La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se pronunció a favor de garantizar el derecho a una muerte digna y afirmó que la regulación del tema exige un estándar de seguridad jurídica y protección de derechos, pues toda persona tiene derecho a vivir con dignidad hasta el último momento.
A través de un comunicado, explicó que una enfermedad grave, irreversible o terminal no tiene por qué disminuir los derechos de quien la padece, así como tampoco la edad, la discapacidad o la necesidad de ayuda para las actividades cotidianas.
“El debate sobre muerte digna, eutanasia o asistencia médica para morir, exige algo más que una confrontación entre la defensa de la vida y la reivindicación de la libertad, porque involucra cuestiones básicas de derechos humanos, tales como el acceso a la salud y al alivio del dolor, el consentimiento informado, la voluntad anticipada y los límites de la intervención médica”, dijo.
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En ese sentido, destacó que en los últimos años México ha avanzado en el reconocimiento de derechos relacionados con la vejez y el final de la vida, reconociendo los derechos de las personas en situación terminal para recibir un trato digno, cuidados paliativos y tratamiento del dolor, así como a otorgar o negar su consentimiento respecto de tratamientos y medicamentos, y a la expresión de su voluntad de manera anticipada. Guías y diarios de viaje
Sin embargo, enfatizó que es indispensable ir más allá y no reducirse a instaurar el derecho a decidir sobre la muerte, sino que se debe reforzar el derecho a la vida y a una vida digna.
CNDH pide garantizar vida digna y muerte digna
“No estamos hablando de establecer en México el derecho al suicidio, sino la necesidad que existe de que ambos derechos, a la vida digna y a la muerte digna, se garanticen plenamente a quienes padecen enfermedades incurables y progresivas, y que necesariamente pasa por la obligación del Estado para garantizar condiciones que permitan a las personas tomar decisiones libres e informadas respecto de sus cuerpos, sus vidas y el proceso final de su vida”, expresó.
Resaltó que en las iniciativas presentadas hasta ahora, como la Ley Trasciende, existe una orientación compatible con la progresividad de los derechos humanos porque lo que se busca es ampliar el significado de la autonomía de las personas al final de la vida, “porque la lucha por una vida digna debe alcanzar, igualmente, una muerte digna”.
Adicionalmente, indicó que la posibilidad de regulación del derecho a una muerte digna se debe plantear sin debilitar el acceso a cuidados paliativos, al tratamiento del dolor, a la debida atención médica o a los cuidados.
“Poner a las víctimas y su dignidad en el centro, supone entender sus circunstancias. Porque poder contar con medicamentos, información adecuada, cuidados paliativos y acompañamiento, cambia las condiciones en las que se toma una decisión”, expuso.
“Cuando el dolor permanece y la calidad de la vida se ve reducida sin atención, cuando la pobreza o la soledad limitan las alternativas, corresponde y es obligación del Estado reconocer esas carencias, y atenderlas. Tan simple como que el abandono estructural compromete las condiciones para ejercer la libertad y la autonomía”, agregó.
Iniciativas no deben reducirse solamente a discusión sobre eutanasia: CNDH
Señaló que la iniciativa de la Ley Trasciende y demás iniciativas relacionadas, no deben reducirse solamente a una discusión sobre eutanasia, pues representan una oportunidad para ampliar la autonomía humana, y avanzar hacia una política pública de salud universal más humana, más centrada en la persona, donde el tratamiento de una enfermedad terminal no se limite a prolongar las funciones biológicas, sino que considere integralmente la manera como enfrentan el dolor y el sufrimiento quienes viven estos procesos.
Además, abundó que la eventual regulación del tema exige un estándar de seguridad jurídica y protección de derechos, evitando que condiciones de dependencia, pobreza o discriminación condicionen o limiten una decisión realmente autónoma y con conciencia ética.
“Una eventual regulación de decisiones irreversibles al final de la vida exige garantías cuidadosas. Debe contemplar información completa, valoraciones médicas adecuadas, capacidad para comprender la decisión, ausencia de coerción y posibilidad de reconsiderarla. También necesita mecanismos para identificar violencia, intereses patrimoniales o presiones familiares, así como controles institucionales claros. Estas garantías deben proteger a la persona y permitir que su voluntad sea escuchada y respetada”, manifestó.
Asimismo, precisó que la deliberación debe incorporar la opinión de los profesionales de la salud y especialistas en bioética, pero sobre todo a las víctimas, a las personas enfermas y a quienes las cuidan, así como a las personas mayores, a las personas con discapacidad y a las comunidades indígenas.
“Progresar en materia de derechos humanos significa ampliar la libertad de las personas, no dejar a ninguna abandonada a sus circunstancias. Significa centrarse en la persona para asegurar que cada decisión sea verdaderamente libre e informada y, en este caso en especial, que nadie tenga que sufrir por falta de atención y que nadie sea privado de su voz en las decisiones más íntimas y trascendentes de su propia existencia”, concluyó.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/cndh-a-favor-de-garantizar-derecho-a-la-eutanasia-exige-regulacion-con-estandares-de-seguridad-juridica/