Costa de Hermosillo, sede de conflictos políticos e intereses partidistas



Desde finales de los años 90’s, el Poblado Miguel Alemán -y todas las comunidades rurales de la Costa de Hermosillo- han sido tomados más en cuenta como un bastión político con el cual se han podido definir -los triunfos y las derrotas- de las elecciones constitucionales que corresponden a esta capital.

Esto por el simple hecho de que esta región es la comunidad rural más grande de Hermosillo (de Sonora y quizá de todo México), razón por la cual cuenta con un padrón electoral muy numeroso.

Con el paso de los años, las autoridades que antes han ido a pedir el voto a esos lugares, empezaron a regresar para cumplir (a medias) las promesas que hicieron a sus habitantes durante sus campañas.

A años 20 de aquella primera elección que favoreció al PAN -y que llevó a Jorge Valencia Juillerart a la Presidencia Municipal de Hermosillo-, las fuerzas políticas se siguen peleando, pero ahora por el próximo botín electoral que habrá de definirse el mes de julio del 2018.

Para lograr este propósito, no solamente han promovido el voto y el acercamiento de los partidos con los electorales (ejerciendo incluso acciones sociales); sino que han tomado cualquier pretexto que llame la atención de la gente y que favorezca a sus intereses.

Quiero comentarles que a raíz de las 21 concesiones de transporte de pasaje sub urbano que se entregaron de manera irregular durante el sexenio pasado, las fuerzas políticas empezaron a trabajar en un plan que ha provocado reyertas que exhiben a Hermosillo y a Sonora como una región en la que -aparentemente- no hay acuerdos ni tampoco respeto a la ley.

Las bases panistas asentadas en la Costa de Hermosillo, han obedecido las instrucciones de su cúpula para presionar a la Dirección General del Transporte del Estado no solo para que les regresen las 21 concesiones que les fueron canceladas; sino para denostar el trabajo que actualmente están haciendo las autoridades estatales y municipales.

En pocas palabras, su intención es evidenciarse como “víctimas del gobierno”.

Dicha acción política -de parte de los liderazgos y operadores del PAN- quedó comprobada en una reunión previa en la cual planearon el plantón de siete horas que hicieron sobre la carretera Hermosillo-Bahía de Kino -a la altura del tramo conocido como “Siete Cerros”- el pasado 31 de marzo.

Para poder convencer a que acudieran los manifestantes, se dijo que los autores intelectuales mandaron pagar hasta 300 pesos por persona.

Lamentablemente, a esta reducida aglomeración llevaron niños, amas de casa y estudiantes que perdieron su día de clases.

Al presentarse las fuerzas policiales, como usted lo sabe, empezaron a desalojar a los manifestantes utilizando rifles con balas de goma, proyectil que aunque fuera de engrudo de todas maneras duele.

El error en esta operación por parte de los muchachitos de Adolfo García Morales (secretario de Seguridad Pública en Sonora), es que en una oportuna imagen de un reportero gráfico, se ve a un oficial apuntando (al parecer en un paneo con cámara de video) a un padre de familia que lleva a dos niños agarrados de la mano.

Obvio que la imagen de video congelada a foto (truqueada o no) se convirtió en viral en redes sociales y provocó el repudio de la población no solo de Sonora, sino de otras partes del país y hasta del extranjero.

Eso fue algo que el PAN capitalizó para su campaña mediática.

De hecho, muchos críticos asumieron que esa imagen era similar a las que vemos comúnmente -en las noticias internacionales- durante las guerras del Medio Oriente.

El ex secretario de Gobierno y hoy prófugo de la justicia, Roberto Romero López; el ex director general del Transporte Público en la entidad, Prisciliano Meléndrez Barrios; el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, Damián Zepeda Vidales; y el actual presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del mismo partido, David Galván Cázares; son señalados como los autores intelectuales de estos hechos que afectaron a miles de automovilistas y pasajeros que iban o venían a Hermosillo, La Costa o Bahía de Kino.

Otros involucrados en estos señalamientos son Eleuterio “Chapo” López, dueño del restaurante “Los Chapos” (donde realizaron la reunión previa al bloqueo); Jesús Ramón Díaz Beltrán, presidente del Comité Municipal del PAN en Hermosillo; Alberto Laprada León, activista foráneo que trabaja en el Omapas de Agua Prieta; y Juana María Gutiérrez Escamilla, lideresa del Poblado Miguel Alemán.

También se incluye la participación de Karla Valeria Pérez López y María de Jesús López de Pérez, hija y esposa del ex comisario del Poblado Miguel Alemán, Gustavo Pérez.

De la misma forma el magnate del transporte en la Costa de Hermosillo, Ramón Armando Moreno Aguilar, conocido como “El Camisetas”, quien cuenta con 44 concesiones de transporte en varias modalidades (camiones de pasaje al interior del poblado, agrícolas y de carga).

