La Barra Sonorense de Abogados encendió el debate sobre el funcionamiento del sistema de procuración de justicia en la entidad al enviar una carta al fiscal general del estado, Gustavo Rómulo Salas Chávez, en la que expone diversas problemáticas detectadas por sus agremiados y plantea una serie de propuestas para mejorar la atención de los casos penales.
Entre las principales preocupaciones señaladas por el organismo se encuentra la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias, como los acuerdos reparatorios, la suspensión condicional del proceso y los procedimientos abreviados.
De acuerdo con la Barra Sonorense de Abogados, existe una percepción de que estos instrumentos enfrentan obstáculos dentro de la Fiscalía, lo que retrasa la resolución de asuntos y contribuye a la saturación del sistema judicial.
La agrupación propuso la emisión de acuerdos generales que definan con claridad los criterios institucionales y los procedimientos internos para facilitar el uso de estas herramientas, con el objetivo de brindar mayor certeza jurídica y reducir espacios para posibles actos de corrupción.
Falta personal y recursos materiales
Otro de los temas expuestos fue la insuficiencia de personal y recursos materiales en las unidades de investigación, particularmente en Hermosillo.
La Barra señaló que la constante rotación de agentes del Ministerio Público y la elevada carga de trabajo generan retrasos en las investigaciones y afectan el acceso oportuno a la justicia.
Asimismo, advirtió sobre el uso recurrente de la prisión preventiva justificada como medida cautelar en diversos casos, una práctica que, a su juicio, puede resultar excesiva y contribuir a la saturación tanto de los juzgados como de los centros penitenciarios.
En materia pericial, los abogados señalaron retrasos importantes en la elaboración de dictámenes, especialmente en áreas como psicología, medicina e ingeniería, situación que atribuyen a la falta de personal especializado. Por ello, solicitaron mayores recursos presupuestales para fortalecer estas áreas.
La Barra también hizo referencia a los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025, los cuales reflejan preocupaciones ciudadanas relacionadas con la corrupción y los niveles de confianza en las instituciones encargadas de procurar justicia.
Barra Sonorense de Abogados denuncia crisis en impartición de justicia by Noticias Proyecto Puente
Rechaza Fiscalía señalamientos
Ante estos señalamientos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora emitió una respuesta en la que reiteró su disposición al diálogo institucional y rechazó que exista una política orientada a restringir los mecanismos alternativos de solución de controversias o las formas anticipadas de terminación del proceso penal.
“La aplicación de estos mecanismos se determina caso por caso, conforme a la ley, los derechos de las víctimas y las circunstancias particulares de cada asunto”, señaló la institución.
Como respaldo, la dependencia informó que entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025 se concretaron más de mil 500 acuerdos reparatorios y más de mil 400 procedimientos abreviados.
La Fiscalía sostuvo además que Sonora ha dejado atrás prácticas que durante años fueron percibidas como una “puerta giratoria”, donde personas detenidas recuperaban su libertad sin una adecuada valoración de riesgos.
“Hoy, la actuación de la Fiscalía se rige por criterios de legalidad, evidencia y protección de las víctimas, sin privilegios ni tratamientos diferenciados”, afirmó.
Sin embargo, reconoce retos
Respecto a las críticas sobre la capacidad operativa, la institución reconoció los retos derivados del incremento de denuncias y de la complejidad de los fenómenos delictivos, aunque destacó avances en sus resultados.
Según informó, durante el mismo periodo se registró un aumento del 20 por ciento en el cumplimiento de órdenes de aprehensión y se alcanzó una cifra histórica de 22 mil 213 asuntos judicializados.
Sobre las medidas cautelares, la Fiscalía aseguró que cada solicitud realizada por el Ministerio Público se sustenta en una valoración individualizada de los riesgos procesales, la protección de las víctimas y los elementos de prueba disponibles, correspondiendo a los jueces determinar su procedencia.
También hay coincidencias
Finalmente, la dependencia coincidió en la necesidad de fortalecer los servicios periciales, la profesionalización del personal, la transparencia institucional y los mecanismos de rendición de cuentas, al considerar que la mejora continua forma parte de las obligaciones permanentes del servicio público.
El intercambio de posturas abre una nueva discusión sobre los retos que enfrenta el sistema de justicia en Sonora, en un contexto donde abogados, autoridades y ciudadanía coinciden en la necesidad de fortalecer la confianza y la eficacia de las instituciones encargadas de garantizar el acceso a la justicia.
