El agua: mercancía o bien estratégico para el desarrollo.


Por Alberto Vizcarra Ozuna

            Importante que la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, haya reconsiderado la incorporación de Sonora en el calendario programado para la realización de Foros regionales de consulta encaminados a lo que dan en llamar la Construcción de una Nueva Ley de Aguas Nacionales. Los eventos ya se están realizando en algunos estados de la república y Sonora quedó contemplado para principios del mes de agosto.

Si alguno de los asuntos nacionales, está atrapado en contraposiciones que lo dejan sin alternativas saludables, es el futuro de la política hídrica de México. Drama puesto en evidencia cuando a principios del 2015, el fallido director de CONAGUA, David Korenfeld, previo a la salida de la dependencia, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Nacional de Aguas, motejada como “ley Korenfeld”. La iniciativa no tenía mayores alcances, salvo profundizar los ajustes en el manejo y gestión del agua con disposiciones que le otorgaran facultades absolutas y verticales a la dirección de la dependencia. No querían obstáculos ni administrativos, mucho menos sociales, para acrecentar el manejo del recurso como una mercancía sujeta a proyecciones rentistas y financieras desvinculadas del desarrollo nacional.

            La “iniciativa Korenfeld”, no prosperó. Ni siquiera alcanzó a ser discutida en el pleno de la Cámara de Diputados. Se le acusó de ser un instrumento facilitador para que corporativos empresariales se llevaran la tajada del león en los esquemas de inversión público-privados relacionados con obras de gestión y manejo del agua. Desgraciadamente, hubo algo peor a la iniciativa de Korenfeld, y fue lo que se dio en llamar la “iniciativa ciudadana” en la que destaca la influencia de  organismos con matrices internacionales, como el Word Wildlife Fund (WWF) y Greenpeace, cuyo descabellado ecologismo dominó los criterios de esta iniciativa. Una oposición radical a la gestión de más agua, sostenida con un desprecio a la desalación de agua de mar y a los proyectos de infraestructura hidráulica que contemplen trasvases de cuencas hidrológicas que están retornando agua al mar hacia aquellas donde el agua es escasa y existen grandes posibilidades de desarrollo económico y producción de alimentos.

            Se exhibió mucha ideología en ese debate, pero poca preocupación por el futuro de un país que ya registra una fuerte presión hídrica (condición deficitaria) en más de una tercera parte de las cuencas hidrológicas, precisamente donde se ubica la mitad de la población mexicana, sin contar el porcentaje de cuencas en donde la demanda presente y futura las coloca en una proyección deficitaria. Son posturas que convergen en la inaceptable consideración de que el país no requiere de más agua: Unos niegan los proyectos de gestión de más agua porque la tasa de retorno monetario los declara inviables, aunque el crecimiento poblacional y el desarrollo económico los reclamen; y los otros se oponen a esos mismos proyectos haciendo una desorbitada defensa de la ecología y concediéndole a la naturaleza el poder de determinar quien vive y quien muere por falta de agua.

            En Sonora, existe un movimiento social que escapa a estas antípodas convergentes. La experiencia con las sequías recurrentes y la lucha por la defensa de las aguas del Río Yaqui en contra de la política de repartir el agua que no alcanza, como se hace con la operación ilegal del Acueducto Independencia, le han dado a amplios estratos de la población la conciencia de que se hace necesario que las deliberaciones legislativas y las leyes en materia hídrica se tiene que normar en la premisa de que el agua no es una mercancía sino un bien estratégico para el desarrollo nacional y que  México necesita más agua, mucha agua.

Ciudad Obregón, Sonora, 30 de mayo de 2019

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