VICTORIA ELECTORAL 2018 Y ¿NEO FEDERALISMO O NEOCENTRALISMO?

Héctor Rodríguez Espinoza

Andrés Manuel López Obrador, ganador de la elección presidencial y los gobernadores dialogaron en la capital del país para abordar diversos temas.

Lo acompañaron los próximos secretarios de Hacienda, Carlos Urzúa Macías; de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo Garza.

Asistieron: de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas; de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez; de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval; de Baja California, Francisco Vega De Lamadrid;  de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis. También, de la Ciudad de México, José Ramón Amieva Gálvez; Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís; Colima, José Ignacio Peralta Sánchez; Chihuahua, Javier Corral Jurado. De Durango, José Rosas Aispuro Torres; Guanajuato, Miguel Márquez Márquez; Guerrero, Héctor Astudillo Flores; Hidalgo, Omar Fayad Meneses; del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza; de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo; Morelos, Graco Luis Ramírez; Nayarit, Antonio Echeverría García; Oaxaca, Alejandro Isamel Murat; Puebla, José Antonio Gali Fayad; y Querétaro, Francisco Domínguez Servíen, Sonora, Claudia Pavlovich  y el secretario técnico de la Conago, Rolando García Martínez.

López Obrador dio a conocer que en la primera semana de septiembre se reunirá de nueva cuenta con ellos para dialogar y mediante consultas, sobre la propuesta inicial del Presupuesto 2019.

Señaló que les solicitó su apoyo para el proceso de descentralización del gobierno federal. Acompañado por Manuel Velasco, informó que los gobernadores manifestaron su apoyo para facilitar dicho proceso y que una de sus peticiones fue la de realizar una revisión de fondo del Convenio de Coordinación Fiscal.

Destacó que se hizo el compromiso de "no castigar" a los gobiernos estatales retrasándoles la entrega de las participaciones federales, y que les dio a conocer que, como parte del plan de austeridad, se reducirá el número de delegaciones de las dependencias del gobierno federal en los estados.

DESIGNAN REPRESENTANTES

Previamente  dio a conocer a sus próximos diputados y senadores la eliminación de las delegaciones federales en los estados y sus titulares serán sustituidos por 32 coordinadores estatales de programas de desarrollo.

El objetivo, aseguró, es reducir la burocracia del gobierno federal. El vínculo entre el virtual presidente electo y los gobiernos estatales se concentrará en ellos.

Además, se pretende que los recursos federales sean ejercidos por estos representantes y no sean enviados a los gobiernos de los estados, como sucede ahora.

El próximo coordinador estatal considerado para Sonora es Jorge Taddei, Ingeniero Industrial Administrador por la Universidad de Sonora y Doctor en Ciencias de la Ingeniería por la Universidad Autónoma de Baja California, Miembro del Sistema Nacional de Investigadores y Profesor con Perfil PRODEP. Sus áreas de interés son Sustentabilidad Energética, hídrica y educativa y de la innovación.

PROS Y CONTRAS

Disminuiría burocracia, costos y potencialmente disminuiría corrupción; generaría conflicto con la autoridad del gobernador e interfiere con la soberanía estatal. ¿Qué condiciones se requieren para que funcionen bien? Que esté bien pagado, tenga conocimientos y amplia experiencia en administración pública federal, una intachable carrera, visión, disposición y capacidad para no provocar conflictos políticos estatales y/o mitigarlos si se presentan y, finalmente, que legalmente esté incapacitado para contender por la gubernatura del estado que esté coordinando.

Carlos Salazar. En Gobernadores: se acabó la fiesta, Reporte Índigo, 10 julio 2018, escribe que más de la mitad de los mandatarios estatales no sólo tendrán que lidiar con un poder ejecutivo y legislativo distinto al de sus partidos, sino que también se enfrentarán a congresos locales con una mayoría de oposición, lo que les reducirá ampliamente su margen de maniobra.

En este momento, los mandatarios en funciones, al menos la mayoría están desconcertados. La zona de confort en la que se movían prácticamente ha desaparecido. Además de tener que enfrentar su nueva realidad, tanto en la relación con el Ejecutivo y el Legislativo Federales como con los congresos locales en sus estados, de forma paralela tendrán que buscar un nuevo vínculo de entendimiento con la ciudadanía y la sociedad civil.

