La asociación civil Movimiento 5 de Junio exigió una investigación “científica, exhaustiva y transparente” tras el fallecimiento de la niña Leyna Victoria al interior del Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (CADI) del DIF Municipal en Guaymas, al considerar que el caso no puede reducirse a versiones preliminares o comunicados oficiales.
A través de un posicionamiento dirigido a medios de comunicación y a la opinión pública, integrantes del movimiento señalaron que la muerte de la menor representa una “alerta roja” sobre las condiciones de supervisión y cumplimiento normativo en espacios destinados al cuidado infantil en Sonora.
“La comunidad sonorense se encuentra nuevamente de luto. El fallecimiento de la niña no solo es una tragedia humana indescriptible que desgarra a una familia, sino que representa una alerta roja sobre las condiciones de supervisión y cumplimiento normativo en los espacios destinados al cuidado y desarrollo integral de nuestras infancias más tempranas”, expresaron.
El colectivo, integrado por madres y padres de víctimas del incendio de la Guardería ABC, así como defensores de derechos humanos, cuestionó la postura pública asumida por la dirección del CADI de Guaymas, luego de que se negara de manera anticipada que la menor hubiera caído de una cuna, así como el actuar bajo protocolos de primeros auxilios por parte del personal.
“Los deslindes mediáticos emitidos y la muy aparente inacción de autoridades no sustituyen, ni frenan, ni condicionan la aplicación estricta de las leyes vigentes”, compartieron en el documento.
Asimismo, señalaron que la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, conocida también como “Ley 5 de Junio”, contempla la suspensión temporal de un centro infantil en casos donde exista pérdida de la vida o lesiones graves de una niña o niño, mientras se deslindan responsabilidades.
“El CADI sigue prestando el servicio poniendo en riesgo la integridad del resto de niñas y niños usuarios. Es indignante la tibieza con la que se ha manejado el caso, minimizándolo a un lamentable accidente”, indicaron.
En el posicionamiento también recordaron que el Código Penal de Sonora contempla penas de hasta 20 años de prisión cuando una persona menor pierde la vida en guarderías, estancias infantiles o centros de desarrollo derivado de lesiones culposas.
Movimiento 5 de Junio advirtió que cada omisión institucional o intento de encubrimiento administrativo “fractura el tejido social” y vulnera el principio del interés superior de la niñez, por lo que exigieron que las investigaciones se realicen sin influyentismo ni distinción de cargos o afinidades políticas.
