La percepción de la ciudadanía hacia el desempeño de la presente administración municipal, es cada vez más negativa, y las principales deficiencias que señalan están en la obra pública productiva, los servicios básicos y la seguridad.

De acuerdo con los datos oficiales, a dos años de que Sara Valle Dessens asumiera la alcaldía de este municipio, se han ejecutado 86 obras públicas, con una inversión de 89 millones 617 mil, 758 pesos.

La obra más significativa de las mencionadas, ha sido la pavimentación con concreto hidráulico en la avenida 6, misma que ya ha sido cuestionada desde que la dirección de Infraestructura Urbana y Ecología falló a favor de la empresa que ofrecía el precio más alto, y posteriormente, por la baja calidad en su construcción, y la segunda etapa, aún en curso, ya presenta problemas de cuarteaduras en las lozas.

De igual manera, no se ha logrado aterrizar el recurso para reparar el Malecón Turístico de Guaymas, cuya plancha sufrió severos daños con la tormenta tropical “Sergio” en septiembre de 2018.

En los días posteriores al fenómeno, se solicitó por medio del Fonden, una suma de alrededor de 16 millones de pesos para la reconstrucción, pero esta aun no ha llegado, y el lugar, antes de recreo familiar y turístico, ha quedado sin la misma concurrencia ni alegría de años anteriores.

En el rubro de los servicios públicos, aparte de la distribución del agua, (que corresponde al Gobierno del Estado) el alumbrado ha sido la principal queja de los guaymenses, y Valle Dessens, en su primer informe, realizado en septiembre de 2019, dijo que recibió el cargo con un 65% de iluminación y que durante ese año, había logrado iluminar el 92% del municipio, pero cuando los ciudadanos externaron sus opiniones, estas fueron entre la indignación y la risa, ya que sostuvieron y aún sostienen que es una mentira, y que por el contrario, retiró lámparas en buen estado dejando a oscuras muchos sectores.

Durante ese tiempo, el diputado local Rodolfo Lizárraga Arellano “entró al quite” atendiendo llamados de vecinos para instalar luminarias nuevas, y su programa, que resultó exitoso dentro de las posibilidades del legislador, fue motivo de discordia, hasta que en octubre de 2019, la dirección de Tránsito aseguró la grúa y detuvo a varios empleados mientras laboraban en la colonia Las Golondrinas, con el argumento de que habían recibido un reporte de que dicho vehículo y el diputado, se robaban las lámparas.

Después de resolverse el asunto, Lizárraga Arellano continuó trabajando en la instalación, pese a las diferencias con la primera autoridad de Guaymas, a quien pocos ciudadanos han calificado de hacer un buen trabajo en lo referente a iluminación.

A pocos días de rendir su Segundo Informe de Gobierno, el tema volvió a ser el mismo, cuando vía redes sociales, el Ayuntamiento publicó que durante el presente ejercicio fiscal lograron instalar 12 mil 360 luminarias, rebasando la meta establecida en el Plan Municipal de Desarrollo, que planteaba 9 mil.

De la misma manera que en el informe anterior, la Comuna sostiene lo siguiente: “Resolvimos el problema de la recolección de basura que afectaba a los guaymenses, derivado de los problemas de la administración pasada”.

Si bien, la empresa recolectora PASA llegó a un acuerdo en 2018 de volver a prestar el servicio a pesar del adeudo que dejó la administración de Lorenzo De Cima Dworak, ha trabajado de manera parcial, y además de las quejas que diariamente hacen los ciudadanos a los medios informativos locales, también los propios funcionarios de primer nivel han admitido las deficiencias.

El titular de Servicios Públicos Municipales, Brandon Ibarra Velarde, afirmó en meses recientes que “Hay que estar sobre ellos para que cumplan”, su antecesora, Marisela Zataraín Álvarez, declaró en más de una ocasión que tenía “Que arriar a los de PASA”, y hasta la tesorera Célida Botello Navarro, dijo en una comparecencia ante el cabildo que “Hay que pagarle a PASA aunque no pase”.

