Entretelones
Samuel Valenzuela
Samuel Valenzuela
Independientemente de la confusión de cifras en materia de inversión, impacto ambiental, fechas y número de beneficiarios, alentadora la actualización de la información sobre el avance de la planta fotovoltaica en proceso de construcción en Puerto Peñasco.
Bien aprovechados por el gobernador Alfonso Durazo Montaño los vacíos de información tan tradicionales en cada arranque de año, al poner sobre la mesa el atractivo tema de la llamada a ser la planta de generación de energía solar más grande de Latinoamérica y los objetivos del socorrido Plan Sonora de Energías Sostenibles.
Licuefacción solo en maqueta.
La tercera etapa o secuencia III de esa granja de paneles para captar la energía irradiada por el Sol y convertirla en electricidad, tendrá para julio próximo una capacidad instalada de hasta 300 Megawatts poco menos del 30 por ciento de los objetivos originales de 1000 megawatts planteados al iniciar su construcción hace casi cuatro años.
Al menos ya se amarraron los 347 millones de dólares de inversión para este año, de un monto total anunciado al inicio de mil 600 millones de dólares, para convertirse así en uno de los muchos proyectos anunciados en años recientes que registra avances concretos y no por nada la evidente satisfacción del mandatario estatal al presentar los avances de la secuencia III de dicha infraestructura.
A propósito de los grandes anuncios generadores de titulares informativos durante semanas en Sonora, sería excelente una actualización sobre los avances de la construcción de la planta de licuefacción de gas natural en Puerto Libertad, en la cual la empresa Mexico Pacific Limited, invierte más de 14 mil millones de dólares.
La fantasía del litio.
Luego de denuncias sobre la amenaza ambiental y efectos supuestamente catastróficos por el tránsito de gigantescos buques en el llamado acuario del mundo, poco o nada se ha sabido de dicho proyecto, llamado a convertir a Puerto Libertad en la ventana al continente asiático como abastecedor de gas a esa región del mundo, solo por debajo de Australia, Qatar y Estados Unidos.
Según los planes iniciales, dicha planta estaría en producción en un par de años más, pero por lo pronto poco o nada se sabe sobre el trazo de 800 kilómetros de gasoducto desde Texas a través de seis municipios de Chihuahua y 10 de Sonora, y lo sabido por todos, el abandono ya tradicional de la carretera 36 norte, cuya rehabilitación quedó en un simple anuncio, así como la construcción de una ciudad satélite con todos los servicios en Puerto Libertad.
Otro anuncio espectacular con merecimientos para ser actualizado es aquel de otoño de 2021 respecto al potencial aprovechamiento del yacimiento de litio en una franja de la sierra de Sonora desde Bacadéhuachi hasta Sahuaripa, cuyas reservas estimadas andan por las 243.8 millones de toneladas.
Otro pendiente.
Como se recordará, se construyeron gigantescas expectativas sobre esa fuente de riqueza para Sonora y México, muy similar a aquella alardeada por nuestra riqueza petrolera; el nearshoring con una gigantesca planta constructora de baterías para autos eléctricos en alianza con Tesla e incluso hasta decreto presidencial hubo y se creó LitioMex que hasta la fecha dirige un wevonazo inútil de apellido Taddei y hasta fue causa de ridículos para oportunistas como la ahora conocida como dato protegido y suatos acompañantes.
Por meses fue tema recurrente y generadora de aspiracionistas esperanzas de progreso para los habitantes de esa región de Sonora y sobre todo, de información cuasi propaganda sobre el esplendoroso futuro para esta entidad, sin que desde hace meses se sepa algo, la mínima cosa, sobre ese gritoneado tema, quedándonos frustrados como eventuales administradores de la abundancia.
Desde nuestra perspectiva, esos serían los grandes pendientes para atender el derecho a saber qué pasó de los sonorenses, quedando en un plano más o menos menor aquel compromiso de enderezar curvas y construir carriles de rebase en la intrincada carretera a Yécora y Chihuahua o bien aquellos libramientos para sacar tráfico pesado de Caborca, Sonoyta y San Luis Río Colorado.
Sabemos de otros pendientes quedados a nivel de anuncios, la mayoría sujetos a la disponibilidad de recursos federales y cuya continuidad no es responsabilidad directa del gobernador Durazo, quien cuando depende de sí mismo resulta muy cumplidor, como es el caso del programa de becas estudiantiles, uniformes escolares gratuitos y otros con cargo al presupuesto estatal.
Flor Ayala.
