Las libertades individuales bajo amenaza

En días pasados, en diversos espacios periodísticos hizo erupción el tema de las reformas en ciernes al código penal vigente, que algunos analistas y abogados penalistas han calificado como auténticas amenazas a las libertades individuales y a las estructuras democráticas del país. El tema –que sin ninguna duda es de alta trascendencia por sus posibles efectos y consecuencias- brotó en forma intensa, inesperada y virulenta, y luego repentinamente quedó como en animación suspendida, pendiente de ser retomado en cualquier momento. El silencio, repentino y ominoso, me produce escalofríos y me llena de pavor.

La ruta legislativa que seguirán esas iniciativas se encuentra aún en un periodo de impasse, suspendidas entre incertidumbres y sombras [signos indudables de los tiempos actuales] por lo que es conveniente tomarlascon mesura y sin aceleramientos, en tanto se ratifican y/o desmienten. A reserva de que posteriormente se confirme la veracidad de las informaciones que anduvieron circulando, es bueno que nos mantengamos muy atentos y la expectativa, sin distraernos con las tonterías y frivolidades que a diario se manejan en las insufribles funciones “mañaneras” que se presentan en la carpa de circo que se ha instalado en Palacio Nacional.

Recogí algunos de los comentarios, opiniones y puntos de vista que logré pepenar por aquí y por allá, y que se dieron al respecto, y a continuación me permito ofrecerlos al lector, para que vaya teniendo elementos de juicio que le ayuden a normar sus propios criterios, acerca de lo que pudiera venir en los próximos días y semanas.

• El tema del arraigo, que hasta ahora solo ha sido para el caso de narcotráfico, se propone sea por cualquier delito, y por 40 días.Detención hasta por 48 horas sin necesidad de orden de aprehensión.

• Serán delito en contra de la paz pública todas las declaraciones que busquen desprestigiar (sea cierto o falso) a personas o instituciones. En pocas palabras se acabó la oportunidad de llamar corrupto o rata, a los que son ratas y corruptos, aunque se tengan pruebas. El delito estriba en decirlo, aunque se pruebe. Y también serán delitos las noticias falsas, o sea las “fake news”, siempre y cuando así lo considere un agente del ministerio público.

• Con esta reforma se podrá espiar sin problema a todos los sospechosos de delitos electorales y fiscales. Ya se imaginarán a quienes van a estar investigando. Ah, y solo basta una denuncia aunque sea anónima, porque en lugar de irse por la presunción de inocencia, ahora se procederá porque habrá presunción de culpabilidad.

• Otra propuesta hecha por Ricardo Monreal, es la de una reforma a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, y es sobre “Derecho al Olvido en Plataformas Digitales”. Chequen el texto de la iniciativa: “Contempla la eliminación y la supresión de contenidos –textos, comentarios, interacciones, imágenes, vídeos, entre otros– en medios electrónicos, plataformas digitales, buscadores y demás medios digitales, a nivel nacional e internacional, bajo la posibilidad de “cancelar de manera inmediata y definitiva” datos personales a solicitud del titular”.

• De la Suprema Corte, que invalidó los requisitos de no tener antecedentes penales o ser mexicano de nacimiento para acceder a puestos públicos.

• Anteproyecto de Reformas Constitucionales y un Nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales que da arraigo ante la acusación de cualquier delito, a solicitud del Ministerio Público (artículo 157). Arbitrariedad, indefensión y corrupción aseguradas.

• En su artículo 16, el anteproyecto de Código autoriza la intervención de comunicaciones privadas en materia fiscal y electoral. Todos estaremos expuestos a ser espiados legalmente por el gobierno.

• ¿Por qué? Razón de Estado. Chantaje y control político de por vida.

• Por una simple sospecha se pide el arraigo.

• Se pretende desaparecer al juez de control (encargado de frenar los abusos y fallas del Ministerio Público) y se establece la “averiguación judicial”: investigan el juez y el MP.

• Como dice el maestro Rodolfo Félix Cárdenas en un riguroso análisis sobre el tema, se regresa a la figura que impuso el dictador Porfirio Díaz en el Código Penal de 1880 (revertida en 1917 por Venustiano Carranza), en que una persona es investigada, procesada y juzgada por un solo juez, que además presume su culpabilidad. (artículos 309, 382 y 436 del anteproyecto de Código Penal)

• Así, no hay defensor que pueda contra un juez que acuse, investigue, valore sus propias pruebas y luego dicte sentencia.

• ¿De dónde salió ese anteproyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5, 16, 18, 19, 20, 21, 73, 76, 94, 97, 101, 102, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, entre otras cosas, impide al denunciado por el delito que sea, tener acceso a las pruebas que dice tener el MP?

• Se trata de una embestida contra las libertades políticas e individuales, y también contra las empresas establecidas en México, que –igual que todos nosotros– perderán el derecho a la imparcialidad judicial si prospera un proyecto de ese calado. Bonita forma de invitar a invertir en el país

• Alguien filtró ese documento en la víspera de ser presentado ante la Cámara de Senadores, lo que provocó que fuera frenado por miembros del gobierno, Ricardo Monreal y la Suprema Corte.

• Pero se filtró algo existente, no fue un invento de nadie

• No es el único aviso de que Morena y su 4T van por el atropello a las libertades para tener control político

• Dos veces intentó la fracción parlamentaria de ese partido en la Cámara de Diputados que ante la sospecha de evasión fiscal, la Unidad de Inteligencia Financiera pidiera al banco que congele cuentas, sin que mediara notificación de un juez

• ¿Ante quién se iba a defender el ciudadano? ¿Ante un juez? No, ante la Unidad de Inteligencia Financiera, que es juez y parte.

• El resto ya lo sabemos: prisión preventiva al igualarse la presunción de fraude fiscal a delincuencia y sujeta a extinción de dominio, antes de que un juez dictara sentencia.

• Si el sospechoso resultaba inocente, igual perdía sus propiedades que ya habrían pasado a manos del gobierno, vía el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.

• Eso se frenó, momentáneamente, gracias a la actitud valiente de la diputada morenista Lidia García, y de los diputados priistas Dulce María Sauri y Enrique Ochoa.

• Lo que no se pudo frenar fue la imposición de la nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra. Una gris funcionaria de Morena al servicio del Presidente. Adiós a la defensa del ciudadano atropellado por el gobierno.

• “Fue una decisión democrática negarle el uso de la palabra al diputado Muñoz Ledo”, se dijo cuando callaron al legislador porque la iba a cuestionar en su comparecencia.

Sí, en el equipo gobernante hay quienes no descansarán hasta negarnos la palabra a todos, y apretar al ciudadano por la vía del terror y de la coerción judicial.

¿La libertad de los mexicanos está amenazada? Los hechos parecen demostrarlo.

 

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