Algunos ya están en la segunda mitad de su mandato, otros apenas inician o están por iniciar; pero algo que quedó demostrado en los comicios es que el electorado castiga a sus gobernantes, por lo que tendrían que dar una respuesta adecuada a las exigencias de sus gobernados. El mensaje es claro: se tienen que cambiar las formas de hacer política.

“Tienen un reto, tres años por delante para enfrentar esta situación, para revertirla, porque evidentemente desde su perspectiva me imagino que no deben de sentirse cómodos con lo sucedido y menos se van a sentir cómodos cuando empiece a funcionar esta nueva forma de relacionarse”, advierte Orlando Michel, Director de la Consultoría PPAL.

Sin duda, quienes fueron considerados como ‘virreyes’ y que muchas veces tomaron sus estados como feudo personal perderán el control político que habían tenido y perderán la red de protección que por décadas les había proporcionado el gobierno federal. Es hora de que asuman el nuevo panorama político.

La transición democrática y la pluralidad en el poder abrieron la puerta a una mayor autonomía en los estados, pero en consecuencia, los gobernadores ejercieron un poder prácticamente sin contrapesos y un estilo autoritario para gobernar, todo ello no exento de múltiples denuncias de opaco manejo de recursos públicos.

“Durante los últimos 20 años los gobernadores han ejercido un poder cada vez más caciquil, sobre todo en cuanto a estilos autoritarios de gobernar y desvío de fondos. Este es un problema tanto cultural -que data desde los años 20 y 30- como institucional”, señala el académico del CIDE Andrew Paxman

RECELO

Gobernadores de diversos estados ven con recelo la medida. Entrevistados previo a su ingreso a la reunión sostuvieron que se debe analizar la situación de cada entidad federativa antes de tomar cualquier decisión. Actualmente, cada secretaría federal tiene a un representante en los 32 estados del país, para que los ciudadanos acudan ahí para hacer algún trámite o gestión.

El priísta Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila, sostuvo que va a trabajar con las decisiones que tome el gobierno federal, pero hará observaciones a la idea porque cada estado tiene sus particularidades.

“Tendrían que especificar qué es lo que realmente desaparece. Si hay un coordinador que va a estar ahí y los delegados no se van a nombrar, eso no afecta; lo que afecta realmente en mi estado son los técnicos, por ejemplo, de Conagua, donde un ganadero puede venir a hacer su trámite hasta acá, donde puede ir con quien sea el coordinador, pero tenemos miles de productores, a lo largo y ancho de Coahuila, que no lo van a poder hacer”

Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero, del PRI, indicó que deberá valorarse cualquier propuesta que venga del nuevo gobierno.

“Yo creo que son enfoques mucho muy de la nueva administración, hay que valorarlo. No todo lo innovador puede ser bueno, pero tampoco puede ser malo, y yo creo que tiene que entrar en una valoración y a eso precisamente venimos.

“Yo creo que en ningún momento nos colocaríamos en decir en este momento ‘no’. Primero hay que escucharlo. Que lo formalicen, que lo sustenten jurídicamente

Donde no ha habido coordinación seguramente no habrá problema; donde ha habido coordinación, seguramente tendremos que esperar que el camino sea, por supuesto, con las mejores intenciones de trabajar para mejorar las condiciones de estados como Guerrero, comentó.

Silvano Aureoles, perredista y gobernador de Michoacán, pidió que primero se verifique que la medida sea legal y se muestren argumentos sobre su viabilidad.

“Que se clarifique bien a qué se refiere esa figura como coordinador de gobierno. El presidente en funciones tendrá la facultad de organizar su gobierno como quiera; solamente que haya claridad y sustento jurídico”, pidió.

El priísta Alejandro Tello, gobernador de Zacatecas, hizo votos porque no sea una medida que perjudique a su entidad.

“Ojalá sea para bien de mi tierra; ojalá seamos dos sumando esfuerzos”

GERMÁN MARTÍNEZ CÁZARES

Abogado, estudió en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y en la Universidad Complutense en Madrid. Diputado Federal en dos ocasiones. Ex Secretario de la Función Pública. Ex Presidente Nacional del PAN. Catedrático del ITAM y la Universidad La Salle. Miembro de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación. Compiló el pensamiento de Carlos Castillo Peraza, "El porvenir posible", Fondo de Cultura Económica.

En Reconstruir la Presidencia, Reforma, 18 Jul. 2018 comparó con lo ocurrido los primeros días de julio del año 2000 en el rancho San Cristóbal, en las cercanías de León, Guanajuato, donde vivía Vicente Fox, justo unos días después de ganar la Presidencia de México.

