El director jurídico del gobierno del Estado dijo que se utilizarán distintas vías para hacer ver a los dueños de negocios que mantener abierto durante la contingencia pone en riesgo la salud pública, y de no acatar la petición se procedería al cierre obligado o arresto.
“Una primera fase es que administrativamente puedan estar atendiendo esas situaciones las autoridades de primer contacto, Coessprison, Salud, Secretaría del Trabajo, todas las autoridades que tienen que ver en ese sentido, pero si por alguna razón no empiezan a acatar circunstancias, podrán auxiliarse de la fuerza pública”, explicó.
Comentó que sería en un caso extremo, pero que se apuesta a la buena voluntad de los particulares para hacer cumplir dicho decreto en el plazo de 72 horas a partir del pasado miércoles.
