Entretelones
Samuel Valenzuela
Samuel Valenzuela
Poco menos de dos años y medio duró Ernesto de Lucas Hopkins como titular de la Secretaría de Educación y Cultura del gobierno de Claudia Pavlovich, pero antes de irse en febrero de 2018 a tareas político-electorales de ese año, firmó contratos constitutivos del Fideicomiso de Beneficios Múltiples.
Siete años después el pasado lo alcanza, porque según demorada indagatoria y selectiva procuración de justicia, dicha figura no contaba con autorización fiscal y posibilitó el desvío de recursos de más de 287 millones de pesos, distracción que comenzó a registrarse ocho meses después de que el magdalenense dejara la titularidad de esa dependencia estatal.
Gustavo Rómulo Salas.
Miren, el también conocido como El Pato de Lucas, tuvo un giro extraño de conducta en los últimos años; renovó su círculo de amistades y desterró a las de muchos años, como es nuestro caso, no quedando de otra que aplicar criterios de reciprocidad absoluta, aunque sin efectos públicos ni mediáticos porque tampoco se trata de campañitas ni escarnios.
Desde esa perspectiva podemos abordar sin sesgos la información boletinada por la Fiscalía General de Justicia del Estado, respecto a su vinculación a proceso por el presunto delito de peculado, incluida una fe de erratas, donde se aclara su no participación directa en el desvío de recursos públicos, sino por una firma plasmada meses atrás.
Desconocemos la argumentación de la fiscalía para fundamentar la ilegalidad del citado fideicomiso y la verdad debió ser complicado llegar a esa conclusión toda vez que se trata de una denuncia radicada desde octubre de 2021 o sea hace cuatro años o poco menos porque por esa misma causa en agosto fue detenido el extitular de la SEC, Víctor Guerrero, desde nuestra perspectiva de forma injusta.
Curiel y Víctor.
En dicha indagatoria también se incluye al extitular de Hacienda, Raúl Navarro Gallegos y Francisco Alberto Curiel, exsubsecretario de Planeación de la SEC, quien al igual que Víctor sigue el proceso encarcelado, lo cual también es una gran injusticia.
Ex candidato a la presidencia municipal de Hermosillo; también al senado de la república, exdiputado federal, exdiputado local, dirigente estatal del PRI en dos ocasiones; exsecretario de Seguridad, con altos cargos en el gobierno federal y perfilado como eventual candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura en 2027, además protagonista importante en la política sonorense desde hace más de 20 años, no es cualquier cosa que se emprenda judicialmente en contra de dicho personaje.
En torno a ese asunto se tejen un sinnúmero de elucubraciones, entre ellas el evidente gusto por la grilla del fiscal Gustavo Rómulo Salas y su irreductible lealtad a las causas de la 4T en Sonora y a los intereses políticos del gobernador Alfonso Durazo Montaño, lo cual deja el término de autonomía de la FGJE en mero eufemismo.
También muy ligada a la grilla, corre la versión de que en dicha indagatoria, El Pato, Víctor, Curiel y Raúl solo son mensajeros de recados dirigidos a Manlio Fabio Beltrones por el gobernador Durazo Montaño, en función de los supuestos beneficiarios de esa lana presuntamente desviada, sin que, de ser así, aún no tenemos identidades al respecto.
Manlio Fabio Beltrones.
Sobre el propósito de sacar a de Lucas Hopkins de la carrera por la gubernatura con dichas acusaciones, la verdad no nos cuadra tal versión, ya que, si bien MC va al alza de forma acelerada con Natalia Rivera el mando en Sonora, aún sin indagatoria en su contra no es un cochi que de la lata toda vez su díscolo comportamiento y explosivos virajes de conducta que marcan su activismo político en los últimos años.
Mientras tanto, muy buenas noticias para el casi millón de habitantes del municipio de Hermosillo, al prevalecer la cordura en el Congreso del Estado y aprobar la propuesta de 10 mil 179 millones 333 mil 267 pesos de ingresos de la comuna capitalina para 2026.
Al parecer la mayoría oficialista en el legislativo sonorense aprendió la lección y no incurrió en el despropósito del año pasado al condenar a la reconducción presupuestal como artimaña en contra del posicionado alcalde Antonio Astiazarán, aunque más bien se fueron en contra del interés ciudadano y qué bien que recapacitaron en esta ocasión.
