La jueza en funciones Blanca Diva Ponce Caro presentó su renuncia al Poder Judicial de Sonora luego de la controversia generada por su afiliación y participación dentro de Morena Sonora, situación que también derivó en su separación de un cargo partidista en Ciudad Obregón.

La polémica surgió después de que Ponce Caro fuera nombrada secretaria de la sección 899 de Morena en Ciudad Obregón, pese a desempeñarse al mismo tiempo como jueza en funciones, lo que provocó cuestionamientos sobre una posible violación a la normatividad vigente y a la independencia judicial.

Ante ello, Morena Sonora informó que la funcionaria fue relevada del cargo partidista al reconocer que su responsabilidad administrativa dentro del Poder Judicial es incompatible con actividades al interior de partidos políticos.

En un posicionamiento oficial, el partido señaló que, aunque los comités seccionales forman parte de la organización territorial y no representan cargos remunerados, se decidió actuar conforme a sus principios y reglamentos internos.

“La determinación responde a los cuestionamientos públicos sobre la compatibilidad del cargo partidista con la función judicial”, indicó Morena Sonora, al recordar que la Constitución Política del Estado de Sonora prohíbe a jueces desempeñar otros cargos, empleos o comisiones.

Además, el partido anunció que Blanca Diva Ponce Caro será dada de baja del padrón de militantes ante la autoridad electoral correspondiente.

Según explicó Morena, la afiliación de la jueza ocurrió en el marco del programa “Súmate, somos millones”, una estrategia de crecimiento territorial mediante visitas casa por casa.

El espacio que ocupaba dentro de la estructura partidista será asumido por Georgina López Zepeda, quien obtuvo el tercer lugar en el proceso interno de elección de la sección 899.

Horas después del anuncio de Morena, Blanca Diva Ponce Caro también presentó formalmente su renuncia al cargo de jueza.

En una carta dirigida al Poder Judicial de Sonora, señaló que su decisión busca “evitar interpretaciones y señalamientos derivados de mi participación en actividades partidistas”.

El caso generó debate público debido a las restricciones legales que buscan garantizar la imparcialidad e independencia del Poder Judicial frente a cualquier vínculo político-partidista.

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