Corrupción y democracia.

COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y DEMOCRACIA

Héctor Rodríguez Espinoza

Si tu intención es describir la verdad, hazlo con sencillez y la elegancia déjasela al sastre.

Albert Einstein.

I. ¿CÓMO COMBATIR  LA CORRUPCIÓN DESDE LA ACADEMIA?

Me preguntan sobre la vinculación y aplicación útil de la educación e investigación superior con los grandes problemas nacionales. Bien: unainvestigación doctoral aporta un conocimiento jurídico internacional de este problema mundial y nacional -el mayor de los fantasmas que recorre el mundo desde fines de siglo pasado-; el compromiso de México al suscribir la Convención de la ONU para combatirla y –primer paso para su combate-, su incorporación e implementación en el sistema jurídico nacional.

Es un fenómeno que ha acompañado al hombre por siempre. Si bien su dimensión y conceptualización han cambiado a través de la historia, desde antiguo se le ha considerado como un problema. Se describe al cohecho como la segunda actividad más antigua del mundo, no será reducida o erradicada fácilmente. Este flagelo generalizado provoca, simultáneamente, un proceso inverso en la búsqueda afanosa de una moral pública, lo que alguien denominó como el pudor del pueblo.

La corrupción, internacional y nacional; los obstáculos para su combate y sus avances regionales en América, Europa, Asia y África mediante reuniones de Jefes de Estado y de Gobierno, ha generado un acervo crítico. Y para que las innovaciones y reformas desarrollen raíces fuertes, el papel de la ética en el servicio público, y la sensibilidad y respeto por las necesidades del ciudadano, no se pueden ignorar.

La Convención es fruto de tres años de esfuerzo por 129 países, refleja un consenso sobre la necesidad de crear un sistema legal internacional para combatirla, firmada en Mérida, México, del 9 al 11 de diciembre del 2003. Nuestro país la firmó el día 9 y la ratificó el 2 de julio de 2004.

Dos décadas atrás, un esfuerzo similar en la ONU se desmoronó frente a amargas recriminaciones entre los países en vías de desarrollo y los industrializados. Se culpaban mutuamente de difundirla y se rehusaban a reconocer una responsabilidad conjunta para combatirla. Los líderes mundiales en Mérida se sintieron orgullosos de obtener algo que resultó imposible en los años 80.

Es uno de los mayores obstáculos para el desarrollo y dado su carácter mundial, es imperativo tomar acción bajo esta Convención, que ofrece un marco integral para abordar el soborno y otras formas de transferencias criminales de dinero y transacciones ilícitas a nivel nacional y en el extranjero, en el sector público como en el privado, y formas de asistencia técnica e intercambio de información.

La Convención suple la insuficiencia de dos de las herramientas fundamentales para combatirla: la asistencia legal mutua y la repatriación de fondos enviados al exterior por funcionarios corruptos. Prohíbe la extorsión por funcionarios públicos, que complementa el esfuerzo de la Convención de la OCDE de 1997, que hace ilegal que compañías de países signatarios sobornen a funcionarios públicos en el extranjero.

Necesita incorporarse e implementarse, deber internacional que se multiplica por el gran número de Estados Parte, por la diversidad de sus sistemas y capacidades legales y su amplio espectro. Teniendo gran potencial para reducir la corrupción, no posee un imprescindible proceso de seguimiento y control para asegurar que, incorporada en los órdenes jurídicos nacionales, sea eficazmente implementada. No abordarlo, o postergar su consideración por varios años, es su deficiencia más seria.

Se requerirá un tiempo adicional considerable para alcanzar un acuerdo respecto a su plena implementación. Si países escandinavos cuyos índices de transparencia y democracia son envidiables, ¿por qué debemos de resignarnos a hacer de nuestra corrupción criolla un triste destino o fatalidad o recurrir al auto escarnio?

II. ¿CUÁLES SON LAS RECOMENDACIONES, PARA EVITAR LA SIMULACIÓN?

Considerando

- que los ejemplos internacionales clarifican que la corrupción no puede resolverse con recetas que apuesten a un factor único; que se debe comenzar desde la reforma democrática representativa de todos los sectores sociales, equipada para combatirla;

- que el concepto democrático no puede reducirse sólo a elecciones y el ciudadano ser rehén en el inter; que falta acentuar la participación ciudadana, la publicidad de los asuntos públicos, la deliberación, la rendición de cuentas horizontal (ante otros poderes y órganos constitucionales autónomos) y social (ONGs, protección de intereses colectivos y difusos y la movilización social), contrarrestar el poder de los actores reales para que no se excluyan del Derecho y democratizar a los partidos;

- que la educación es un proceso que preserva, transmite y recrea una cultura común -conocimientos y creencias, ideales y normas, hábitos y destrezas-, que se justifica desde el modelo argumentativo y democrático cuando se favorece la formación y el ejercicio de la autonomía personal; el fortalecimiento de la dignidad humana; y el trato igualitario de los individuos desde la niñez*, a través de la no discriminación o de la diferenciación en virtud de rasgos distintivos;

- que una educación justificada de acuerdo con tales principios sólo tiene cabida en una sociedad donde la autoridad educacional esté distribuida de manera que participen activamente los ciudadanos en el diseño de sus políticas como en los contenidos curriculares; que la virtud democrática significa debatir públicamente los problemas educativos y participar en una consciente reproducción social de los valores como la responsabilidad, la tolerancia y la solidaridad, que no se adquieren en la edad adulta, sino que se inicia desde niños;