La vamos a dejar de este tamaño porque en lo inmediato hay tema muy calientito en relación a las mentadas fotomultas, debatito insulso y pretexto para una nueva confrontación entre el ayuntamiento de Hermosillo y la aplanadora oficialista en el Congreso del Estado.
Desde nuestra perspectiva, independientemente a los accesorios jurídicos invocados para validar la imposición de dichas infracciones de tránsito, si en la ley de ingresos 2026 no aparece ese concepto recaudatorio no es legal aplicarlo.
Pero a fin de cuentas cada quien hace con su deste un papalote si así le da la gana, que en nuestro caso hemos decidido que ni nos va ni nos viene si el ayuntamiento recurre a esas fotomultas o no, porque a fin de cuentas quienes sabemos donde están instalados dichos artilugios tecnológicos, solo debemos bajar la velocidad a 50 kilómetros por hora en un tramo inferior a los 500 metros y ya luego transitar con normalidad.
El problema es para conductores foráneos a quienes además de seguras víctimas de la trampa mencionada, son sujetos codiciados por patrulleros que con pistola de radar en mano están principalmente al acecho de incautos cuyos vehículos portan placas de Estados Unidos.
Y por supuesto no nos vamos a pelear con la tesorera de la comuna Flor Ayala Robles Linares, quien de por sí ya nos trae de encargo, quizás porque no hemos hecho eco a su estrategia de posicionamiento frente a la elección de 2027, y por eso cambio y fuera.
Mauricio Ignacio Ibarra.
Por otra parte, claridosa exposición de nuestro amigo Víctor Guerrero González al describir la retorcida y pretensa procuración de justicia de la Fiscalía Anticorrupçión de Sonora a cargo del maniobrero Mauricio Ignacio Ibarra Romo, quien a estas horas de este remojado miércoles, no ha dado la cara para responder el consistente alegato que comprueba la inocencia del extitular de la SEC.
A más de cuatro meses de permanecer en prisión preventiva, Guerrero González es el único de los imputados y vinculados a proceso que se encuentra privado de su libertad por cumplir con la obligación que desde hace más de 40 años tiene el Gobierno de Sonora con docentes y empleados afiliados a la sección 54 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en la prestación de un servicio de previsión social.
En una carta pública, Víctor Guerrero sostiene que no se configura el delito de peculado que le imputa la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS), ya que los fondos involucrados son recursos privados provenientes de retenciones a la nómina de los trabajadores de la educación estatal, y no recursos públicos como afirma la autoridad. Estos recursos son retenciones de ISR, como se indica en el artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
“No existe el delito del que se me imputa, de existir debiera la Fiscalía imputar a actuales funcionarios de la SEC y Secretaría de Hacienda que operan el mismo esquema financiero para cumplir con la obligación contractual con integrantes de la Sección 54 del SNTE”, subraya en su misiva quien contrario a lo que se le imputa, en su momento denunció irregularidades e inconsistencias en la operación contra la empresa administradora de los fondos, Consulta Actuarios, lo cual de forma extraña dejó de lado la FAS.
Víctor Guerrero G.
El exfuncionario explica que estos fondos derivan de acuerdos laborales vigentes desde 1986 entre el sindicato y el Gobierno del Estado, y que su administración y destino están orientados exclusivamente al beneficio de los propios trabajadores. Guerrero enfatiza que, al no tratarse de recursos públicos, no existe el delito que se le atribuye.
En su misiva, Guerrero advierte que, en el remoto caso de que la Fiscalía logre convencer al juzgado de que los recursos son públicos y se configura el delito, debería abrirse proceso y girarse órdenes de aprehensión contra el actual y anterior Secretario de Hacienda, el actual y anterior Secretario de Educación y Cultura, así como funcionarios de ambas dependencias, ya que el esquema financiero y el programa de beneficios para los trabajadores de la Sección 54 del SNTE sigue vigente y operando bajo la misma lógica en la administración estatal actual.
Lo que antes se conocía como Plan de Beneficios Múltiples en la presente administración se renombró como Plan de Beneficios Laborales y la diferencia es que ahora los recursos retenidos se destinan a una cuenta de recursos públicos denominada “Pavimentación e infraestructura urbana para los municipios”, desde la cual realizan transferencias directamente a cuentas de la Sección 54 del SNTE.
Por supuesto que apoyamos a Víctor en sus exigencias de transparencia y libertad para que el sistema judicial resuelva el caso sin injerencias externas, y en sus reclamos para que se continúe el proceso civil contra la empresa administradora de los fondos, Consulta Actuarios, SC, denunciada por él, o sea, de denunciante resultó inculpado por delitos inexistentes.