¿Inmunidad de rebaño o reducción de rebaño?


Por Alberto Vizcarra Ozuna

 

En días pasados, el Secretario de Salud del Estado de Sonora, Enrique Claussen, le salió al paso a la propaganda que se ha hecho en torno a la estrategia de inmunidad de rebaño frente a la pandemia, procedimiento que supone que al dejar que la enfermedad se propague sin ningún tipo de contención ni medidas de salud pública, se llega a un punto en donde la población desarrolla naturalmente la inmunidad. El apunte del secretario fue directo, al señalar que sujetar a Sonora a esa estrategia tendría como saldo  una reducción del rebaño.

 

          Y en efecto, dejar que la enfermedad curse naturalmente su dinámica de contagios, es una medida digna de las comunidades primitivas, cuando se estaba muy lejos de la existencia de los estados nacionales y del nacimiento del concepto de salud pública. Hay constancia de que en tiempos primitivos las personas mayores y los niños enfermos eran abandonados para la supervivencia de la tribu, lo mismo ocurría cuando eran atacados por una enfermedad infecto contagiosa que eliminaba a más de la mitad de sus comunidades y se alcanzaba la inmunidad de rebaño bajo el principio de la sobrevivencia del más fuerte. Proponer en estos tiempos, dejar a las personas a su propia suerte es una demanda de retorno al salvajismo y la barbarie.

 

          La salud pública, surge al calor del concepto del bienestar general que inspiró la constitución de los estados modernos consolidados en el siglo XIX, cuando se lograron avances considerables en la farmacología y la potabilización del agua, coronados con la creación de las vacunas. Esos avances terminaron de romper con los criterios que justificaban la reducción de la población a la sombra de la denominada inmunidad de rebaño. Las vacunas son el logro más importante, frecuentemente desdeñado y calumniado por los agentes promotores de la reducción del rebaño. La función de las vacunas es inducir la inmunidad de la población, para evitar mortandades innecesarias y  grandes costos sociales, morales y económicos.

 

          Aunque el subsecretario de salud, Hugo López Gatell, no instrumentó una estrategia francamente apoyado en la inmunidad de rebaño, sí hizo apología de la misma cuando sostuvo que lo mejor era lograr que el presidente Andrés Manuel López Obrador se contagiara e implícitamente la respalda cuando se niega a admitir la necesidad de la realización de pruebas como un complemento a la estrategia de sana distancia y receso de las actividades económicas no esenciales. Dejar a México como un país con el índice más bajo en la realización de pruebas impide mecanismos de aislamiento más diseccionados y precisos. Esto ha  tenido sus consecuencias: estamos rebasando los cien mil contagiados, con más de cuarenta mil sospechosos de contagio y llegamos a la frontera de los once mil muertos, cuando al inicio de la pandemia en México el subsecretario estimó que solo tendríamos cuatro mil fallecidos.

 

          A mediados de junio se estará registrando la consecuencia de la reapertura del sector maquilador, la minería y la construcción, sin la disposición del gobierno federal para la realización de pruebas que protejan a la población trabajadora. En Sonora, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, dispuso por medio del Consejo Estatal de Salud, la realización de pruebas clínicas de SAR COV 2 en las empresas que tengan más de 250 trabajadores y que estas se realicen semanalmente a un cinco por ciento del personal de las plantas.

 

          Lo que ha dispuesto el gobierno de Sonora, para atenuar el impacto que tendrá el reinicio de las actividades económicas, debería de ser considerado por el gobierno federal como el referente para  un plan nacional de pruebas sobre la población económicamente activa que permita reducir el índice de contagios y mortalidad, y así proteger el activo más importante de nuestra economía: la población trabajadora.

 

Ciudad Obregón, Sonora a 3 de junio de 2020

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