En aquella reunión Fox les dijo, palabras más palabras menos, que ellos iban a gobernar "junto al Presidente", que "sólo hay un equipo: México", que el presupuesto lo construirían entre todos, y que el nombramiento de los famosos delegados del gobierno federal se haría en coordinación con ellos, "sin imposiciones". No creían lo que escuchaban. El resultado: muchos gobernadores -no todos, claro- se sintieron intocables, el Poder Ejecutivo de la Unión disminuyó su eficacia territorial, y los delegados se nombraron en rebatingas partidistas. (También el gasto federal se autorizó con las prioridades y, en no pocos casos, caprichos y ocurrencias locales, sin ninguna vertebración nacional).

El triunfo de López Obrador quiere desandar ese camino, y restaurar, regenerar, una Presidencia eficiente y responsable en todo el territorio. Por eso Andrés Manuel nombró a 32 coordinadores estatales para reconstruir, desde la democracia, una Presidencia fuerte. ¿No es una defensa de las pillerías de los gobiernos locales el ataque a esta decisión? ¿No eran unos virreyes sexenales los Duartes, Borge o Yarrington que actuaban con la mirada cómplice de muchos de los delegados federales? Hospitales, carreteras, compras, se decidieron en un esquema de complicidad entre funcionarios federales y estatales. Complicidad pura y dura.

"Una de las razones por la que en años recientes la figura del gobernador ha parecido tan autócrata, tan corrupta y, por ende, tan despreciada -escribió recientemente Andrew Paxman- es la existencia de una cultura política arraigada a nivel estatal, según la cual muchos gobernadores se consideran autorizados a ejercer un poder absoluto y a incurrir en abusos de derechos civiles, violencia represora, gasto excesivo, falta de transparencia, cooptación de la prensa, desvío de fondos, nepotismo, machismo desenfrenado, impunidad y falta de empatía frente a las necesidades y el sufrimiento del pueblo" (Los gobernadores: caciques del pasado y del presente. Junio 2018. Grijalbo. p. 10).

Romper de tajo con ese poder local, muchas veces cleptocrático, es prioritario para acabar con la corrupción. Son escandalosas las cifras anuales del "monto por aclarar" del gasto federalizado programable. En el reporte de la cuenta pública 2017 esa cifra asciende en el Estado de México a 883 millones de pesos, Michoacán 529, Sinaloa 590, Tamaulipas 498, Veracruz 593, Baja California 104, Oaxaca 202, Tlaxcala 148. ¿Y todavía quieren a los delegados federales a su servicio? ¿Cuánto de ese dinero se pierde en contubernio entre autoridades estatales y federales?

La "enseñanza local" de la pasada elección federal, donde muchos gobiernos perdieron "sus" mayorías congresionales, es el hartazgo ciudadano con ese estilo de mando en las entidades federativas, que Andrew Paxman no dudó en calificar de "insólitamente caciquil y corrupto".

EDUARDO R. HUCHIM

Periodista, escritor y, entre 1999 y 2006, miembro del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, donde presidió la Comisión de Fiscalización. Entre sus libros figuran El sistema se cae (Grijalbo, 1996), Las conjuras (novela, Grijalbo, 1997), Las nuevas elecciones (Plaza y Janés, 1997), Medios de comunicación (Santillana, 2002) y Qué pex con el voto (Terracota, 2006).

En Delegados, salarios, arcoíris, Reforma, 18 Jul. 2018, pregunta: ¿Qué hicieron los delegados federales en los estados, ante los excesos y depredación de los presupuestos públicos a cargo de gobernadores como Javier Duarte, Roberto Borge, César Duarte y Guillermo Padrés?

Más allá de sus deberes concretos en cada sector, la obligación de los delegados es vigilar la correcta aplicación de los programas federales en las entidades y ser lo que coloquialmente puede definirse como los ojos y oídos del gobierno federal. En la práctica, sin embargo, sobre todo en este sexenio, muchos de esos funcionarios fueron designados por recomendación o, al menos, con el visto bueno de los gobernadores.

Así, muchos ojos y oídos estaban condicionados. Si el gobernador decidía apropiarse de recursos presupuestales, o bien desviar recursos a campañas políticas, los delegados actuaban como Mizaru, Kikazaru e Iwazaru, los míticos monos que no ven, ni oyen, ni hablan. Lo que muchos -no todos- sí hacían, y lo hacían bien, era incrementar su patrimonio con parte de tales recursos públicos mal empleados.