Cabe mencionar que el pasado mes de mayo, el Ayuntamiento decidió cambiar el destino de casi dos millones de pesos que estaban presupuestados para la Dirección de Servicios Públicos, sin que se ofreciera una justificación legal para dicha acción, y aun así, el pleno aprobó por mayoría, las transferencias monetarias a las direcciones de Obras Públicas, Deporte y Desarrollo Económico y Turístico.

En el tema de la seguridad pública, todas las acciones fueron ejercidas con alrededor de 36 millones provenientes del subsidio federal Fortaseg (19 millones de 2020 y 17 millones en 2019).

Este rubro no estuvo exento de cuestionamientos por malos manejos, mismos que fueron observados y señalados en varias ocasiones por los regidores, pero todo plan del Ayuntamiento, siguió en marcha. Como ejemplo está el proceso de ascensos 2020 en el que se favoreció a elementos que no cumplían con los requisitos, y en algunos casos, presentaron conductas inapropiadas, y al final, la Comisión de Honor decidió eliminar el examen físico para que ninguno de los elegidos reprobara, pero el argumento oficial fue la contingencia sanitaria (aunque ninguno de los seleccionados tuvo Covid 19).

La presidenta insistió -muchas veces sin que se le preguntara-, estar muy contenta, ya que esta fue la primera ocasión en que un proceso se daba de manera honesta y transparente, remarcando siempre que la corrupción y el tráfico de influencias eran el sello de las administraciones que precedieron a su mandato.

Martín Ríos Quintero, Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores del Ayuntamiento de Guaymas (SUTSAG), manifestó que este gobierno ha tenido un desprecio marcado hacia el trabajador sindicalizado, negándoles reconocimientos consagrados en la Ley Federal del Trabajo.

“El derecho de ser sindicalizado es universal, ¿Cómo puede ser posible que un gobierno municipal niegue a un trabajador el reconocimiento a decirle si es sindicalizado o no cuando el propio derecho lo tiene el sindicato, de decidir quiénes son sus miembros?, ahí es totalmente malo el trato que hemos recibido, hay abusos que ha impuesto y quiere seguir imponiendo”, dijo.

Como se recordará, en diciembre de 2019, sin una plática previa ni aviso, el municipio se negó a pagarles el aguinaldo completo, y al mismo tiempo publicaban en páginas oficiales que lo habían hecho en tiempo y forma.

Esa fue la primera diferencia documentada, y en enero de 2020, cuando descubrieron que no habían pagado a 42 empleados y preguntaron el motivo, la respuesta fue que estos no estaban reconocidos como sindicalizados (y el Sutsag tenía pruebas de que fueron agremiados al en el último año de la administración anterior).

Posteriormente ocurrieron otros altercados, el más conocido tuvo lugar en mayo de 2019, durante el desfile del Día del Trabajo. Esa mañana, la alcaldesa, acompañada por un contingente de funcionarios y líderes de barrio, se sumaron al desfile sin haber sido invitados y ordenaron previamente a los líderes gritar consignas contra los trabajadores; a partir de entonces, la relación se volvió más difícil.

“No hemos podido tener una administración que sea amigable y respetuosa con los derechos de los trabajadores, como ejemplo está el despido de las compañeras que sacaron de Servicios Públicos, el desfile del primero de mayo, en que fuimos atacados por un grupo de personas que se prestan a esos relajos, porque ellos distorsionaron el desfile al lanzar insultos y consignas, a ella nadie la invitó, fue una falta de respeto no solo para nosotros, fue para todos los sindicatos que participaron, hay evidencias de que la alcaldesa se estaba burlando, pero cuando le preguntaron al siguiente día dijo que no, tal vez ella cree que por decir una mentira diez veces, se va a convertir en verdad, pero no es así”, apuntó Ríos Quintero.

Hasta hoy, el SUTSAG tiene pendientes varios procesos legales en contra del municipio, entre estos: el reconocimiento a 42 miembros, retenciones ilegales del Impuesto sobre la renta (incluyendo a jubilados), irregularidades en sus declaraciones ante Hacienda, despidos injustificados a compañeros, entre otros asuntos en espera de resolución judicial.

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