Sin crecimiento económico, no hay desarrollo


 

Por Alberto Vizcarra Ozuna

 

            Apegados a la realidad de los procesos físicos, no hay manera de eludir el hecho de que para hacer posible el desarrollo resulta imprescindible el crecimiento económico. Pensar que se puede sostener el país soportado en un redistribucionismo más equitativo del presupuesto público, aunque la economía no crezca, atiende más a una creencia ideológica que a la realidad. Aunque hay una creencia de este tipo en el pensamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, no obstante, correctamente ubica la necesidad de que el país retome grandes proyectos de infraestructura como el Tren Maya, el corredor bioceánico que cruzaría el Istmo de Tehuantepec y la importancia de robustecer el frente de la petroquímica nacional.

 

            Uno de los problemas para que estos proyectos se sostengan y se concluyan, es la visión de contador que el presidente tiene en materia presupuestal y el sometimiento a los criterios de ajuste ortodoxamente neoliberales de no hacer una instrumentación adecuada del déficit presupuestal. Con este esquema se le despoja al país de la posibilidad de que el gasto público opere como un mecanismo de crédito interno, que pueda estimular el crecimiento económico y la inversión. Todo queda a expensas,  del llamado ahorro que supuestamente se extraerá del combate a la corrupción, mismo que en realidad ha terminado sustrayéndose de los recortes presupuestales aplicados en otras áreas de la economía que son indispensables para su funcionalidad, como es el caso del recorte dramático al presupuesto del campo proyectado para el ejercicio fiscal del año entrante.

 

            Someterse a la limitante de una política presupuestal ajustada a las normas neoliberales de los últimos treinta años, podría terminar frustrando incluso los proyectos ya trazados para el sureste del país. Admitir que se tendrá que descobijar a unos para poder cobijar a otros, es un procedimiento que no se podrá sostener por mucho tiempo. El presidente tiene que romper en la práctica con los candados de una política macroeconómica incapaz de generar el millón y medio de empleos que el país necesita anualmente. Lo que sí propició esa política, es la proliferación de negocios privados y una concentración vergonzosa de la riqueza en unas cuantas manos sacrificando el crecimiento económico y con ello el desarrollo y la distribución de la riqueza.

 

            El periodo del desarrollo estabilizador, tan evocado por el presidente López Obrador, resulta ser un “milagro” explicable. Crecimos económicamente de 1950 a 1970 a una tasa promedio anual del 6 por ciento, porque estábamos a la sombra y en la inercia de pos guerra, cuando las instituciones financieras internacionales, como el FMI y el Banco Mundial, atendían a los acuerdos de Bretton Woods, otorgando créditos blandos y a largo plazo, pensados para darle acceso a las naciones del tercer mundo al desarrollo y al crecimiento económico. Ese mundo se disolvió a mediados de los años setenta y emergió la globalización neoliberal en la forma de un capitalismo financiero cuya premisa es la renta monetaria como estructura parasitaria sobre las economías nacionales.

 

            A partir de entonces, el imperativo soberano del crecimiento económico de los países, entró conflicto con el sistema financiero internacional, convertido en una estructura que hizo de la política financiera una reedición del colonialismo en busca del saqueo de las materias primas y la mano de obra barata. Desde entonces se impuso la incompatibilidad del crecimiento económico nacional con los criterios especulativos de un sistema financiero internacional abocado a salvar las deudas especulativas y sus bancos a costa del sacrificio económico de las naciones deudoras.

 

            Al gobierno del presidente José López Portillo (1976-1982), le tocó encarar esta realidad internacional, y lo hizo convencido de que la falla del llamado modelo de desarrollo estabilizador, consistía en la desatención al propósito de la industrialización. Se apoyó en la capacidad financiera y de crédito que le otorgaba a México descubrirse como una potencia petrolera mundial y articuló el proyecto de industrialización más ambicioso que ha tenido el país. Fue el sexenio en el que México registró uno de los crecimientos más altos de su historia.

 

 La caída abrupta en los precios del petróleo, ocurrida en ese periodo, junto al incremento drástico en las tasas de interés, dejó a México, como a otros países de Latinoamérica sin la capacidad de pagar las deudas soberanas, que se incrementaban vertiginosamente al mismo tiempo que caían los ingresos por el derrumbe general en el precio de las materias primas.

 

El mundo financiero que enfrentó López Portillo, ha empeorado en su conducta. Sigue haciendo de su política financiera un instrumento de sometimiento con el cometido explicito de debilitar la soberanía nacional profundizando la dependencia e impidiendo la industrialización. López Obrador, ha venido posponiendo el reconocimiento de esta realidad y quiere auto convencerse de que hay un camino de coexistencia con estas políticas y las necesidades del desarrollo y el crecimiento económico nacional. Más temprano que tarde, se impondrá la evidencia de que ese camino, solo existe en la imaginación del presidente.

 

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