¿Violo CEDH derechos humanos?

¿Violo CEDH derechos humanos?


 

Por: Marco Antonio Andrade Aguirre

andrade.aguirre@hotmail.com

Dicen que todos los adjetivos del mundo pueden aplicarse para calificar el desempeño de la CEDH en los últimos años. Cuestionable, insensible, negligente, ineficiente, irresponsable, arbitraria, subordinada, fallida, autoritaria y, sobre todo, partidizada.

La realidad concreta y objetiva basada en los datos duros publicados en el portal del organismo es reveladora. Durante el 2017 la CEDH emitió 21 recomendaciones y dejo pendientes de resolver 39 juicios en su contra. Fue más el litigio que el trabajo.

Los nuevos indicadores de evaluación de resultados aplicables a funcionarios y autoridades pudieran determinar la situación real en que se encuentra actualmente la CEDH.

El propósito seria corregir y diseñar mejores procedimientos para garantizar la atención y  protección a los derechos de las personas; además de evitar decisiones discrecionales para despedir trabajadores a quienes les negaron el reconocimiento de sus derechos adquiridos para ser reinstalados o indemnizados en los términos ya resueltos por autoridades locales y confirmados por juzgados federales.

Sin embargo, la falta más grave cometida en contra de las mujeres y hombres injustificadamente despedidos, además de la afectación a sus familias, es la insólita violación a sus derechos humanos por parte del organismo encargado de protegerlos.

Alguien debió advertir a la CEDH que las prestaciones de sus empleados y funcionarios, independientemente de su contratación o ingreso por nombramiento, están consideradas como un derecho humano del trabajador, tal y como lo señala la ley laboral al establecer que: “Se entiende por trabajo digno o decente aquel en que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador…” Inclusive, nuestra Carta Magna obliga a que “todas las autoridades tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos...”, cuya responsabilidad constitucional corresponde, paradójicamente, a la propia CEDH.

También olvidaron que ante la duda por interpretación de leyes o del reglamento interno del régimen laboral de la CEDH, derogado sin mayor análisis en enero del 2014 por el Congreso del Estado, están obligados a recurrir al principio pro-persona con el propósito de aplicar la norma más favorable a los derechos e intereses del trabajador, tal y como lo contemplan los artículos 2, 6 y 18 la Ley Federal del Trabajo, incluyendo diversas jurisprudencias de la SCJN y criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.       

Con la intransigente negativa a reconocer el derecho de reinstalación o el pago de los juicios laborales, muchos de los cuales son cosa juzgada o sentencias definitivas que la CEDH se niega a cumplir voluntariamente, se infringieron diversos Tratados Internacionales que, junto a nuestra Carta Magna, consideran a los derechos laborales como verdaderos derechos humanos.

Como consecuencia del despido masivo de empleados el 2010, que a la fecha no han tenido la sensibilidad ni la voluntad para conciliar y negociar el tema, no obstante los costos financieros por salarios caídos, así como el daño causado a la imagen del organismo, la CEDH violo la Declaración Universal de los Derechos Humanos en sus artículos 8, 10, 22, 23 y 25, así como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en sus numerales 16, 17, 18 y 37, respectivamente.

Por igual, paso por encima de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocido como el Pacto de San José en sus artículos 24 y 25. Se infringió también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en sus artículos 5 y14; incluyendo los dispositivos 6, 7 y 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Sin mencionar otros instrumentos como el Convenio para la Organización Internacional del Trabajo aplicables a la protección universal de los derechos humanos de los trabajadores, mismos que en su conjunto representan principios obligatorios y derechos irrenunciables.

OTROS CASOS DE LA VIDA REAL

Muchos son los casos cuestionables a determinadas actuaciones que evidenciaron las deficiencias operativas del organismo o la indolencia de sus funcionarios.

Se emitieron recomendaciones absurdas como ocurrió con la 73/2013 donde la propia Comisión Nacional ordeno sancionar por negligencia, impericia y notoria deficiencia al presidente y al personal técnico de la CEDH, incluyendo al entonces procurador de justicia, misma que fue incumplida por el Gobernador de esa época. 

Las joyas negras de la corona de la CEDH en los últimos años son la muerte anticipada del periodista y los agravios a la familia del señor Eduardo Gómez Torres; la tortura y los daños impunes contra Gisela Peraza; el evidente conflicto de interés y el encubrimiento a funcionarios de la CEDH implicados en la defensa del homicida extranjero de la joven Priscila Carolina Hernández Guerra.

Asimismo, la deficiente investigación y la inverosímil conclusión del fallecimiento de María Jesús Llamas Coronado en Guaymas; la renuncia implícita para intervenir de oficio en la defensa y protección de los derechos colectivos de los pueblos y ciudadanos afectados por  la contaminación del rio sonora; el ominoso silencio por el robo histórico cometido contra el fondo de pensionados del ISSSTESON. Perdieron la perspectiva total y completa.

Estos antecedentes se traducen en innegables violaciones contra el derecho a la justicia, a la vida, a la seguridad jurídica, física y patrimonial, a la dignidad y al libre desarrollo de las personas, a la salud, a un medio ambiente sano, a la seguridad social, entre otros.

Dichos asuntos provocaron, como es ampliamente conocido, denuncias y querellas ante la procuraduría de justicia, incluyendo un juicio de responsabilidad política ante el Congreso, pendientes de resolver todos.

En ese sentido, muchos tenemos la legítima preocupación de que en el actual proceso de selección del presidente de la CEDH se repitan la ligereza de criterios de su nombramiento del 2009 o la indiferencia pactada para su ratificación en diciembre del 2013.

Por eso la sugerencia de que los Diputados dimensionen la importancia que representa para una sociedad agobiada por la corrupción, la inseguridad, el abuso de autoridad, los excesos del poder y la impunidad, el respeto pleno y absoluto a los derechos humanos en todos los municipios y regiones del estado.

Nadie podría dudar que la actual legislatura tiene la responsabilidad de cerrar uno de los ciclos más controversiales en la historia de los derechos humanos en sonora.

El primero fue de construcción institucional, después el desarrollo, luego la consolidación y ahora es necesario concluir, por siempre y para siempre, el ciclo crítico actual.

Estamos frente a la posibilidad de iniciar una nueva etapa de reconstrucción y refundación, pero de repetirse el error en el personaje, escribirán entonces el epitafio de la CEDH. 

Salud.

 

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