24 de las 32 entidades del país han avanzado en la despenalización del aborto; ocho permanecen pendientes.
• Organizaciones señalan que el reto es que los avances legales se traduzcan en servicios de salud accesibles y sin barreras.
En el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, la senadora Martha Lucía Mícher Camarena señaló que garantizar el derecho de las mujeres a decidir implica avanzar en derechos, salud pública, autonomía y libertad.
En el encuentro participaron Alba Adriana Jiménez Patlán, directora general de Equidad de Género A.C.; Patricia López Romero, directora nacional de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser); Aidé García Hernández y Lilián Reyes, de Católicas por el Derecho a Decidir; así como Rebeca Ramos Duarte, directora de GIRE.
Mícher Camarena recordó que cada 28 de septiembre se conmemora una jornada que desde 1990 impulsa la despenalización del aborto en la región. Destacó que los avances son resultado de décadas de lucha de mujeres, colectivas y organizaciones feministas, y sostuvo que la criminalización no debe ser la respuesta del Estado. Subrayó que se debe garantizar información, atención médica y acompañamiento, sin que el lugar donde se vive o la condición económica limiten el ejercicio de este derecho.
Aidé García Hernández y Lilián Reyes presentaron datos del informe 2025 de Católicas por el Derecho a Decidir, según el cual 24 de las 32 entidades del país han despenalizado el aborto. A partir de información de 19 entidades, el documento identifica barreras como las distancias y costos de traslado, servicios concentrados en las capitales o con horarios limitados, falta de medicamentos y de personal no objetor, así como desconocimiento de la legislación y de la NOM-046.
Sobre la objeción de conciencia, el informe documenta retrasos, requisitos adicionales y falta de insumos o capacitación. También señala que ninguna de las entidades estudiadas cuenta con un mecanismo concreto para aplicarla y plantea que sea declarada con anticipación, tenga carácter individual y se garantice personal no objetor.
Rebeca Ramos Duarte, directora de GIRE, presentó el panorama de la regulación penal del aborto en México en 2026 e identificó ocho entidades pendientes: Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sonora y Tamaulipas. Señaló que la criminalización y el estigma no comienzan solamente cuando se abre una carpeta de investigación, sino desde la propia regulación penal y las condiciones establecidas para acceder al aborto, con efectos legales, médicos y sociales.
Patricia López Romero, directora nacional de Ddeser, informó que existen redes de acompañamiento en 18 entidades. A partir de su trabajo territorial, la organización ha identificado dificultades para acceder a información y servicios, problemas en la referencia entre unidades médicas, falta de capacitación del personal y demoras en la respuesta institucional. Durante 2026 también ha acompañado casos de adolescentes víctimas de violencia sexual que buscan interrumpir embarazos producto de esa violencia.
Alba Adriana Jiménez Patlán, directora general de Equidad de Género A.C., informó que entre 2017 y 2025 la organización acompañó 11 mil 249 casos de aborto: mil 669 por la causal de violación, 293 por la causal salud y 574 correspondientes a niñas de 14 años o menos. Además, durante 2024 realizó 85 reuniones con autoridades municipales y estatales relacionadas con el acceso al aborto legal y seguro y la mejora de los servicios.
Las cifras y experiencias presentadas muestran que cambiar las leyes es un paso fundamental, pero no el último. El desafío está en que los derechos reconocidos puedan ejercerse en la vida cotidiana, con información clara, servicios accesibles y atención oportuna. Porque un derecho que encuentra barreras para ejercerse sigue siendo un derecho pendiente para muchas mujeres, niñas y adolescentes.
En la conferencia de prensa se contó con la presencia de las y los senadores: Margarita Valdez, Ana Francis Chiquiete, Guadalupe Chavira, Alejandra Arias, Jennifer Kristel Parra, Elizabeth Fiesco, Amalia García, Beatriz Robles, Simey Olvera, Eréndira Cova, Claudia Tello, Luis Mario Baeza y Alejandro García; y Octavio Castillo, Rector de la Universidad Autónoma de Hidalgo.
https://morena.senado.gob.mx/persisten-barreras-para-garantizar-el-acceso-al-aborto-legal-en-mexico/