- que en México el sistema educativo oficial, especialmente el masivo, el que encuadra al grueso de los jóvenes que provienen de las clases populares, es tan ineficaz para trasmitir los conocimientos que son su supuesta razón de ser -en parte por falta de recursos y en parte por irresponsabilidad y corrupción- que en la práctica forma a jóvenes que salen sin la preparación que les permita su ascenso social; y en un escenario de falta de empleo y de un crecimiento económico que de raquítico pasó a ser un decrecimiento espectacular;

- que en 2005 México tuvo un gasto anual por estudiante en todos los niveles de 2,405 dólares, apenas un tercio de la media de los países de la OCDE y que el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica no se encuentra a la altura de los problemas educativos del país, se formulan las siguientes:

III. RECOMENDACIONES

1°. Colocar la corrupción y el buen gobierno como prioridad en el debate público internacional y en la agenda política del país y de las Universidades, que deben investigarla y enseñarla, así como de los medios de comunicación.

2°. Transformar el sistema educativo, que pase por una verdadera carrera magisterial que, con rigor relativo a los méritos, otorgue plazas, mejoras salariales, estímulos y prestaciones, que vinculen su trayectoria profesional con su desempeño pedagógico con base en la enseñanza-aprendizaje de la cultura de la legalidad y la anticorrupción. Nuestro paradigma debe ser el de los países escandinavos que lideran los índices de baja corrupción. Sus gobiernos son muy activos, tienen los mayores niveles de presión fiscal, el estado representa un porcentaje considerable del producto bruto y una amplísima red social. Todo favorece la equidad, que facilita el empoderamiento de todos los sectores de la población y resta espacio a la motivación y oportunidad para prácticas corruptas.

3°. Retomar los precarios avances de la reciente estrategia de reforma del estado, premisa básica para combatir los altos niveles de delincuencia organizada y de su corrupción; sólo puede ser factible y sostenible cuando los estados no gozan de niveles aceptables de gobernabilidad en donde existen alianzas tácitas y/o explícitas de apoyos entre actores políticos, empresas privadas y empresas criminales. Es necesario implementarla de forma integral, a través de un pacto político que limite la factibilidad de que aquella delincuencia infiltre al sistema a través de canales de corrupción.

4°. Desaparecer la Secretarías de la Función Pública, como propuso el presidente Felipe Calderón, pero que permanece en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2010.

5°. Crear un Organismo público, órgano del Estado, como Comisión Nacional, Procuraduría, Fiscalía o Agencia anticorrupción independiente, autónoma (apartada del control político), ciudadanizado, con capacidad de prevenir y promover investigaciones, procesamientos de causas penales ligadas a personas físicas y jurídicas, consensuada entre el gobierno y la oposición, para reforzar a los órganos tradicionales y sistemas constitucionales de control.

El poder judicial federal y el de cada una de las entidades federativas deberían participar con las fiscalías en la planificación y programación de implementación de las políticas criminales contra la corrupción, delincuencia organizada, asociaciones delictuosas y lavado de dinero.

6°. Reformar las atribuciones y publicidad de la Auditoría General de la Federación, como control interno de la administración pública, con el fin de tener sistemas de rendición de cuentas satisfactorios en el Gobierno Federal; que modifique su marco normativo, que se fortalezca, mejore sus funciones y sea independiente de influencias políticas que restrinjan el alcance de su desempeño; audite libremente a la Cámara de Diputados, su superior jerárquico. Arturo González de Aragón declaró que en sus siete años como titular de la ASF había interpuesto 24 denuncias penales por corrupción y “ninguna ha sido resuelta por la PGR.”

7°. Que los 5 comisionados del IFAI sean nombrados por el Legislativo e incluir como obligados directos a su información a partidos, organizaciones empresariales, sindicatos, iglesias y al aparato del Estado, todos los órganos de composición colegiada del Estado y en todos los niveles a la plena publicidad.

8°. Un servicio civil de carrera profesional imparcial, cuyos acceso, permanencia y ascensos se den en transparencia y equidad en la selección y compensación.

9°. Fomentar la participación de la sociedad civil en combatir la corrupción y, con base en Códigos de conducta de los organismos públicos, ampliar el régimen de incompatibilidades y registro de intereses, en posible conflicto, de sus miembros y de los altos cargos y directivos de empresas públicas y organismos de control que realice un órgano independiente del gobierno, así como proteger a los denunciantes; combatir la cultura de la opacidad.

10°. Vencer las dificultades para insertarse en la cooperación internacional anticorrupción.

Debaemos ver una voluntad real de combatir esa corrupción y delincuencia global. Si no se rompen las barreras entre los gobiernos, hablar de eso no tiene sentido. Hay que darse cuenta que estos fenómenos tocan a todos los países.

11°. Publicar en el Diario y Boletines Oficiales las declaraciones de actividades y bienes de los altos cargos, salvaguardando datos que afecten su seguridad.

IV. FIN

Me dicen colegas de la academia –con no pocos motivos, parte de razón histórica antigua e invocando la condición humana- que el problema de la corrupción es de una solución utópica. Les respondo con las palabras del humanista y universitario Pablo Latapí Sarre:

 “Estoy convencido de que hay que seguir trabajando con fe en lo que queremos, lo que nos corresponde a todos; para eso es la vida, para construir esperanza, tender puentes hacia un futuro mejor, sembrar alegría; se construye esperanza invocando nuestras utopías y trabajando tenazmente para realizarlas, hasta el último día de nuestra vida”.

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