En este escenario, es claro que resulta difícil justificar la existencia de tales funcionarios, cuyo número actual es de entre 50 y 60 en cada estado, cada uno con su respectiva burocracia. Con las necesarias excepciones, su existencia ha resultado poco útil y muy onerosa. Tiene sentido, entonces, la intención del próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de desaparecer ese esquema y lograr el ahorro de dinero público, tan necesario para otros fines.

Sin embargo, el proyecto lleva de la obesidad actual a la "famelitud". Pasar de 60 a uno, como lo anunció AMLO, no parece una buena idea, aunque el esquema anterior resulte indefendible.

Pasemos por alto las adjetivaciones de virreyes, cónsules, procónsules, "siembra" de candidatos, daño al federalismo y similares. Pensemos sólo en la necesidad de que la relación Gobierno Federal-estados sea armoniosa y eficaz, en un marco en que parte sustantiva de los ingresos estatales tienen procedencia federal. Bien ejercidas, las funciones de coordinación y vigilancia de los delegados pueden resultar muy útiles y abonar a la optimización en el uso de los fondos federales.

En consecuencia, debería el nuevo gobierno darle una segunda mirada al proyecto de nombrar un solo delegado que, en efecto, concentraría un gran peso respecto de los poderes locales, pero también ofrecería una visión única sobre asuntos cuya diversidad hace prácticamente imposible que un solo hombre o una sola mujer puedan entender, asimilar y transmitir. Aun cuando se tengan equipos especializados, la multiplicidad de los asuntos gubernamentales hace poco aconsejable la unicidad en la representación. Más sensato parece definir un cierto número de áreas y nombrar, de acuerdo con las particularidades de cada estado, un titular específico para cada una, si bien estableciendo un total máximo y razonable.

Las buenas intenciones del nuevo gobierno deben ser sometidas a análisis rigurosos, tanto en su factibilidad presupuestal como en sus consecuencias futuras. Por ejemplo y respecto de las reducciones de salarios: ¿hay un estudio previo sobre qué porcentaje de funcionarios de alto nivel estarían dispuestos a aceptar ingresos que fácilmente pueden ser duplicados en el sector privado? Es presumible la decisión de "que se vayan", con la idea de que siempre habrá quien acepte ingresos medios, pero no todo es asunto de pesos y centavos, sino también de capacidades y experiencia. La austeridad no debe ser cobijo de ineficacias e improvisaciones, muy comunes cuando se emplea a personal no calificado. Además, ¿se ha previsto la forma de resolver los problemas tabulares que se generarán y que aun ahora producen inequidades en el gobierno federal?

Las grandes expectativas que ha generado AMLO pueden frustrarse si se toman decisiones que, como el arcoíris, pintan bien en el horizonte, pero su belleza es efímera.

HÉCTOR AGUILAR CAMÍN

En El pacto federal para Morena, Milenio, 19 julio 2018 expresa:

"La centralización que anticipan los lineamientos de gobierno de López Obrador apenas puede exagerarse. Solo en el lineamiento 26, de los 50 enunciados para “combatir a corrupción” y establecer la “austeridad republicana”, se dice que el gobierno federal tendrá una sola oficialía mayor, una sola contraloría, una sola oficina de prensa, una sola oficina de compras y un solo delegado o representante federal en cada estado de la República."

 … López Obrador explicó que el país será dividido en 250 o 300 regiones, cuyas demandas serán la base administrativa y política de la acción federal en los estados. Cada uno tendrá un número distinto de “regiones” y habrá un comisionado único por región. Problemas legales aparte, el diseño anunciado supone una nueva arquitectura del pacto federal. El nuevo gobierno levantará una pirámide paralela de poder y administración estatal, en representación única del Ejecutivo federal. Se han sugerido ya sus semejanzas con otras famosas figuras de centralización: los prefectos napoleónicos de la Francia posrrevolucionaria o los jefes políticos de la época porfiriana. Se trata de un cambio radical de diseño en el federalismo mexicano y de la ocupación partidista del aparato resultante. La estructura paralela del nuevo federalismo en los estados será hija de Morena, los coordinadores federales de Morena, igual que los de las “regiones”. Nadie en su sano juicio puede defender la ineficacia institucional vigente del federalismo mexicano. Pero nadie puede celebrar la centralización partidista anunciada, el modelo de jefes políticos y prefectos federales entregados a Morena para garantizar que los programas federales bajen al territorio.