Hermosillo tiene presupuesto
Cierto, ejercieron el derecho al pataleo, pero a fin de cuentas sumarse a la unanimidad, fueron el chapulín David Figueroa y Omar del Valle Colosio, quienes con su postura dieron un paso al frente como aspirantes a la candidatura por la joya de la corona, aunque sus alegatos vayan en contra de que el ayuntamiento de Hermosillo disponga de más recursos como vía para elevar su calidad de vida.
En el ejercicio fiscal actual casi por concluir, fracasaron de forma escandalosa porque a pesar de la reconducción Antonio Astiazarán se las arregló para mantener el ritmo de la inversión en obra pública y en la mejoría de los servicios públicos y en el seguimiento de la atención a demandas ciudadanas y esa debió ser la lección aprendida para que se les instruyera de donde ya saben, de aprobar la propuesta.
Por otra parte, alcanza a Sonora el modelo de extorsión aplicado en Durango y sur de Coahuila por la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, aunque en esta entidad no la opera sujeto integrante de un cartel del crimen organizado, sino por la estructura dirigente encabezada por Carlina Lara Moreno con el apoyo de Marisela Parra Martínez y Brenda Esquer Palma.
También en Sonora.
Empresarios de distintos sectores productivos de Sonora denunciaron presuntas prácticas sistemáticas de extorsión, chantaje y simulación sindical en CATEM – Sonora, que estarían siendo ejecutadas bajo un modus operandi ya documentado en otras entidades del país, y que hoy coloca al estado en el centro de una alerta nacional por el uso fraudulento del nuevo modelo laboral, que afecta de manera directa la operación de empresas formales, la estabilidad laboral de cientos de trabajadores y el clima de inversión en la entidad.
A las citadas damas se le señala como promotoras de solicitudes de constancias de representatividad con firmas presuntamente falsificadas, sin conocimiento ni consentimiento de los trabajadores. Dichas constancias son utilizadas para exigir la firma de contratos colectivos y emplazar a huelga, generando presión económica directa sobre las empresas.
A la Carito la conocemos desde su paso como administradora de Agua de Hermosillo, luego como diputada local por el PAN y dirigente del extinto partido Fuerza Por México, así como su cercanía a los afectos de Alejandro López Caballero, así como su condición de “llanta ponchada” cuando como legisladora votaba a favor de iniciativas de los del PRI.
Ahora, luego del zipizape mediático con su líder nacional Pedro Haces en la picota por sus ligas con el narco, ella aparece ligada a denuncias públicas por amenazas y acusaciones de extorsión, junto con las otras dos dirigentes mencionadas. Al consultar a los trabajadores, las empresas han confirmado que no reconocen a estas lideresas ni han otorgado respaldo sindical alguno.
Haces y La Carito.
El esquema denunciado se refiere a emplazamientos laborales promovidos sin aval real, seguidos de exigencias de pagos mensuales o montos económicos para “desistirse” de la huelga. Empresarios califican estas prácticas como chantaje y perversión de la reforma laboral vigente desde el 1 de mayo de 2019, diseñada para fortalecer la democracia sindical y no para crear mecanismos de presión económica en contra de empresas
La preocupación se concentra especialmente en Nogales, un punto estratégico para el comercio exterior y la industria maquiladora, donde cualquier alteración al entorno laboral impacta cadenas productivas binacionales. Empresarios advierten que el temor a represalias ha inhibido denuncias públicas, pero subrayan que el problema ya alcanzó un nivel crítico que exige atención nacional.
Y sí, dicho patrón delicuencial es similar al denunciado por empresarios, ganaderos, transportistas, comerciantes y demás desde agosto pasado en aquellos lares, cuando a través de posicionamientos públicos solicitaban poner un alto a la Catem y como no se hizo nada, ya ven hasta donde escaló.
Los empresarios denunciantes hacen un llamado urgente a medios nacionales, autoridades laborales y de seguridad para encender los reflectores sobre Sonora. “Defender la reforma laboral implica impedir que se convierta en un instrumento de extorsión. Proteger la legalidad es proteger el empleo, la inversión y el Estado de derecho”, concluyen.
Haces y La Carito.