado para ellos, pero hay indicadores de que eso cambia en este sexenio, para desagrado de quienes lucran en el desorden.
Mire, hace décadas se aprendió que los bienes de todos no son de nadie y puede apropiárselos alguien con pequeñas “torciditas” a la ley, y el añadido de corromper servidores facultados para calificar qué es legal o no.
Así nacieron pillerías como aquella de “comuneros” de San Fernando, reclamando propiedad de medio Municipio. Vendieron “posesiones” a cientos de víctimas carentes de respaldo oficial, ante los muros levantados entre ellos y la gente de “arriba”. ¿Qué tan arriba? Hace poco lo dijo una víctima del célebre “Cártel inmobiliario” que roba casas, terrenos y cuanto se atraviese.
En San Carlos no era raro estafar gente que invertía para pasar el invierno frente al mar. Al irse por lapsos prolongados, perdían el bien porque alguien lo compró “de buena fe”. Hasta una afanadora que limpió habitaciones unos meses, de pronto acusó no haber sido liquidada a su despido y se quedó con 100 departamentos de lujo.
Otra: el gobierno de EEUU debió intervenir en apoyo de inversionistas asociados para construir dos edificios condominales, estafados por el socio mexicano. Una de las víctimas habría sido un senador estadounidense.
Una leyenda urbana involucra a una conocida empresaria adueñada de dos residencias frente al mar y el lío legal no se resolvía, hasta que llegaron dos sujetos de aspecto siniestro y un abogado del centro del país exigiendo la devolución.
La negativa hizo parecer armas de fuego en manos de los visitantes en el ultimátum proveniente de un exfuncionario federal vinculado a la seguridad nacional durante la dictadura perfecta.
Así hay muchos inmuebles y millones en bolsillos de malandrines asociados con políticos –¿será lo mismo? --, en perjuicio del destino tan altamente promovido para, precisamente, atraer inversión.
Le comento sobre dos indicadores del avance hacia ese orden tanto tiempo demandado:
Primero, la denuncia valiente de Bertha Ruiz, divulgada por Luis Alberto Medina en su Proyecto Puente (liga: https://www.youtube.com/watch?v=iAHnabaHXjU ).
Ella fue víctima de notarios, ministerios públicos, jueces, funcionarios y de la propia procuradora de Justicia del anterior sexenio. No duda que la pasada fiscal la evadió durante un año por temor a ese cartel que habría operado con la venia de la gobernadora. Cómo, si no.
Enfrentó las consecuencias y llevó ante la ley a varios delincuentes de “cuello blanco” enriquecidos con estos abusos.
Y qué decir de propiedades del gobierno estatal vendidas durante el mandato de Armando López Nogales, aludidas por el gobernador Alfonso Durazo en entrevista al mismo comunicador, que puede escucharla al minuto 90 en esta liga: https://www.youtube.com/watch?v=zCSGWHAA26k
Es un terreno de “300 y pico” de hectáreas vendido a un particular y solamente hay una escritura pública donde un funcionario estatal reconoce que, “el ahora dueño entre comillas”, del terreno, pagó una cantidad. Pero el propio particular no puede probar que pagó y el Gobierno del Estado no tiene en sus finanzas el registro del ingreso.
Pone énfasis en su reiterada afirmación: “voy por ese terreno… voy por ese terreno. Son 300 y pico de hectáreas en el corazón de San Carlos… ¡no puede ser!”.
Antes habló de usar la presa de Hermosillo como reserva territorial para proyectos estratégicos y dejar candados “para que no se venda la tierra como la vendieron en el gobierno anterior. Quiero evitar eso y lo voy a conseguir”.
Luis Alberto le recordó negocios “oficiales” con ese tipo de proyectos, pero Durazo se defiende con el “no somos iguales” y toma al toro por los cuernos:
“Quién iba a pensar que el vado del rio se convertiría en uno de los puntos de mayor plusvalía en la ciudad. Era una locura pensar en la urbanización del vado del río”, pero “el gobernador que lo hizo, Rodolfo Félix Valdés, dejó reserva de casi 800 hectáreas y luego vinieron las pillerías. Pero tú no puedes acusar a Félix Valdés de que no hizo bien las cosas”, defiende.
Otra: “quién iba a pensar que él construiría la carretera de 4 carriles con recursos del estado. Luego vinieron las pillerías”. Fue cuando, al sexenio siguiente, se le entregó “la 4” a la Secretaría de Hacienda, por el incremento de la deuda del Gobierno del Estado.
E insiste Durazo, buscará “así sea con una modificación constitucional”, garantizar que la tierra se destine a proyectos que beneficien a Sonora.
Volviendo a las 300 hectáreas, al cuestionar sobre el particular, se apega a la ley: “Equis, deja que se concluya el proceso y en ese momento ya las cosas serán públicas”. Hay una negociación para llegar a un acuerdo, “y si no, por la vía judicial, a recuperar el patrimonio del Estado”.
Hay más, lástima que el espacio no es elástico. Acuda a la liga. Me quedo convencido de que, por fin, se tiende este mal tan dañino a la propiedad, a la certeza jurídica y al desarrollo.
COMISIONES
El Congreso estatal confirmó 15 comisiones para seguimiento al trabajo legislativo. Conocedores del tema quedan al frente y, entre otros, se escogió para presidirlas a Óscar Ortiz, David Figueroa, Próspero Valenzuela, Fermín Trujillo, Iris Sánchez, Paloma Terán, Elia Sallard y Emeterio Ochoa.
No apareció en la primera lista el guaymense Sebastián Orduño, pero sí en la segunda presidiendo la Comisión de Fiscalización. Ya aparecerá, también, Jazmín Gómez.
ALCALDES(AS) QUE CRECEN
Juan Gym, alcalde de la bellotera Nogales, cree poder entrar a la carrera por la gubernatura de Sonora en 2027, pero debe hacer fila para ese salto de longitud.
Hay apuntados representantes con palmarés mayor en esa ruta y conocedores destacan un ejemplo en la alcaldesa guaymense Karla Córdova, al ser parte del proyecto del gobernador Durazo, de hacer de Guaymas puntal del relanzamiento económico de Sonora. Eso la pone en esas alturas donde en automático, se colocaron al llegar al Senado, Lorenia Valles y Heriberto Aguilar.
Por la oposición, Antonio Astiazarán se fortaleció por su desempeño como alcalde de Hermosillo, donde mantuvo la confianza de los capitalinos para permanecer en la sede del mando Municipal, elevando su potencial de avanzar al edificio adjunto.
Habrá más entre quienes forman parte del proyecto de crear una nueva generación de políticos anunciado por el gobernador, que ya suplen a quienes por 30 años no dejaron crecer al Estado.
SIGUEN LOS CAMBIOS
La doctora Córdova formalizó nuevos nombramientos. Entre ellos, protestó como encargada de Asuntos de Gobierno la exregidora y extitular de Icreson, Itzel Ríos, muy cercana ella a los afectos de la exdiputada federal Sandra Luz Navarro.