La Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) ha tenido que matizar y aclarar su versión inicial sobre un accidente vial ocurrido el 18 de abril de 2026 en la Sierra Tarahumara (municipio de Morelos/Guachochi), donde murieron cuatro personas: dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) —el director regional Pedro Román Oseguera Cervantes y su escolta Manuel Genaro Méndez Montes— y dos instructores oficiales de la Embajada de Estados Unidos.
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¿Qué pasó según la versión más reciente de la Fiscalía?El operativo (17-18 de abril) desmanteló un gran narcolaboratorio (posiblemente uno de los más grandes localizados, con varios laboratorios en un terreno amplio) atribuido presuntamente al Cártel de Sinaloa. Participaron alrededor de 40-80 elementos de la AEI y la Sedena; no hubo intervención directa de agentes extranjeros, como lo establece la ley mexicana.
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Los dos estadounidenses (descritos como instructores de la Embajada, posiblemente en manejo de drones y tácticas) se encontraban en una comunidad distinta (Polanco), a 8-9 horas del sitio del operativo, impartiendo un curso de capacitación a personal de la Fiscalía estatal.
En el camino de regreso, el convoy de la AEI (5 vehículos) se encontró con ellos. Los instructores pidieron que los trasladaran hacia Chihuahua (tenían un vuelo programado). Horas después, alrededor de las 2 a.m., el vehículo en el que viajaban derrapó, cayó a un barranco y explotó.
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El fiscal general, César Gustavo Jáuregui Moreno, insistió en que no participaron en el operativo y dio la razón a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien había señalado que el Gobierno federal no fue notificado porque no había conocimiento de presencia operativa de extranjeros. “Ella tiene razón, jamás se informó que hubiera participación de agentes norteamericanos en el operativo, porque no había agentes norteamericanos en el operativo”, declaró.
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¿Por qué “se enreda” la Fiscalía?En las primeras declaraciones (domingo 19 de abril), la Fiscalía mencionó que los estadounidenses “se encontraban haciendo labores de entrenamiento” en el marco de un intercambio habitual y que el accidente ocurrió tras regresar del operativo, lo que generó la percepción de que iban en el mismo convoy operativo.
Esto provocó cuestionamientos de la Presidencia: Sheinbaum indicó que el operativo fue decisión estatal, que el Gobierno federal desconocía la presencia de personal de la Embajada y que se revisaría si hubo violación a la Ley de Seguridad Nacional (que regula la participación de agentes extranjeros en tareas de seguridad).
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La rectificación del lunes 20 de abril busca aclarar que fue un encuentro fortuito en ruta y que los instructores no formaban parte del despliegue contra el narcolaboratorio.
El caso ya fue turnado a la Fiscalía General de la República (FGR) por ser asunto federal. La Embajada de EE.UU. (a través del embajador Ronald Johnson) lamentó las muertes y las describió como personal de la Embajada; algunos reportes iniciales especularon que podrían ser de la DEA, pero las autoridades mexicanas los llaman “instructores”.
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Contexto. Este tipo de capacitaciones (drones, inteligencia, etc.) forman parte de la cooperación bilateral en seguridad entre México y EE.UU., pero la ley mexicana prohíbe que agentes extranjeros participen directamente en operativos policiales sin autorización federal. El incidente ha generado polémica por la coordinación entre niveles de gobierno y la percepción inicial de “operativo conjunto”. La investigación sigue en curso para determinar las causas exactas del accidente (condiciones de la carretera serrana, visibilidad nocturna, etc.). Las versiones han evolucionado para evitar malentendidos sobre soberanía y protocolos de cooperación.