Recordemos que algunas de las concesiones de “El Camisetas”, se las entregaron durante el sexenio anterior, pues extraoficialmente se dice que fueron poco más de 5 mil las que expidió el Gobierno del Estado encabezado por Guillermo Padrés Elías.

Por fuentes sumamente confiables, se sabe que el ex coordinador operativo de la Dirección General del Transporte, Mario Everardo Samayoa Gallardo, era el primer contacto para entregarle el “moche” al jurídico Luis Alberto Cházaro Iwaya, quien a su vez “se ponía la del Puebla” con el titular Prisciliano Meléndrez Barrios, hasta llegar con Roberto Romero López que en su calidad de Secretario de Gobierno parecía intocable.

Pero aquí les tengo un dato más extraordinario:

Las concesiones que fueron otorgadas “oficialmente” el 21 de agosto del 2014 a los operadores políticos del Poblado Miguel Alemán y sus alrededores, ya habían “gozado” de un período de gracia al prestar el servicio desde el 2012 bajo el formato de “permiso provisional”.

Al entrar la nueva Administración Estatal y al atender las demandas de las empresas que formalmente han prestado el servicio por más de 40 años (Autobuses Mixtos de Hermosillo y Transportes de la Costa de Hermosillo), se exigió -por medio de la Dirección General del Transporte- a los nuevos “concesionarios” cumplir con la normatividad que indica le ley.

Como respuesta solamente hicieron caso omiso a tales recomendaciones; siendo estas: contar con una terminal para que subiera y bajara el pasaje. Es decir, un edificio en el cual hubiera taquillas, sala de espera, baños, cajones vehiculares para ascenso y descenso, entre otros requerimientos.

En un acto de evidente omisión, los 21 concesionarios siguieron trabajando de manera irregular en la acera sur del Parque Madero y también de El Mundito, lo cual provocó una serie de inconformidades de los vecinos del centro de la ciudad, ya que los usuarios hacían sus necesidades fisiológicas al aire libre.

¿Dónde más?, si no había baños.

Ante esta situación insalubre registrada a partir del 2012, los vecinos del patronato del sector, -encabezados por Germán Cázarez Sánchez- formalizaron en febrero del 2015 sus quejas ante las Dirección General del Transporte, Salud Municipal y Estatal, Seguridad Pública y otras instancias de los dos niveles; pero a final de cuentas le dieron palo.

No les hicieron caso, pues.

Y debido a esta negativa por parte de las autoridades, optaron por enviar una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Sonora que preside Raúl Ramírez, instancia que emitió una serie de recomendaciones a las autoridades aludidas; pero aquí tampoco hicieron caso los funcionarios panistas que todavía en ese tiempo detentaban el Poder Ejecutivo en Sonora y en Hermosillo.

Otra irregularidad que nunca quisieron solventar los concesionarios ligados a las filas del PAN, es que subían y bajaban pasaje en la calle, como si fuesen camiones urbanos de la localidad.

A más de 15 días de los hechos registrados en la carretera Hermosillo-Bahía de Kino, las autoridades de Seguridad Pública han inhabilitado (con proyecto de cesarlo, me han dicho) al elemento que apuntó con el arma al papá y a sus dos hijos.

No importa que la amenaza haya sido con balas de goma.

Pero también, hemos visto que los dos niveles de gobierno más cercano a esta comunidad (el estatal y el municipal) han hecho valer el Estado de Derecho de los concesionarios que legalmente han trabajado por más de 40 años en esta región.

En vista de lo ocurrido, me queda claro que al menos los panistas de la Costa de Hermosillo -y los que encabezan la cúpula- no quieren que se resuelvan los problemas; sino que se generen condiciones para culpar de cualquier situación a los priistas que actualmente detentan todos los puestos en los tres niveles de gobierno, fijando incluso sus pronunciamientos con fines electorales y pocas veces pensando en el bienestar de esta sociedad tan vulnerable que incluso es considerada como una de la zonas más pobres del país.

Qué bueno sería que todas las irregularidades que se detectaron en la entrega-recepción de septiembre y octubre del 2015, tuvieran un seguimiento por parte de la Contraloría Estatal que encabeza Miguel Angel Murillo Aispuro; de igual forma la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS) a cargo de Odracir Espinosa y hasta la Fiscalía General de Justicia en el Estado (FGJE) que dirige Rodolfo Montes de Oca.

Conocedores de este tema me dicen que, en caso de que los órganos de control entren a auditar, encontrarían muchas otras sorpresas.

Para empezar, recordemos, andan "perdidos" miles de expedientes de las concesiones que se vendieron durante el sexenio anterior.

Bueno, amigos. Hoy por ser inicio de la segunda semana vacacional, los dejo reflexionando todavía más sobre las bondades que nos da la vida.

Que tengan buen día.

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